Poderes Nacionales

1. El sistema de justicia[5]

Como ya se indicó, según el artículo 253 de la Constitución, el sistema de justicia está integrado por: "el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia y los abogados autorizados para el ejercicio.

En este sentido, los órganos del Poder Público que forman parte del Sistema de Justicia, y que además, se relacionan con éste, son los siguientes:

El Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, quien tiene a su cargo el sistema penitenciario.

El Ministerio Público, el cual es responsable de garantizar el respeto de los derechos constitucionales en los juicios y ejerce en nombre del Estado la acción penal. Su máxima autoridad es el Fiscal General.

La Defensoría Pública, quien tiene a su cargo defender a las personas que no disponen de los medios para contratar a un abogado.

El Poder Judicial, que está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, la Defensa Pública, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Inspectoría General de Tribunales, la Escuela Judicial, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración y la Comisión de Evaluación y Concursos.

EL PODER JUDICIAL[6]

La Constitución de 1999 mantiene la concepción de la anterior Constitución de que la potestad jurisdiccional debe ejercerse sólo a nivel nacional, es decir, es competencia exclusiva del Poder Público Nacional, por ello, a nivel estadal y municipal no existe Poder Judicial en Venezuela.

En cambio, en relación con la organización y competencias del Poder Judicial, la nueva Constitución es innovadora, al eliminar el Consejo de la Judicatura y otorgar al Poder Judicial, y particularmente, a su máxima autoridad, el Tribunal Supremo de Justicia, el poder necesario para formular sus políticas y ejecutarlas. En efecto, además de las funciones típicamente jurisdiccionales del máximo tribunal del país, la nueva Constitución asigna al Tribunal Supremo de Justicia importantes competencias administrativas, constituyéndole en el único órgano rector del Poder Judicial, y para garantizar su eficiencia de gestión, le otorga autonomía funcional, financiera y administrativa (artículo 267 de la Constitución).

Esto es un cambio importante de la nueva Constitución, ya que bajo la vigencia de la Constitución de 1961, la función de gobierno y administración de los tribunales de la República se encontraba a cargo de un órgano ajeno al Poder Judicial: el Consejo de la Judicatura (artículo 217); y la Corte Suprema de Justicia, era la más alta instancia judicial del país y era diferente e independiente del Consejo de la Judicatura.

No obstante lo establecido en la Constitución, existía siempre la duda sobre la competencia para coordinar la política judicial nacional, porque algunas leyes otorgaban a la Corte Suprema de Justicia limitadas competencias de gobierno y administración[7]y, le asignaban la potestad de nombrar la mayoría de los miembros del Consejo de la Judicatura, lo que podía interpretarse en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia estaba en una aparente posición de superioridad respecto de aquél, y esto condujo a que en los años anteriores a la Constitución de 1999, existiera la tesis de que la Corte Suprema de Justicia debía ser el órgano de coordinación de la política judicial nacional[8]Con la nueva Constitución, queda claro que esta competencia está asignada al Poder Judicial, y en especial, a su máxima autoridad: el Tribunal Supremo de Justicia.

Para comprender mejor, la nueva organización del Poder Judicial, se hará referencia al marco legal vigente, a su estructura jurisdiccional y a la administrativa.

Conclusión

Al repasar y desglosar por nuestra mente todos los puntos tocados a lo largo del desarrollo de este trabajo, nuestra mente divaga y nos lleva a repasar el concepto de Estado y Gobierno, y algunos artículos de nuestra Constitución, donde podemos observar de forma muy clara y bonita como se dibuja el Estado y Gobierno ideal para todos los Venezolanos, claro estos son solo sueños ya que nuestros dirigentes solo se encargan de asegurarse de que esto se quede en el papel, ya que les perjudicaría en su afán de robarnos nuestra identidad patria, y apoderarse de todos los recursos de nuestro país, es lamentable que teniendo una Constitución que establece principios tan dignos y bonitos, nosotros tengamos que vivir esta tan lamentable situación, donde se nos pretende imponer a golpe y porrazo un modelo de socialismo fracasado, sin darse cuenta que este gran país lo que pide a gritos es una democracia social, donde realmente se tome en cuenta al ciudadano común y se combata la corrupción y la delincuencia.

Hoy parece evidente que las funciones-poderes del Estado están llamadas a una colaboración y a un control recíproco que garantice por medio de la división de poderes, de una forma más clara y adecuada el criterio esencial de evitar la concentración de poder en un sólo órgano.

Es de hacer notar que la evidente mayor complejidad de la Sociedad actual, nos llevo a postular una ampliación de los órganos del Estado, solo nos falta ampliar los mecanismos que actualizan y garantizan la división de poderes.

Actualmente no podemos mantener el equilibrio constitucional a través de la articulación de los órganos del Estado ya que estos se encuentran secuestrados y puestos a la orden de una sola persona, por eso debemos asegurar la vigencia concreta de la Constitución a través de los mecanismos jurídicos.

Debido a todos estos aspectos ya mencionados podemos decir que el desafío principal que enfrentamos los Venezolanos es el de conseguir que Estado y Gobierno se abran a la sociedad, perfeccionando la descentralización y la redistribución de poder y transformar lo estatal en un asunto efectivamente público. Esto es, valorizar a la sociedad como su fuente originaria de legitimidad. Ello implica un cambio profundo en la cultura organizacional del Estado, mediante el desarrollo de una actitud compartida de servicio público en el funcionariado. Se debe pasar de un Estado y Gobierno estructurado con base en el principio autoritario y jerárquico a un sistema pluralista y flexible de toma de decisiones, que articule distintos mecanismos de conformación de la voluntad colectiva, sin poner en riesgo las bases del orden democrático.

Implica también que dicho Estado y Gobierno garanticen un mayor control social sobre su gestión, y mejoren los medios e instrumentos que hoy existen de

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