Gustavo Diaz Ordaz

El Presidente licenciado Gustavo Díaz Ordaz, nombró Procurador General de la República al licenciado Antonio Rocha, primer subprocurador al licenciado Fausto Acosta, y al Licenciado David Franco Rodríguez segundo subprocurador.

Al frente de la Dirección General de Averiguaciones Previas quedó el licenciado Manuel Rosales Miranda, y como Jefe de la Policía Judicial federal el Gral. Ramón Jiménez Delgado.

Más tarde, por medio de un acuerdo fechado el 17 de febrero de 1967, el Presidente designó como subprocurador Primer Substituto al licenciado Julio Sánchez Vargas, carácter con el cual se encargó del despacho de la institución, en virtud de que el licenciado Antonio Rocha Cordero fue nominado candidato a la gubernatura del Estado de San Luis Potosí.

El 21 de febrero de 1968, por acuerdo presidencial, el licenciado Julio Sánchez Vargas fue nombrado Procurador General de la República. Asimismo los licenciados David Franco Rodríguez y Manuel Rosales Miranda fueron investidos con los cargos de primero y segundo Subprocuradores, respectivamente, y al licenciado Fernando Narváez Angulo se le designó Director General de Averiguaciones Previas y Jefe de la Oficina Central de Interpol, a partir del 2 de mayo de 1968.

1. Asuntos agrarios

Una de las primera medidas tomadas por esta administración para protección de los trabajadores del campo, fue la creación de una oficina, dependiente de la Dirección General de Averiguaciones Previas, integrada por agentes del Ministerio Público Federal especializados en materia agraria, con objeto de atender sus problemas jurídicos.

La creación de esta oficina se originó en la preocupación del ejecutivo para evitar que los conflictos del campo repercutieran en la producción rural.

La actividad prioritaria de este organismo consistió en requerir a las autoridades que intervienen en la aplicación de la Ley Agraria, para que atendiesen con la debida prontitud los asuntos agrarios y forestales.

Sólo en casos excepcionales se procedió mediante el ejercicio de la acción penal. En la mayoría de los casos se trató de acudir al convenio, y a la asesoría de los interesados para la resolución de sus problemas. En esta forma se resolvieron las invasiones de pequeñas propiedades por ejidatarios, la invasión de ejidos por particulares, el despojo de parcelas por parte de los comisariados ejidales, la invasión de terrenos ejidales por ejidatarios y el “paracaidismo”.

Desde los días iniciales de organización de la Oficina de Asuntos Agrarios y del establecimiento de las primeras Agencias Federales especializadas en la materia, el Procurador General de la República advirtió que: “conforme al postulado agrarista del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, dentro de las atribuciones de la institución en estudio, se precisa atender en forma honesta y eficaz las quejas y denuncias que presenten los productores rurales”. A tal efecto se crearon agencias especiales en las principales regiones donde ocurren conflictos agrarios. Previamente a esta transformación administrativa, se procedió a formular una estadística judicial prestando la debida atención a datos proporcionados por la Suprema Corte de Justicia, Agencias del Ministerio Público Federal, y Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.

2. Campaña contra la deforestación

Durante el sexenio 1964-1970 se puso particular énfasis en la campaña contra la explotación ilegal de los bosques, realizándose diversas acciones para combatir la destrucción de la riqueza forestal del país.101

3. Protección del patrimonio histórico y artístico

La protección del patrimonio histórico y artístico del país ha sido una tarea importante de la Procuraduría General de la República. En distintas administraciones se observa el interés por mantener acciones efectivas en contra de actos delictuosos que pudieran afectar este patrimonio, particularmente en lo relativo a piezas o monumentos arqueológicos. En el año de 1965, el 7 de agosto, se expidió una circular en la que se instruía al Ministerio Público sobre las averiguaciones previas en esta materia.102

4 Conflicto médico

La Procuraduría General de la República no intervino directamente en el conflicto médico que se suscitó a principios de 1965. Sin embargo, en boletín de 15 de enero del mismo año, el Procurador se refirió a este conflicto invitando a las partes —médicos y autoridades— a que, renunciando a toda medida coactiva, realizaran un esfuerzo que permitiera un acuerdo satisfactorio y demostrara la buena voluntad y el patriotismo de quienes estaban involucrados en este asunto.103

5. Caso “Los hijos de Sánchez”

El 11 de febrero de 1965, la junta directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, presentó una denuncia acusando al escritor norteamericano Oscar Lewis de haber escrito un libro obsceno y denigrante para nuestro país, intitulado “Los Hijos de Sánchez”, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el mes de agosto de 1964. Se tachó al autor de emplear un lenguaje soez y obsceno, describir escenas impúdicas, y emitir opiniones calumniosas, difamatorias y denigrantes contra el pueblo y el gobierno de México. La Procuraduría General de la República estudió el caso, y en un dictamen formulado por el Procurador General, dentro de la averiguación previa No. 331/965 que se abrió con motivo de la denuncia indicada, se resolvió confirmar la resolución dictada el 29 de marzo de ese mismo año por el Director General de Averiguaciones Previas, en que declaraba no haber delito que perseguir. El Ministerio Público se abstuvo en definitiva de ejercitar acción penal en dicha averiguación previa.104

6. Caso Merino

En relación al caso del ingeniero Jaime J. Merino que atrajo considerablemente el interés de la opinión pública, la Procuraduría General de la República dio a conocer el 24 de marzo de 1965 un comunicado en el que refería que la solicitud de extradición, formulada el 2 de marzo de 1960 por la Procuraduría General de la República a las autoridades judiciales federales de Estados Unidos, fue denegada. Estimaban éstas que la petición mexicana estaba legalmente fundada, pero dado que la decisión final en estos casos no correspondía a los tribunales sino al Poder Ejecutivo, la apreciación del Secretario de Estado norteamericano para negar la extradición, resultaba definitiva105 el narcotráfico

Durante muchos años y ocupando un lugar destacado en las labores de la Procuraduría General de la República se han realizado acciones en contra del narcotráfico. En 1965 México presentó un amplio informe ante la Comisión Internacional de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, en cumplimiento de los tratados

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