La Estructura Del Gobiern

La estructura del gobierno

La Corona organizó la administración gubernamental de la Nueva España siguiendo la práctica castellana; tomó para el gobierno indígena dos caminos: uno, dejar a los naturales la dirección del sector local, o sea la administración municipal, y dos, retener la dirección de los sectores provincial y general, es decir, dividir el gobierno en dos esferas: una autónoma, con autoridades indígenas, y otra dependiente, con autoridades españolas.

En el gobierno dirigido por los españoles hubo tres secciones: la distrital o provincial, que encabezaban los corregidores y alcaldes mayores; la general o central novohispana, a cuyo frente estaba el virrey o un representante —como el presidente de la Audiencia o los gobernadores en los grandes distritos —, y, por último, la general o central hispana, que presidían el rey y el Consejo de Indias.

El sistema de justicia en México, en vez de enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, con frecuencia castiga a las víctimas, mientras los responsables casi universalmente gozan de impunidad. Ofrece incentivos para el uso de la tortura para obtener confesiones; se presta a la manipulación como herramienta para criminalizar la protesta social; discrimina a los grupos vulnerables, como los miembros de las comunidades indígenas; y no respeta el principio de la presunción de inocencia.

Pese a la prohibición legal de la tortura referida por el Estado en sus respuestas a la lista de cuestiones elaborada por el Comité, en México se concede valor probatorio de manera rutinaria a confesiones rendidas ante autoridades distintas a la judicial, lo que incentiva el uso de la tortura por dichas autoridades y propicia la condena de personas cuya culpabilidad no haya sido demostrada. Es común que la carga de la prueba para demostrar que hubo tortura recae en la víctima, y existen certificados médicos y otras diligencias oficiales que asientan información incompleta o falsa al respecto. Si bien durante 2008 fue adoptada en México una reforma constitucional que podría contribuir a revertir las prácticas referidas, aún no entra en vigor. Por lo tanto, instamos al Comité a recomendar que el Estado implemente reformas inmediatas para impedir que se conceda valor probatorio a las declaraciones rendidas ante autoridades distintas a la judicial.

Las diversas fallas estructurales del sistema penal son sufridas con mayor intensidad por grupos vulnerables como los pueblos indígenas y los pobres. Ejemplo de ello es el caso de las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Teresa González del estado de Querétaro, sentenciadas el mes pasado a 21 años de prisión por el supuesto secuestro de 6 agentes federales armados, un delito fabricado como represalia a la protesta que su comunidad realizó por los abusos cometidos por las autoridades. No se les garantizó el derecho a un intérprete. El

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