Hidalgo

LA ÉPOCA

Capitulo I

Vida, pensamiento y acción de don Miguel Hidalgo muestran con clara y completa evidencia. Para entender a Hidalgo, es menester considerarlo en función de la circunstancia en la que vivió y desarrollo su obra fecundada.

La vida de don Miguel Hidalgo (1753-1811) época de maduración rápida de la colonia, la política de despotismo ilustrado del monarca español Carlos III. Se produce el acelero y rápido desarrollo de un conjunto de ideas e instituciones sociales, económicas y espirituales. Podemos advertir que cambio tan profundo, que transformación tan intensa, en el ámbito de las relaciones políticas, de la estructura social y de las formas de pensamiento.

Dichos factores determinantes, concurrían a originar los ingredientes de la sociedad que se acercaba a la realización de su independencia política como elemento preliminar e indispensable de su integración nacional.

Desde mediados del siglo XVIII, don Francisco Javier Clavijero se había referido a la necesidad de restaurar la economía de nueva España, la Corona española, urgida de dinero para cubrir sus gastos militares originados por sus guerras.

El virrey marques de Crucillas, que gobernó nuestro país entre 1761 y 1766, a fines de 1761 se quejaba de que no era posible que la Nueva España siguiera soportando todas las cargas que le imponía la metrópoli. Envió un estado de cuentas advirtiendo que había tenido que disponer de los fondos destinados a los gastos de la administración colonial, para poder cumplir con las exigencias que la corona española imponía a nuestro país.

Pero las exigencias reales crecían, los virreyes solicitaban constantemente “donativos” de los súbditos coloniales.

Calleja, en 1811 escribía al virrey Venegas diciendo: “Este vasto reino pesa demasiado sobre una metrópoli cuya subsistencia vacila; sus naturales y aun los europeos, están convencidos de las ventajas que les resultarían de un gobierno independiente… y ato precio de especulaciones mercantiles que pasan por muchas manos, y que los premios y recompensas que tanto escasean en la Colonia, se prodigan en la Metrópoli.”

A estos factores de descontento se agregaban las prohibiciones económicas y los planes y ordenes para destruir fuentes de producción, en beneficio de una política de protección a los intereses de los comerciantes peninsulares. Revillagigedo afirmaba que “el único medio de destruir las fabricas del reino (Nueva España) es el que vengan a precios más cómodos de Europa, los mismos efectos…” “que esta es una colonia que debe depender de su matriz. La España…”

Después de la llegada del visitador don José de Gálvez a la nueva España (1761), por órdenes de Carlos III se iniciaba bajo el influjo del despotismo ilustrado del gran Borbón, la obra de la reforma económica y política que habría de alcanzar su culminación con la expedición de la Real Pragmática del “Comercio Libre” y de la ordenanza de intendentes. Preocupación inicial de Gálvez fue el aumento de las rentas reales a través de la centralización de la recaudación de impuestos.

En 1764 se establecía el estanco del tabaco, factor de intensa agitación social y que origino un activo comercio de contrabando. Se establecía para la Nueva España un sistema restringido de comercio libre (1789), reforma que llego demasiado tarde.

A pesar del llamado Comercio Libre, el contrabando crece. La Nueva España abría sus puertas al comercio con Estados Unidos e Inglaterra. Este trascendental suceso era ya anuncio de próximas transformaciones.

Las guerras de la metrópoli originaban escasez de efectos comerciales y alza constante de los precios que se traducían en un estado general de descontento. Las reformas introducidas en los finales del siglo y manifestadas en la creación del Tribunal del Real Colegio (1792) y de las Ordenanzas de Minería, habían sido inspiradas por el propósito de aumentar las rentas de la Corona, en 1796 la producción minera del país, después de un estado prolongado de decadencia, alcanzo su cifra más alta.

Capitulo II

En el orden político, a la época de Hidalgo corresponde la expedición de la Ordenanza de Intendentes (1786) que vino a modificar radicalmente la división política y la administración de la Colonia. Esta reforma al mismo tiempo que merlaba considerablemente la autoridad suprema que era la del virrey, limitaba la de los ayuntamientos.

Esta tendencia de fortalecimiento del poder real, típico del gobierno de los déspotas ilustrados, al proyectarse en el régimen de gobierno colonial iba a ser mas profundo el conflicto de la Nueva España con la metrópoli. La reforma Política y administrativa abrió el camino a la revolución. Frente al irritante espectáculo de una clase gobernante, parasitaria y despótica, el súbdito colonial dirigido por el elemento criollo, se dispuso a realizar la independencia desligando la Nueva España del dominio español.

En cambio de las relaciones entre el Estado y la iglesia se dirigido en el sentido de restaurar la autoridad del Real Patronato eclesiástico, y de impedir la creciente amortización de los bienes en manos de las instituciones religiosas.

La amortización eclesiástica contribuía a reducir el ámbito de acción del Estado, en lo político y en lo fiscal.

Carlos III prohíbe, en primer término, que la iglesia siguiera adquiriendo bienes. Ordena la expulsión de los jesuitas de España y de los dominios coloniales en 1767. Carlos III continúa la política reformista de su padre, dictando disposiciones relativas a la supresión de los fueros eclesiásticos y legislando sobre bienes del clero a efecto de obligar a este a contribuir a los gastos del Estado.

En 1798 ordenaba la enajenación de los bienes raíces, debiendo ponerse los productos de dichas ventas en la Real Caja de Amortización bajo el interés anual de 3 por ciento.

Abad y Queipo, en representación del clero, protesto contra tales disposiciones, pidiendo el respeto para el fuero personal de los eclesiásticos y afirmando que era injusto que se degradara el clero. Protesto también contra las leyes sobre bienes de manos muertas, diciendo, que de llevarse adelante dichas providencias, no quedaría propiedad alguna en la iglesia.

Creció la animosidad y el descontento del clero contra la autoridad civil, que habrían de traducirse también en una aspiración a la independencia para restablecer el poder de la iglesia y sus representantes. El derrocamiento del virrey Iturrigaray en 1808 fue originado por su decisión de hacer cumplir la real cedula.

Mientras tanto se producía el rápido crecimiento del grupo criollo y euromeztizo, reclamando su derecho a participar en el gobierno del país. Los criollos y euromestizos permanecían

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