Los Médicos Torturadores

Los Médicos

Torturadores

Nombre: Luis Álvarez Pizarro

Curso: 4 º medio B

Asignatura: Historia

Hace casi 40 años atrás, quien se imaginaria que internamente en “locales”, los cuales se decían que servían para recluir a cientos de personas que supuestamente llevaron a cabo actos en contra de diversas autoridades, serian parte de oscuros secretos, aquellos que recientemente salieron a la luz, relacionados con “médicos” de aquella época, que en pocas palabras se atrevieron a torturar y/o en los peores casos a matar a esas personas, tan solo por guardar información relevante entre ellos.

No hubo distinción de sexos en estas malévolas acciones, hombres o mujeres, jóvenes o ancianos, a ellos les daba lo mismo, varios afectados por estos sujetos contaron un fragmento de lo que se vivió en esos lugares, unos dicen que los golpeaban, otros que eran electrocutados pero lo más siniestro fue que esas mismas personas fueron violadas sin compasión.

Dichas entidades, aquellos que se encargaron de hacer un pasado muy oscuro para el país aún siguen con su supuesto trabajo, sin remordimiento alguno y haciendo como que no recuerdan nada de nada sobre dichosas atrocidades, si bien pensamos que nada paso o nada es de mucha importancia, pero hablando sobre este tema solo se puede concluir que si o si se debe de hacer algo en contra de ellos.

Hay una especie de Juramento el cual estos médicos se hicieron y el cual dice así: “Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Higia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo… Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro". 

Ellos no hicieron caso de este juramento al momento de llevar a cabo esas ruines actividades, y como se dijo anteriormente aún siguen en funciones atendiendo y sus pacientes los cuales nada saben de ese pasado.

Pronto al saberse de estos hechos muchos de los pacientes de estos “médicos” por decirse así dieron comienzo a las demandas públicas, llamándolos para increparlos y cancelar sus visitas, unos ejemplos de estos actos fueron lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Cabe destacar que la tortura en si ha estado prohibida desde el año 1876, Año de entrada en vigencia del código penal, en cuyo artículo 150 se sancionaba a los que "decretasen o prolongasen indebidamente la incomunicación de un procesado, le aplicasen tormentos o usaren con él de un rigor innecesario".

Del total de personas con testimonios validados ante esta Comisión, el 94%         refiere haber sufrido torturas durante su detención. Los relatos concuerdan en         que estos hechos fueron cometidos de manera similar y coordinada por efectivos        de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad y de los   servicios de inteligencia, como la DINA y la CNI, registrándose también casos excepcionales que mencionan la participación de civiles. De esos testimonios se desprende que, como se ha reiterado, la tortura fue una práctica recurrente       durante el régimen militar.

Hay varios ejemplos además de los que se presentaron anteriormente que aún siguen trabajando a lo largo y ancho de nuestro país, en este presente ensayo no hare acto de muestra toda la cantidad de nombres, solo algunos y al parecer los que fueron más “inconscientes” en estas actividades:

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Álvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986. Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez.

Estos sujetos nombrados anteriormente siguen con sus supuestos deberes en distintos recintos Hospitalarios, sin ningún tipo de problemas entran y salen de dichos lugares, siendo ignorados por la mayoría de la gente y unos pocos pueden y pudieron encararlos.

Varias víctimas de estas torturas quedaron con “traumas psicológicos”, para más exactitud estas personas pueden sufrir desde cuadros reactivos inmediatos a hasta consecuencias de más largo plazo.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ha estimado necesario ofrecer un contexto básico para la mejor comprensión de la represión política verificada durante el régimen militar, considerando que ésta tuvo lugar, cobró impulso y pudo prolongarse por una serie de factores de índole social, política, institucional, jurídica y cultural. No ha sido su intención ofrecer un cuadro completo o pormenorizado del régimen instalado por la Junta Militar de gobierno desde septiembre de 1973. Tampoco pretende dilucidar el peso relativo de los distintos factores que colaboraron al quiebre de la democracia en Chile, tras un período de intensa polarización política nacional e internacional, y de movilización social, ni pronunciarse sobre las responsabilidades de cada actor político y social en la incubación y precipitación de esa crisis. El conocimiento del proceso que desembocó en el 11 de septiembre de 1973, no puede justificar la violación masiva de los derechos humanos posterior. En concordancia con el mandato específico de esta Comisión, no pareció necesario referirse a ese período previo, ni repetir el trabajo de encuadre histórico de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, realizado hace más de una década por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

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