Permanencia de la economía colonial en el proyecto republicano

Permanencia de la economía colonial en el proyecto republicano

El estado colonial intentó proteger tardíamente a sus súbditos indígenas, emitiendo una serie de disposiciones que en 1680 fueron compendiadas en la Recopilación de las Leyes de Indias. Pero a lo largo de los siglos XVII y XVIII la conducta generalizada de españoles y criollos (incluyendo a los propios funcionarios de la burocracia estatal), respondió al dicho popular según el cual las órdenes del Rey se acataban pero no se cumplían. Las reformas emprendidas por los Borbones buscaron justamente la implantación de un nuevo aparato de Estado que permitiese hacer efectivas las disposiciones reales, pero cuya eficacia y modernización suponían eliminar el abismo que separaba las normas legales de las prácticas cotidianas. Dichas reformas, así como la profunda crisis económica y política peninsular, agravada por la invasión francesa, precipitaron las luchas de independencia y el desmembramiento del espacio colonial en una serie de nuevas repúblicas criollas nacidas formalmente como naciones independientes, habitadas por  ciudadanos de iguales derechos y obligaciones, pero que en realidad sustentaron su existencia en la prolongación de las bases coloniales del poder, hecho reflejado en la subsistencia del tributo indígena hasta mediados del siglo XIX.

La independencia no significó que la colonialidad del poder dejase de ser el principal patrón ordenador de las relaciones sociales y culturales en las flamantes repúblicas criollas. Ocurrió todo lo contrario, pues la colonialidad fue el mecanismo ordenador de las relaciones entre las flamantes naciones y sus mayoritarias poblaciones indígenas, las cuales fueron condenadas a la paradójica situación de seguir siendo habitantes de segundo orden en sus propias tierras.

Los intentos iníciales de Bolívar por convertir a los indios en propietarios y ciudadanos individuales, desvinculándolos de sus corporaciones étnicas y comunitarias, fueron utilizados en su favor por las élites dominantes, que a lo largo del siglo XIX expandieron los territorios de sus haciendas a costa de las tierras comunitarias indígenas. Por obra y gracia de las leyes liberales, los indios fueron convertidos en ciudadanos de segunda categoría, sin derecho al voto pero con la obligación de seguir pagando el tributo colonial. El estado republicano como antes el estado colonial, resultó ineficaz en sus intentos de proteger a los indios mediante leyes y decretos que siempre fueron letra muerta.

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