Historia profesorado

Márquez sostiene que a las transferencias de las escuelas deben sumársele diversas medidas de desregulación que liberalizan el funcionamiento del sector privado y amplían la oferta del mercado educativo.  Sin embargo, la desregulación se vincula estrechamente con la política de subsidiaridad, el Estado asume un papel subsidiario (deja de constituirse en Estado Docente), lo que facilita la acción de los particulares, que suprima regulaciones, que se abstenga a controlar.

El autor explica  que el principio de subsidiaridad es sostenido por tres corrientes: corriente del pensamiento económico neoconservador,  corrientes sustentadas en concepciones filosóficas y políticas y corrientes representadas por la Iglesia Católica. Todas ellas rechazan la intervención del Estado en la educación o la limitan.  

Según el artículo 63  de la Ley de Educación Nacional los servicios educativos pueden ser prestados por la Iglesia Católica, las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, fundaciones y empresas. Uno de sus deberes es ofrecer servicios educativos que respondan a las necesidades de la comunidad. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la realidad ya que, la mayor parte de las instituciones privadas están en manos de corporaciones religiosas y no a organizaciones comunitarias.  En consecuencia, la contribución económica del Estado a la educación fue una contribución a las corporaciones religiosas y a personas particulares, y no a organizaciones comunitarias que autogestionariamente hayan creado y administrado instituciones educativas.

El Estado a lo largo de la historia tomó un papel de subsidiario, si bien dicha política favoreció el sector privado, no favoreció el incremento de la participación de la sociedad ni de las comunidades menores, como tampoco de las organizaciones sociales.

Los avances de los privatistas, liderados por las escuelas católicas, fueron lentos pero efectivos. El Estado fue perdiendo todo poder de control y fiscalización sobre la escuela privada, que implementa sus propios planes de estudio (con una aprobación formal de Ministerio), desarrolla sus propios programas, validad los saberes adquiridos (toma sus propios exámenes) expide títulos y diplomas. Esto se ve plasmado en el artículo 63 que establece los derechos de los servicios privados: matricular, evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional; formular sus planes de estudios; aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo con su ideario.  

La desregulación de la enseñanza privada estuvo acompañada por la contribución financiera del Estado, lo que permitió que se equipararan las remuneraciones del personal  docente de los establecimientos adscriptos con las que percibe el personal de establecimientos oficiales. Esto se refleja en el artículo 64 que establece que los/las docentes de las instituciones de educación de gestión privada reconocidas tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de los/las docentes de instituciones de gestión estatal.

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