Planes Y Tratados

Tratado de Velasco

El Tratado de Velasco fue firmado en Velasco, Texas, el 14 de mayo de 1836, entre la república Mexicana y Texas, después de la batalla de San Jacinto (21 de abril de 1836). Los firmantes fueron el presidente texano interino David G. Burnet y el general mexicano Antonio López de Santa Anna, que había caído prisionero de los rebeldes tras la derrota.

En el Tratado, que constaba de una parte secreta y otra pública, Santa Anna a cambio de su liberación y de la promesa de que las tropas mexicanas en retirada no serían atacadas, reconocía de facto la independencia de Texas y se comprometía a no proseguir la lucha contra el nuevo Estado; además se fijaba el límite entre Texas y México en el río Bravo (o río Grande), frente a la división interior mexicana entre Texas y Tamaulipas que estaba fijada más al norte, en el río Nueces.

Las tropas mexicanas se retiraron pero su gobierno se negó a ratificar el tratado por considerar que, como prisionero, Santa Anna no tenía capacidad legal para firmarlo, con lo que no aceptó ni la independencia texana ni la frontera del Río Bravo. En los años siguientes tropas mexicanas penetraron en varias ocasiones en Texas llegando dos veces hasta San Antonio, pero tuvieron que retirarse cada vez con lo que no pudieron impedir la consolidación de la secesión de este Estado. Por su parte los texanos no fueron capaces de controlar la zona entre el Río Nueces y el Río Bravo cuya soberanía reclamaban. La disputa quedó sin resolver y fue la causa de que tras el ingreso de Texas en los Estados Unidos se desencadenara una guerra entre este país y México que concluyó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en el que México tuvo que ceder a Estados Unidos el territorio en disputa al establecerse el río Bravo del Norte o río Grande como la línea divisoria entre Texas y México. Además, México tuvo que ceder a EE. UU. más de la mitad de su territorio: la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah; así como parte de Colorado, Oklahoma y Wyoming.

Tratado de Guadalupe Hidalgo

El Tratado de Guadalupe Hidalgo (en inglés: Treaty of Guadalupe Hidalgo), oficialmente llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América,1 fue firmado al final de la Guerra de Intervención Estadounidense por los gobiernos de México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, y fue ratificado el 30 de mayo de 1848. El tratado estableció que México cedería más de la mitad de su territorio, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Además, México renunciaría a todo reclamo sobre Texas y la frontera internacional se establecería en el Río Bravo.2 Como compensación, los Estados Unidos pagarían 15 millones de dólares por daños al territorio mexicano durante la guerra.

Entre los notables aspectos del tratado, se encuentran los siguientes: se estableció al Río Bravo del Norte o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México, y se estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense. Asimismo, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron dirimir futuras disputas bajo arbitraje obligatorio. Sin embargo, cuando el Senado estadounidense ratificó el tratado, eliminó el Artículo 10, el cual garantizaba la protección de las concesiones de tierras dadas a los mexicanos por los gobiernos de España y de México. También debilitó el Artículo 9, el cual garantizaba los derechos de ciudadanía de los mismos.

Plan de Ayutla

El Plan de Ayutla fue un pronunciamiento político proclamado por Florencio Villareal, con apoyo de los liberales Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort, el 1 de marzo de 1854 en Ayutla, Guerrero. Tuvo como objeto dar fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna.

Los planteamientos centrales del plan eran el desconocimiento de Antonio López de Santa Anna como presidente de México, y que de resultar triunfante el ejército liberal, se convocaría a representantes de los estados para elegir a un presidente interino quien a quince días de haber asumido el cargo, haría la convocatoria a un nuevo Congreso extraordinario con el fin de establecer un gobierno republicano y democrático que reorganizara el país. A su vez, también se planteaba el desconocimiento del centralismo.

Otros de los que colaboraron en la redacción de dicho plan fueron Diego Álvarez y Tomás Moreno. Como resultado del plan, Juan N. Álvarez fue elegido presidente interino de México.

Ley Juárez

La Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios, mejor conocida como Ley Juárez fue promulgada en México el 23 de noviembre de 1855. Esta ley suprimió los tribunales especiales aboliendo los acostumbrados fueros militares y religiosos.1 Los miembros del ejército y del clero podrían ser juzgados por cualquier tribunal del Estado en asuntos civiles, no obstante persistieron los tribunales militares y eclesiásticos para juzgar los delitos penales, aunque se recomendó al clero abandonar su fuero para estos casos.2 La Ley Juárez es considerada como la primera promulgada de las Leyes de Reforma.

Ley Lerdo

La Ley Lerdo es el sobrenombre con el que se le conoce a La Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, fue expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente Ignacio Comonfort.

Objetivo

Esta ley tenía como objetivo reactivar la economía y sanear las finanzas públicas del estado, desapareciendo uno de los errores económicos que habían contribuido a mantener estacionaria la propiedad. Su implementación contribuiría para establecer un sistema tributario uniforme movilizando la propiedad raíz, de esta forma se podría contar con un buen sistema de impuestos.2

La ley tenía un origen plenamente liberal. Ante la gran cantidad de bienes inmuebles en poder de la Iglesia Católica el gobierno decidió recuperarlas para el Estado y venderlas para obtener nuevos recursos. De acuerdo con los artículos de la ley, los arrendatarios de inmuebles eclesiásticos podían comprarlos al Estado Mexicano por un precio calculado de acuerdo a la renta que pagaban, y los que no estuvieran arrendados, serían vendidos en una subasta pública.

Los grupos religiosos no podría adquirir bienes raíces en adelante, a excepción de aquellos que fuesen estrictamente necesarios para el culto. Esta ley formó parte de las llamadas Leyes de Reforma que establecieron

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