Politicas Educativas En Venezuela

POLITICAS EDUCATIVAS EN VENEZUELA

POLÍTICAS EDUCACIONALES LLEVADAS A CABO EN EL PAÍS DESDE 1958.

Dentro de las politicas educativas del Estado venezolano a partir de 1958, se mencionan a continuación:

1. Política de Democratización de la Educación

A la caída de la dictadura (1958), la política educativa central fue la democratización de la educación o educación de masas, como soporte a la legitimación del régimen de democracia representativa y la modernización del modelo de inserción de Venezuela en el esquema capitalista a través del modelo Cepalino de crecimiento hacia adentro, A tal efecto, el Pacto de Punto Fijo define como estrategias de desarrollo educativos: el fomento de la educación desde el preescolar hasta la universidad, la adaptación del sistema educacional al desarrollo económico y cultural, la erradicación del analfabetismo, la intervención del Estado en la educación sin detrimento de la libertad de enseñanza, así como la protección, y dignificación y formación del magisterio.

Luego esta política se norma, al sancionarse los principales instrumentos legales que regulan el sector educativo, consagrándose el derecho de los venezolanos a recibir una educación conforme a sus aptitudes, aspiraciones, vocación, dentro de las exigencias del interés nacional, sin discriminación alguna, para lo cual el Estado creará y sostendrá las instituciones y servicios para hacer realidad este derecho, bajo el criterio de igualdad de oportunidades.

La intención de esta política fue el “fortalecimiento de una educación pública, gratuita y laica, poniendo acento en las necesidades de expansión matricular y financiera, que reclaman tanto el crecimiento demográfico y las expectativas del pueblo” . Ello significa, la intensión del ejercicio del Estado Docente ya que él al representar “los intereses generales de la nación no debe renunciar a esa función “

El cumplimiento de esta política ha sido relativo, al incrementar los cupos escolares, los cargos y oportunidades de formación de docentes, la construcción de infraestructuras, la creación de nuevas instituciones y el aumento del presupuesto, que repercutieron en una tendencia de crecimiento de la cobertura matricular. Ello fue posible por el nivel de los ingresos provenientes de la renta petrolera, afectado posteriormente por la crisis y recesión del país desde los inicios de 1983. En el caso de la educación superior, así como en los otro niveles del sistema, la política de democratización ha tenido su limitación en la práctica, ya que el acceso de la población se ve condicionado por una estructura social que coloca en manos de pocos los beneficios del crecimiento (80% de la población en situación de pobreza), y por el sistema de selección, ingreso y estrategias de financiamiento a la educación superior .

2. Política de Modernización del Sistema Educativo y Escolar

Esta política surge de la convicción de que la simple ampliación de la cobertura escolar no es la respuesta pertinente para formar los ciudadanos requeridos para el desarrollo del país, siendo necesario emprender acciones estratégicas para “el mejoramiento de la calidad de la instrucción que se produce en el sistema escolar...” y “mejorar la eficiencia de los mecanismos administrativos de ese sistema”.

Sí bien durante los gobiernos de AD (1959-68), la preocupación por mejorar la calidad de la educación como estrategia complementaria a la expansión de sistema escolar comenzará a aparecer, como una respuesta al proceso de industrialización sustitutiva, al considerarse la educación como un factor clave para el incremento de la productividad y la formación de técnicos para este modelo de crecimiento, será el gobierno de Caldera (1969-74) quien plantee, por primera vez, un énfasis en la modernización del sistema educativo, para el rescate y valoración del hombre como sujeto que construye su historia; y para generar y acelerar el cambio social y el desarrollo; y que su promoción es responsabilidad de todos lo sectores de la sociedad. Por ello el IV Plan de la Nación enfatizará en la formación de los recursos humanos que demanda el proceso de industrialización. Dicha modernización abarcó fundamentalmente: La reforma curricular centrada en: a) el establecimiento para la educación media de un ciclo básico común y un ciclo diversificado, con la consiguiente eliminación de las escuelas técnicas; y b) la promulgación de los nuevos programas de preescolar, primaria y del ciclo básico común de educación media.

2) La creación de las ORE en el marco de la regionalización educativa (Rodríguez, 1996, pp. 260-261; Bravo, 2000c, p. 32).

3) Modernización de la educación superior apoyándose en la reforma de su legislación, contemplando: a) la creación de un sistema paralelo a las universidades con énfasis en carreras cortas en razón de la demanda de ingresos y como estrategia de debilitamiento del proceso de renovación de las universidades nacionales; b) la ampliación de las atribuciones del CNU y la creación de la OPSU (Castellanos, 1990, p. 32; Rodríguez, 1996, pp. 262-263, Bravo, 2000c, pp. 31 y 33).

Durante el Gobierno de CAP (1974-79) esta política buscaba lograr una educación de masas de calidad para la innovación y el desarrollo autónomo, para lo cual emprendieron acciones como la reforma del Ministerio de Educación, la creación de la UNA, CINTERPLAN, FUNDEI y el Programa Gran Mariscal de Ayacucho orientado a la formación de recursos humanos para el desarrollo autónomo.

En la administración de Herrera Campins (1979-84) la política de modernización propició una educación para el desarrollo de una sociedad y un ciudadano más autogestionario y menos dependiente del Estado, desarrollando principalmente las acciones siguientes: 1) la promulgación de la ley Orgánica de Educación la cual establece los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, la educación básica de nueve grados y la formación docente a nivel superior; 2) el diseño curricular de la educación básica y 3) la reforma administrativa del Ministerio de Educación.

Durante el Gobierno de Lusinchi (1984-89), la modernización del educativa tenía las prioridades siguientes: mejorar la calidad de la educación, actualización y unificación de la normativa jurídica, mejoramiento de las condiciones laborales de los educadores, la organización y modernización del Ministerio de Educación a través de los procesos de descentralización y regionalización, para lo cual es relevante la creación de la COPRE en 1985, la cual para 1990 presentará el proyecto

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