La Inseguridad Social

LA INSEGURIDAD SOCIAL COLOMBIANA

(La revolución de movimientos insurgentes en Colombia)

Hablar de seguridad social en Colombia es algo que no converge por los múltiples casos de violencia e intolerancia que vivimos a diario, pues como sabemos mucha de las leyes políticas que tienen nuestro gobiernos no son para muchos las más concordantes o las más favorables ya que de una forma u otra comprometen la integridad ciudadana haciendo de ella cada día menos digna. A raíz de esto han surgido unos grupos llamados insurgentes con la cual están comprometidos en defender sus ideales.

El problema de la seguridad nacional en Colombia es ante todo un problema interno, bajo el cerco de dos movimientos insurgentes, las FARC de raíces Marxistas poco precisas se podría decir y el ELN inspirado en cuba y fundados sobre principios, el estado Colombiano está amenazado por una guerra militar declarada en su territorio y contra sus instituciones. Al mismo tiempo, la violencia y el comportamiento criminal relacionados con la producción y tráfico ilegal de drogas amenazan con incapacitar las instituciones estatales y la economía legal. Esta mezcla se podría decir “volátil” de insurgencia armada y narcotráfico han hecho estragos en una estabilidad interna.

Los riesgos que acarrea para la seguridad social colombiana son alarmantes, las fuerzas armadas y el estado, ambos debilitados, cada vez más le dan prioridad a la protección del régimen y de los centros urbanos, dejando que grandes regiones del país se defiendan por sí mismas. Esta dinámica ha generado el surgimiento de movimientos paramilitares que se han vuelto omnipresentes y altamente nocivos. Indefensa frente a la violencia generalizada y los abusos a los derechos humanos cometidos por todos los participantes del conflicto interno, la mayor parte de la sociedad rural vive en lo que yo podría describir como un estado de naturaleza hobbesiano.

También se puede afirmar que en algunos casos las fuerzas armadas del estado y los grupos paramilitares representan una amenaza directa a la seguridad individual en la guerra militarizada contra las drogas y en las campañas contra la insurgencia.

Es correcto afirmar que la incapacidad del gobierno central de proteger a la población civil ha expuesto a los pobladores a la violencia de la guerrilla, ataques a pueblos, reclutamientos forzados, extorsiones y secuestros, mientras que estos grupos buscan consolidar su control territorial y financiar su guerra contra el estado. Gran parte de la violencia extrema en las áreas rurales está asociado a la industria de los narcóticos, en la medida en que diferentes fracciones de guerrilla y paramilitares luchan entre ellos mismos para ganar el rentable derecho a cobrar impuestos por el cultivo y transporte de drogas.

Es difícil ver como el gobierno colombiano no contribuye a las problemáticas

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