Historia De La Vicaria De La Solidaridad

El más duro rival de Pinochet cierra sus puertas

Durante 16 años, la Vicaría de la Solidaridad se convirtió en refugio de los perseguidos por la dictadura militar. Una tarea en la que debió sortear varias crisis, como la salida de su fundador, el cardenal Raúl Silva Henríquez, y el brutal asesinato de uno de sus funcionarios. Solo un hecho logró cerrar sus oficinas frente a la Plaza de Armas: la llegada de la democracia. A pesar de lo que sus funcionarios esperaban, pasarían años para que viniera la hora de comenzar a hacer justicia.

Por Andrea Lagos

Afines de 1992, nadie ocupa las bancas de madera del Palacio Arzobispal, la sede del Arzobispado de Santiago construida en 1851 y ubicada frente a la Plaza de Armas de la capital. En su patio interior, ya no se ven niños jugando a la pelota, mientras sus madres piden ayuda para ubicar a sus maridos detenidos o hechos desaparecer. Tampoco hay abogados preparando recursos de amparo, asistentes sociales prestando ayuda, ni médicos atendiendo heridos. Lo único que se ve son hombres que trasladan cajas y desocupan las viejas oficinas.

La mudanza consiste en 83 camionadas con archivos, muebles, papelería y enseres que salen del edificio que albergó por 16 años a la Vicaría de la Solidaridad, el organismo eclesiástico fundado en 1976 por el cardenal Raúl Silva Henríquez, para ir en ayuda de las víctimas y perseguidos por la dictadura de Augusto Pinochet. Hasta hace poco en sus oficinas trabajaron más de 150 personas en cinco mil metros cuadrados que se dividían entre el segundo y tercer piso del Palacio Arzobispal, vecino a la Catedral de Santiago. Llegaron a estar hacinados. Hubo que construir altillos de madera aprovechando la doble altura de los cielos.

Durante los años en que funcionó, ninguna otra entidad logró sacar de sus casillas al régimen militar como la Vicaría. En los días del poder total, con los partidos de izquierda diezmados por la represión y con un Poder Judicial amilanado por los militares, fue el único refugio de los oprimidos al que la DINA no podía golpear. La Vicaría fue, literalmente, el asilo contra la opresión.

En los ‘80, Pinochet logró sacarse de encima a Silva Henríquez, gracias a la ayuda del nuncio Angelo Sodano. Pero un nuevo arzobispo, el cardenal Juan Francisco Fresno, se convenció de que el organismo debía seguir con su tarea. El asesinato de uno de sus funcionarios en el Caso Degollados, el sociólogo comunista José Manuel Parada, tampoco detuvo la labor del organismo.

“La voz de los sin voz”

A partir del mismo 11 de septiembre de 1973, el cardenal Raúl Silva Henríquez, secundado por la cúpula de los obispos chilenos, se transformó en “la voz de los sin voz”, frente a una dictadura que clausuró el Congreso, proscribió los partidos y sindicatos y que persiguió de manera implacable a quienes apoyaron al gobierno de Salvador Allende.

Ese mismo año el cardenal fundó el Comité de Cooperación por la Paz, para dar asistencia legal y social a todas las personas que estaban siendo detenidas y asesinadas y a cualquiera que se sintiera sin protección. El Comité Pro Paz era una organización ecuménica, en la que participaban la Iglesia Católica, Luterana, Metodista, Presbiteriana, Bautista, Ortodoxa y el Gran Rabino de la Comunidad Israelita de Chile.

El cardenal se vio obligado a disolver el Comité en diciembre de 1975, cuando Pinochet se lo exigió, luego de un enfrentamiento en Malloco entre agentes de la DINA y el MIR. Los miristas que sobrevivieron se cobijaron en distintas parroquias y en la Nunciatura Apostólica. Este incidente le dio motivos al régimen para acabar con el Comité.

Sin perder tiempo, el 1º de enero de 1976 Silva Henríquez formó la Vicaría de la Solidaridad, dependiente del Arzobispado de Santiago y bajo su directa protección. Las otras Iglesias, a diferencia de la Católica, tenían inferior rango ante la ley y sus instituciones en pro de los derechos humanos podían ser fácilmente proscritas. La Iglesia Católica, en cambio, era una corporación de derecho público. A pesar a la irritación de Pinochet, la Vicaría de la Solidaridad no podía ser disuelta por decreto.

El enojo del general fue mayúsculo. Ordenó invitar a Silva Henríquez a su despacho. Así describe el agrio diálogo el libro La historia oculta del régimen militar, de los periodistas Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda:

– ¡O sea que otra vez vamos a empezar con la misma! ¡Parece que la Iglesia no quiere entender, oiga!

El cardenal subió brúscamente el tono.

– ¡Ustedes no pueden impedir la Vicaría! ¡Y si tratan de hacerlo yo voy a poner a los refugiados debajo de mi cama, si es necesario!

Se acaba el adjetivo “presuntos”

En diciembre de 1978 se produjo el conmovedor hallazgo de osamentas humanas en los hornos de Lonquén, una zona campesina a pocos kilómetros al sur de Santiago. Un anciano del lugar acudió a la Vicaría para dar cuenta de lo que había encontrado. Los restos pertenecían a 15 detenidos desaparecidos.

Silva Henríquez decidió esperar cerca de un mes para hacer la denuncia ante la justicia civil. Prefirió aguardar a que terminase un simposio mundial que había organizado la Iglesia y que se celebraba en Santiago, para conmemorar el Año Internacional por los Derechos Humanos. De este modo, el régimen no lo culparía de instrumentalizar este hallazgo ante los visitantes extranjeros. Mientras tanto, la Vicaría temía que esta fosa con desaparecidos fuera saqueada por agentes del régimen. Como prueba, sus funcionarios pusieron en una caja un cráneo y otros huesos de Lonquén y los guardaron en las oficinas frente a la Plaza de Armas. Los pocos que sabían de su existencia preferían ni recordar que partes de cuerpos de varios desaparecidos estaban allí, mientras sus familiares llevaban años buscándolos.

La noticia de Lonquén fue la primera prueba de la existencia de los detenidos desaparecidos, que hasta entonces el régimen militar se empeñaba en desmentir. Hasta ese momento la prensa cercana al régimen se refería a los desaparecidos anteponiendo el adjetivo “presuntos”.

Ya en esos días la Vicaría se había convertido en una organización demasiado importante. Era un verdadero ministerio. Aparte del Departamento Jurídico con los abogados que llevaban los casos judiciales, estaban los asistentes sociales; el centro de documentación y archivo, que llegó a tener información de 45 mil chilenos que denunciaron atropellos; el departamento laboral; el departamento campesino; los comedores infantiles; la unidad de salud; el departamento de información y análisis; la revista Solidaridad; y la fundación de apoyo a los artesanos, entre otras dependencias.

Los fondos para mantener este gran buque provenían del

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