Ley De Nacionalizacion De Los Bienes Eclesiasticos

Por Carlos Betancourt Cid

Investigador del INEHRM

El 12 de julio de 1859, en el Palacio del Gobierno General en Veracruz, alojado en el templo del convento de San Francisco, el gobierno que encabezaba Benito Juárez decretó la Ley de nacionalización de bienes eclesiásticos y de separación de la Iglesia y el Estado. Esta ley fue la respuesta del legítimo mandato emanado de la Carta Magna al extremismo mostrado por las autoridades eclesiásticas desde que, tres años antes, el 26 de junio de 1856, siendo presidente sustituto Ignacio Comonfort, se había expedido el decreto que contenía la Ley de desamortización de bienes de la Iglesia y de corporaciones, conocida por el apellido de quien la firmaba en su calidad de ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada.

El contexto en el que se había dado la confrontación entre la Iglesia y el Estado era el siguiente: una vez alcanzado el triunfo por los revolucionarios de Ayutla en 1855, las acciones de batalla debían traducirse en políticas públicas que poseyeran como meta alcanzar el mejoramiento de las condiciones en que se encontraba el país. La aplicación de leyes con este propósito se convirtió así en una tarea ineludible, que sin premura se puso en marcha.

En la Ley Lerdo de 1856 se evidenciaba que una de las mayores trabas a las que se había enfrentado la nación en búsqueda de su prosperidad y engrandecimiento era la inexistente movilidad y circulación de gran parte de las propiedades que se calificaba en posesión de manos muertas, perteneciente en su mayoría a las corporaciones eclesiásticas.

Con tal disposición legal se emprendía un ataque directo al poder económico de la Iglesia, que durante más de tres siglos había amasado una fortuna considerable y que era, en la práctica, el mayor terrateniente y rentista del país, obteniendo beneficios que ningún otro particular o cualquier institución estatal podía preciarse de percibir.

Sin embargo, la Ley Lerdo contenía una faceta que podría calificarse de moderada ante las circunstancias y, aún más, que legitimaba la tenencia de esas posesiones para la Iglesia, que habían pasado a su peculio de formas poco claras, otorgándole la posibilidad de recibir como pago por parte de los arrendatarios lo que antes obtenían como renta.

Fue el propio Benito Juárez quien, quizá con cierto sarcasmo, manifestó su opinión al respecto, en su afán de desvirtuar la mala opinión que generó la aplicación de este precepto legal, exaltando que la ley no era del todo mala para la institución religiosa, pues dejaba en ella “el goce de los productos de dichos bienes y sólo le quitaba el trabajo de administrarlos”. Y para darle mayor relevancia, predicó con el ejemplo: al poco tiempo de entrar en vigor el articulado jurídico lerdista, Juárez pidió la adjudicación de una finca en la ciudad de Oaxaca, donde fungía entonces como gobernador del estado.

Pero la mesura con que se pretendió atajar el problema resultó en una afrenta directa por parte de la jerarquía católica contra el orden que se quería establecer. Con el tiempo devino en la rebeldía y en el apoyo irrestricto a la causa conservadora, en lo que se conoce como la Guerra de Reforma o de Tres Años, suscitada a partir de diciembre de 1857.

Fue en el trance de la guerra, en la medida en que las posiciones radicales de la Iglesia dirigían sus ataques a los republicanos, cuando se tomó la determinación de extremar las providencias legales contra ese enemigo declarado de los constitucionalistas, quienes, desde el heroico puerto veracruzano, refrendaron la cruzada jurídica que tenían ante sí, con la lúcida intención de socavar la economía de los conservadores.

Así llegamos al 12 de julio de 1859 y a la expedición de la Ley de nacionalización de bienes eclesiásticos y de separación de la Iglesia y el Estado.

El documento estaba redactado en términos que eran producto del intenso enfrentamiento fratricida que por entonces cubría de sangre el territorio mexicano. Se consideraba, sin miramientos, que el motivo esencial de la situación bélica que pervivía era la actitud desafiante del clero, que pretendía con sus negativas a la ley de 1856 sustraerse de la dependencia a la

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