Gustavo Noboa

Noboa recibió el apoyo de las principales cámaras económicas y empresariales del país y continuó con lo que él consideraba reformas estructurales y modernizadoras. Mientras tanto el Congreso con el apoyo de los partidos: DP, PSC y FRA, aprobaba “La Ley para la Transformación Económica del Ecuador” Trole I, popularmente conocida como “ley trolebús”, urgida por el Gobierno de Estados Unidos y el FMI. El texto jurídico posibilitó dos grandes transformaciones: la adopción del dólar y la venta de las empresas del Estado. La Trole I legalizó el dólar como moneda de circulación en convivencia con el sucre por un período de seis meses, a cuyo término, el 9 de septiembre de 2000, se produjo la desaparición de la moneda local tras 116 años de existencia y su sustitución por la divisa estadounidense. La Trole I introdujo además el “trabajo por horas” y la “unificación salarial”. La ley Trole II fue elaborada por el CONAM fue presentada al Congreso Nacional, con carácter de urgencia económica y reformó a 31 cuerpos de leyes de diferente carácter; económico, social, financiero, técnico y laboral. Varios grupos sociales y aún empresariales la tildaron de inconstitucional y propusieron un Recurso de Amparo Constitucional, por violación expresa al Art. 148 de la Constitución, que dispone que: "Los Proyectos de Ley deban referirse a una sola materia". Para el Gobierno, la Ley Trole II tenía como propósito promover los cambios indispensables para la Modernización del Estado a través de un nuevo ordenamiento jurídico, que permitía lograr la reactivación de la economía nacional. Pero tanto la Trole I y al II eran compromisos que el gobierno cumplía con los organismos internacionales de crédito; Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de desarrollo, entre otros. Los objetivos eran: Estimular la voluntad de los inversionistas privados para efectuar inversiones en beneficio de los sectores de poder económico y político. Incentivar las privatizaciones, fortalecer el mercado de capitales para favorecer a los sectores financiero y bancario y hacer cambios en las relaciones laborales. La soberanía y los intereses del país se vieron afectados porque la Ley no le permitía determinar al Estado sobre qué área se estaba entregando la concesión, -en el caso de las mineras- si era una zona de fragilidad ambiental o social. Este marco jurídico dio apertura y facilitó el trabajo de las mineras extranjeras incluso se declaró a la minería a gran escala como prioridad nacional. También fue el gobierno de Noboa el que expidió la “Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana”, que pretendió cambiar el concepto de lo que ha de entenderse como remuneración para efectos de las indemnizaciones, fijar topes al reparto de utilidades, limitar indemnizaciones, afectar los contratos colectivos, regular huelgas, facilitar despidos y aún introducir el concepto

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