LEYES DE REFORMA

ANTECEDENTES

El 5 de febrero de 1857 fue jurada la Constitución. A pesar de que sus disposiciones con respecto a las relaciones con la Iglesia eran moderadas, la omisión de la obligatoriedad de la religión católica y la abolición de los fueros provocaron que el papa Pío IX la condenara y que las autoridades eclesiásticas mexicanas se negaran a administrar los sacramentos a quienes la juraran. Esto provocó una gran conmoción entre la sociedad.

Los conservadores, apoyados por la Iglesia, organizaron un movimiento armado que estalló en diciembre de 1857, al mando del general Félix Zuloaga, bajo el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución de 1857. El Presidente de la República Ignacio Comonfort, quien a pesar de haber jurado la Constitución consideraba que era imposible gobernar con ella, decidió secundar el Plan en el entendido de que los conservadores seguirían reconociendo su investidura. Sin embargo, en enero de 1858, Zuloaga lo desconoció y asumió la Presidencia del país, sin sustento constitucional alguno.

De acuerdo con la Constitución de 1857, ante la ausencia del presidente de la República, correspondía asumirla al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en ese momento era el licenciado Benito Juárez García. Investido por la norma constitucional como presidente de la República, Juárez dejó la Ciudad de México para defender, desde y con el apoyo de los estados de la federación, el orden constitucional. Así dio comienzo la Guerra de Tres Años o Guerra de Reforma (1857-1860).

LEYES DE REFORMA (1859-1860)

En medio del fragor de la guerra el gobierno de Juárez, desde Veracruz, dio a conocer un manifiesto a la Nación el 7 de julio de 1859. En éste delineó las medidas que consideraba indispensables “para poner un término definitivo a esta guerra sangrienta y fratricida”, así como para “desarmar de una vez a esta clase (el clero) de los elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio…”.

Siguieron después las denominadas “Leyes de Reforma”:

Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859

Esta Ley decreta que entran “al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que consistan, el nombre y aplicación que hayan tenido”, y declara que habrá “perfecta independencia” entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos.

“El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquiera otra”.

Ley de Matrimonio Civil, del 23 de julio de 1859

El artículo 1 de esta Ley declara que “El matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válidamente ante la autoridad civil. Para su validez bastará que los contrayentes, previas las

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