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La Constitución Política de Colombia establece derechos, deberes y obligaciones para los colombianos; dentro de los deberes y obligaciones contemplados en el artículo 95 en su numeral 9, establece que es obligación de los ciudadanos “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad” (Constitución Política de Colombia de 1991). Por lo cual las personas tenemos el deber de aportar financieramente al Estado, para que este pueda garantizar el desarrollo de su objeto social, que es el de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. La principal fuente de financiación del Estado se origina a través de los tributos, los cuales son la imposición que ejerce el Estado en su facultad para determinar la contribución de los ciudadanos para que el Estado pueda satisfacer las necesidades básicas insatisfechas. El órgano competente para determinar las normas en materia tributaria es el congreso de la República y en menor orden de poder se encuentran las asambleas departamentales y el consejo municipal, los cuales están facultados para imponer, modificar y derogar cargas fiscales; para ello estos organismos estatales debe garantizar el respeto de los principios del sistema tributario; el cual se fundamenta esencialmente de los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Dentro de los tributos que abarca el sistema tributario colombiano encontramos cuatro tipos de tributos: 1. Los impuestos: Los cuales son prestaciones en dinero o en especie que exige el Estado a los particulares, una de las características de los impuestos es que estos no generan contraprestación directa; es decir que el contribuyente no puede exigir retribuciones por el pago de los impuestos.

2. 2. Las tasas: Estas son prestaciones que el Estado recibe de los ciudadanos por la prestación de un servicio; estos si generan contraprestación debido a que el contribuyente recibe un servicio por parte del Estado. 3. Las contribuciones: Se caracterizan por ser una carga cuyo hecho generador se deriva esencialmente de una obra pública y cuya contraprestación para los contribuyentes es la valorización de sus bienes. 4. Los parafiscales: Estos son una contribución específica asignada a entidades encargadas de la prestación de servicios de seguridad social, fomentar la enseñanza y fortalecer el núcleo familiar (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar). Considerando los impuestos como los más representativos en materia tributaria, estos se clasifican en directos e indirectos; los primeros se caracterizan porque recaen de forma directa sobre el contribuyente y para ello consultan la capacidad económica de las personas, un claro ejemplo es el Impuesto de Renta y complementarios; mientras los indirectos recaen sobre la venta o el consumo y estos no miden dicha capacidad económica, además estos no son pagados por los responsables del impuesto sino por el consumidor final; como ejemplo tenemos el impuesto al valor agregado (IVA). Otra categorización que se les da a los impuestos es de acuerdo a su territorio, entre los cuales tenemos:  Nacionales: Impuesto de renta, IVA, CREE, impuesto a la riqueza, impuesto al consumo, entre otros.  Departamentales: Impuesto a la venta y consumo de licores, impuesto al degüello de ganado mayor, impuesto a las cervezas, cigarrillos y tabacos, entre otros.  Municipales: Impuesto de industria y Comercio, impuesto predial, avisos y tableros, espectáculos públicos, entre otros.

3. El gobierno delega la función de administración y recaudo de los tributos a nivel nacional a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); y a nivel departamental y municipal el órgano encargado de esta labor son las Secretarías de Hacienda. Hay que reconocer que esta administración de los tributos no es totalmente eficiente, debido a que existen fenómenos y situaciones que alteran de manera negativa dicha administración, como lo son la corrupción, la evasión y la elusión, además de los diversos cambios políticos y económicos que se presentan en nuestro país. La corrupción efectuada por los políticos y funcionarios públicos generan en las personas desconfianza en relación con la distribución de los impuestos y la inversión pública, ya sea en infraestructura, educación, vivienda, salud, subsidios, etc. Esta desconfianza genera en los ciudadanos una conciencia antitributaria, es decir que las personas piensan que no está bien pagar impuestos si estos no son bien administrados y cierta parte es hurtada por las personas que desempeñan cargos estatales; por tal motivo los contribuyentes acuden a prácticas con las que puedan reducir el impuesto a pagar; las más representativas son la evasión, que es el no pago de impuestos por consecuencia de omisión de información, inclusión de costos, gastos y/o pasivos inexistentes o ficticios en las declaraciones tributarias; y la elusión que consiste en disminuir la carga impositiva mediante el aprovechamiento de los vacíos normativos en materia tributaria. Estas situaciones generan una ineficiencia tributaria, por lo cual los ingresos del Estado se ven afectados negativamente ya que no recaudan totalmente el monto de dinero presupuestado como ingresos provenientes de los impuestos. El decreto 0624 de 1989, más conocido como el Estatuto Tributario, ha sido modificado en diversas ocasiones debido a las falencias y dificultades presentadas por el sistema tributario; por lo cual el gobierno implementa las Reformas Tributarias como mecanismo de posible solución al déficit fiscal y a la ineficacia de la administración de los impuestos, el objetivo principal de las Reformas Tributarias es generar mayores ingresos al Estado, creando nuevos impuestos,

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