MONOGRAFIA PAZ DE COLOMBIA

MONOGRAFIA LA HISTORIA DE LA PAZ EN COLOMBIA

LA PAZ EN COLOMBIA

Aunque durante gran parte del siglo XX Colombia haya vivido m�s o menos en paz, la guerra y la violencia parecen cada d�a m�s ser la esencia de nuestra historia reciente. Esta percepci�n surge ante todo de 50 a�os de presencia guerrillera y del aumento en la intensidad del conflicto armado y de todas las formas de violencia que el pa�s ha experimentado desde 1985, cuando se hizo visible la incapacidad estatal frente a la guerrilla, el narcotr�fico o la delincuencia com�n.

Pero muchos a�os de guerra han estado acompa�ados de negociaciones, acuerdos, amnist�as, indultos y otros procesos de paz, desde 1901 hasta los esfuerzos de soluci�n negociada que, pese a intermitentes rupturas, se han desarrollado sin cesar desde 1981 hasta hoy. Desde 1954 o 1958, cuando se amnisti� o indult� a guerrilleros y defensores del gobierno, la paz negociada siempre ha sido evocada como la �nica buena salida al conflicto.

Sin embargo, son profundas las diferencias en estas negociaciones y en las percepciones de lo que puede o no negociarse con los rebeldes. Mientras en los cincuenta se buscaba suspender los efectos de los c�digos penales sobre delincuentes pol�ticos y encontrar mecanismos de reinserci�n para los amnistiados, durante los gobiernos de Betancur y Barco las negociaciones comenzaron a incluir dos nuevos elementos: la definici�n de condiciones favorables que permitieran a la guerrilla, al reinsertarse, buscar el apoyo pol�tico de la poblaci�n, y la discusi�n de reformas institucionales qie democratizaran la pol�tica. La paz firmada en 1989 con el M- 19 por Barco, un reformista convencido, llev� a la constituci�n de 1991, que aun� cierto radicalismo en derechos humanos, participaci�n y descentralizaci�n, con la esperanza de debilitar el viejo bipartidismo mediante cambios legales, como la circunscripci�n �nica, la ley de partidos, el tarjet�n y nuevas formas de financiaci�n de la pol�tica.

Desde 1991, las negociaciones fueron m�s dif�ciles: hecha la reforma pol�tica, no pod�a ofrecerse mucho a las FARC o el ELN, al menos mientras subsistieran las ilusiones de reforma. Aquellas no duraron mucho: las elecciones de 1991, que practicamente liquidaron all M-19, mostraron que los viejos pol�ticos lograban la adhesi�n de los ciudadanos, con ayuda de viejos vicios, mejor que quienes pretend�an ser sus verdaderos int�rpretes. Muchos de los reinsertados terminaron en el anonimato, el exilio o la tumba, v�ctimas de venganzas y persecuciones. Y el proyecto social incorporado a los art�culos sobre derechos econ�micos y sociales, se deshizo en medio de la reorganizaci�n de un estado que trataba de superar su incapacidad mediante una reingenier�a que, con excepci�n de valientes y ambiguos esfuerzos en seguridad social, eliminaba, como rezagos populistas o socialdemocratas, al lado de formas de acci�n ineficiente en la econom�a, lo que hab�a dado alg�n car�cter social a nuestro estado de derecho.

La debilidad negociadora del gobierno, agudizada dram�ticamente por la falta de credibilidad del gobierno de Samper, fue un factor esencial en un cambio sutil de las negociaciones. Otro fue el fortalecimiento de la capacidad de las guerrillas, que llenaron rapidamente los vac�os dejados por los grupos que hab�an firmado la paz, reforzaron su estrategia de control local y fortalecieron su capacidad econ�mica. Y otro pudo ser cierto talante del gobierno, m�s dispuesto que los anteriores a reconocer legitimidad al proyecto guerrillero.

Este cambio consisti�, en esencia, en el abandono de dos principios que guiaron la negociaci�n gubernamental hasta el gobierno de Gaviria. Uno era la idea de que la meta del proceso de negociaci�n era la reincorporaci�n de la guerrilla a un sistema pol�tico que, pese a sus limitaciones y defectos, se consideraba leg�timo y democr�tico, y no la determinaci�n, entre negociadores de dos partes en conflicto, de un nuevo modelo social. El otro, en apariencia procedimental -la voluntad de no suspender la negociaci�n en ning�n caso, de negociar en medio de la guerra-, introduc�a una diferencia substancial: permit�a a la guerrilla mantener una estrategia simult�nea de guerra y negociaciones, sin altos costos pol�ticos, mientras que obligaba al gobierno a medir con cuidado las acciones que pudieran interpretarse como obst�culos a la paz, deseada en forma desesperada por toda la poblaci�n, y deslegitimaba la definici�n de los guerrilleros como delincuentes pol�ticos. Este cambio, consolidado bajo el gobierno de Samper, se aceler� con los gestos electorales y las ilusiones del gobierno actual, que, empe�ado en producir resultados r�pidos, se lanz� a acciones que han roto con la vieja tradici�n de las negociaciones, como la amplia y cuasipermanente "zona de distensi�n", o que han acelerado procesos ya iniciados desde Gaviria, como la participaci�n de grupos de organizaciones y personas que se definen como representantes de la sociedad, y que pretenden mayor legitimidad que el Estado mismo o los guerrilleros, agrupados bajo el concepto algo negativo de "actores armados".

En estas condiciones los impases a que se ha llegado en las negociaciones no son extra�os. Poco a poco se han convertido, de medio para terminar con menores costos una guerra a la que no se ven otras salidas razonables, en estrategia para lograr resultados que la simple acci�n militar no garantiza: son la continuaci�n de la guerra bajo otras formas, y los contendientes destinan m�s esfuerzos a ganar batallas legales o periodisticas que a los enfrentamientos armados. Las maniobras sobre el canje de prisioneros y la eventual incorporaci�n de guerrilleros a las fuerzas armadas son un ejemplo, pero quiz�s el m�s revelador tenga que ver con el status pol�tico de la guerrilla y la b�squeda de un reconocimiento de beligerancia.

Que la guerrilla mantenga un prolongado sitio legalista a esta fortaleza no es raro: las grandes batallas colombianas siempre se han tratado de ganar mediante legalismos. Ya en 1953 uno de los gestos insurgentes

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