Ley Defensa Democracia

Historia

No existe acuerdo entre los historiadores sobre las razones que impulsaron al gobierno de Gabriel González Videla a impulsar una ley de esta naturaleza.

Una de las tesis más aceptadas plantean que el Partido Comunista no supo establecer una relación fluida entre su nueva posición de partido gobernante y su tradicional política de agitación social. Esta dicotomía llevaba a que frecuentemente funcionarios del gobierno, militantes comunistas, aprobaran alzas de precios que posteriormente el partido rechazaba a través de violentas protestas callejeras, las cuales se fueron radicalizando aún más al entrar en escena las disputas entre comunistas y socialistas por el control del movimiento sindical. Otras teorías centran los orígenes de la Ley Maldita en la conformación de la Guerra Fría y el traspaso de dicho conflicto a Chile.

El 3 de noviembre de 1946 al asumir Gabriel González Videla conforma un gabinete integrado por radicales, liberales y comunistas como era el compromiso de su campaña presidencial. Lo cierto era que la inusual coalición de gobierno chilena era difícil de sostener en el escenario internacional que comenzaba a mostrar signos de distanciamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, a lo que se unía la urgente necesidad de obtener financiamiento externo para los planes del gobierno. A los pocos meses (15 de abril de 1947) en virtud de la agitación sindical y sucesivos paros, González Videla decide conformar un nuevo gabinete de administración conformado principalmente por figuras ajenas a la política partidista como Jorge Alessandri Rodríguez en Hacienda. Este gabinete enfrenta una ola de protestas y huelgas sindicales como protesta a la exclusión de los comunistas del gobierno, las cuales alcanzaron radical violencia en las zonas mineras del país, las que fueron controladas con la intervención de las Fuerzas Armadas y la relegación de dirigentes comunistas en la localidad de Pisagua.

Otra teoría centra el cambio de postura del Presidente en los resultados de las elecciones municipales de abril de 1947 donde el PCCh se transforma en la tercera fuerza política (16.5% de los votos) antecedido por los radicales (20%) y conservadores (20,2%). En dichas elecciones el PC lográ captar parte importante de la votación del Partido Socialista y del Partido Radical, lo que llevó a miembros de este último a protestar en contra de los militantes comunistas en el gobierno a quienes acusaba de intervención electoral. Por su parte, un segmento del radicalismo abandonó el partido en protesta por la coalición con los comunistas conformando el Partido Radical Democrático.

El 19 de abril de 1948, el Presidente envía un mensaje de proyecto Sobre Defensa Permanente del Régimen Democrático, con el cual solicita al Congreso Nacional poderes especiales para controlar la agitación comunista que se expresa por medio del movimiento sindical. Partidarios de la dictación de la ley son liberales, conservadores, agrario-laboristas, la mayoría de los radicales y un sector de los socialistas; en contra están los comunistas, una minoría de los radicales, un sector de los socialistas y la Falange Nacional (futuro PDC). En septiembre de 1948, el Presidente González Videla conforma un nuevo gabinete denominado de Concentración Nacional, conformado por los partidos Radical, Liberal, Conservador Tradicionalista, Democrático y una facción socialista minoritaria, coalición que se mantendría en el poder hasta enero de 1950 y que obtendría un amplio triunfo en las elecciones parlamentarias de 1949.

Los efectos de dicha ley no lograron evitar del todo la acción política del PCCh, que actúo principalmente a través de organizaciones sindicales. En marzo de 1950, el Presidente llama a los partidos de oposición a formar gobierno constituyendo un gabinete conformado por radicales, socialcristianos, falangistas y democráticos, la cual, pese a oponerse a la ley, no solo no la derogó, sino que hizo uso de ella de forma aún más radical que la coalición anterior.

La Ley de Defensa Permanente de la Democracia fue un tema de radical importancia en las elecciones presidenciales de 1952, en las cuales todos los candidatos prometieron su derogación. Sin embargo, el vencedor, Carlos Ibáñez del Campo, hizo uso de ella en reiteradas ocasiones durante su mandato.

La Ley, Los Derechos Y Libertades Implicados.

El proyecto de ley citado fue suscrito por el Presidente Don Gabriel Gonzales Videla y su ministro del interior el señor Inmanuel Holger, e introducía modificaciones a la ley Nº 6.026 "Sobre seguridad interior del Estado", a la Ley Nº 4.554 de Inscripciones Electorales y Municipales, a la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades, al Código Orgánico de Tribunales y al Código del Trabajo. Prohibiendo la existencia, acción ypropaganda del Partido Comunista. Impedía también, el ingreso a sus filas e imposibilitaba a sus militantes ejercer sus derechos ciudadanos y sindicales.

El Poder Ejecutivo radicaba la finalidad del proyecto mismo en mantener la paz social y el normal desenvolvimiento de la economía. Establecía que el no concretar una ley permanente, que evitase la acción delictuosa de los militantes sovietistas, se traduciría en vivir en perpetuo estado de emergencia.

Podemos ver que existe una profundo temor por parte del gobierno frente al inminente colapse de la sociedad y economía chilena que acaecería si no se toman las medidas para contrarrestar el marxismo. La preocupación de una pronta promulgación de este proyecto llevo al ministro el interior Don Inmanuel Holger a promocionarlo frente a la cámara de diputados.

"El Proyecto (…) al convertirse en Ley de la República permitirá evitar que (…) nazcan o se mantengan organizaciones o partidos destinados a atentar contra nuestra organización constitucional, ya que se les priva de toda existencia, de toda posibilidad de acción, tanto en lo político, administrativo, económico y social, situación que se hace extensiva a sus afiliados o adherentes .

Discusión general del proyecto en la Cámara de Diputados

Es en la discusión general del proyecto el la Cámara de Diputados donde encontramos las opiniones que profesaban los diversos partidos sobre el mismo:

Pensamiento de la Falange Nacional: Radomiro Tomic expreso su rechazo al proyecto por cuanto significaba ilegalizar un partido político. Los comunistas (dijo) deben estar incluidos en la vida civil y ciudadana mientras acepten las normas externas de la democracia. Seria un error político dejar a este partido fuera de la legalidad.

El partido liberal representados por los diputados Miguel Luis Amunategui y Raúl Marín Balmaceda apoyaron el proyecto en general, igual cosa hizo Raúl Brañes

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