Primer Periodo Colonial

PRIMER PERÍODOEL PROYECTO NACIONAL CRIOLLO

La sociedad y el poder

Aunque para el Ecuador la Independencia significó una seria ruptura y un rápido cambio político,

muchos rasgos de la sociedad colonial pervivieron más allá de la fundación de la República. El fuerte sentido corporativo y testamentario continuó sobre las fórmulas republicanas; se mantuvo la discriminación racial y la exclusión de la mujer de la vida política. Los rasgos aristocratizantes continuaron articulando las relaciones sociales, la cultura y la ideología. Tradiciones paternalistas siguieron rigiendo las relaciones sociales. Solo el paso del tiempo y el agudizamiento de la lucha social provocaron cambios significativos posteriores.

Desde el primer momento de la vida del Ecuador, se patentizó una tensión y enfrentamiento entre las oligarquías regionales dominantes, especialmente de la Costa y de la Sierra. Desde luego, ambas tenían intereses comunes pero también existían muchos motivos de tensión, como el control de la mano de obra, siempre escasa en el litoral; y la mantención de medidas aduaneras proteccionistas que defendían la producción textil serrana, pero limitaban el comercio. El conflicto irresoluto convirtió al ejército (controlado por los veteranos de la Independencia) en árbitro de la lucha por el poder.

Alrededor de sus jefes se generaron las alianzas caudillistas de la época.

En la organización del nuevo Estado, la mayoría de la población quedó al margen de la participación política. Los congresos y órganos del gobierno eran fruto de una participación electoral limitada al reducidísimo grupo de notables propietarios. Detrás de las fórmulas republicanas sobrevivía una sociedad jerarquizada, estamentariamente estructurada, en la que la autoridad se justificaba por “derecho divino”. Los notables latifundistas se veían como continuidad hispánica y sostuvieron un proyecto nacional criollo.

Frente a un Estado central débil, las instituciones del poder local y regional eran sólidas. La descentralización era la norma prevaleciente. En las haciendas y los complejos productivos que funcionaban a su rededor se daban muchas decisiones y hasta se mantenían prisiones privadas. Las instituciones regionales, principalmente los municipios, controlaban la educación inicial, servicios, obras públicas, beneficencia y administración de justicia en primera instancia. Corporaciones autónomos que manejaban los notables, cobraban impuestos. Al Estado central le quedaba el manejo

del Ejecutivo, las escasas relaciones internacionales, el Congreso, las altas cortes, la fuerza pública,

un reducido plantel burocrático y la recaudación de algunas rentas.

Los ingresos fiscales, provenientes en buena parte de la “contribución” o tributo indígena,

estancos y diezmos, se gastaban en el mantenimiento del ejército, el clero y la alta burocracia. La

Iglesia, heredera de su poder colonial, tanto económico como ideológico, siguió inserta en el Estado

republicano, que reclamaba sobre ella el derecho de Patronato, o sea de controlar los nombramientos

de la jerarquía, a cambio de mantener a la religión católica como oficial y excluyente, financiando a

sus ministros y garantizando sus prerrogativas y propiedades. Esta situación se volvió cada vez más

conflictiva y desató varios enfrentamientos ideológicos y políticos. Al ser reconocida como oficial la

religión católica, la Iglesia mantuvo bajo su control: el registro de nacimientos, matrimonios y

muertes; el púlpito, que era un medio generalizado de comunicación; y la mayor parte del sistema

educativo, por cierto muy precario y dedicado solamente a una porción bajísima de la población.

La mantención de la esclavitud de los negros y del tributo indígena hasta la década de los

cincuenta fue síntoma de la continuidad colonial en la relación con los pueblos indios y

afroecuatorianos. Las comunidades vieron más que antes invadidas sus tierras comunales y

reforzados los mecanismos de sujeción al latifundio.

Fundación del Estado (1830-1859)

Juan José Flores, general nacido en Venezuela, que había desempeñado la función de jefe del

Distrito del Sur, fue designado presidente del nuevo Estado por la Asamblea Constituyente de

Riobamba. Una vez en el poder, Flores se dedicó a consolidar una alianza de gobierno entre el

tradicional gamonalismo latifundista de la Sierra, al que se había vinculado por matrimonio, los

terretenientes de Guayaquil y los altos mandos del ejército, integrados en su gran mayoría por extranjeros. El floreanismo, como se llamó popularmente a su clientela caudillista, recogió la

tradición conservadora del bolivarianismo.

Directa e indirectamente controló Flores el gobierno desde 1830 a 1845. En 1832 incorporó

oficialmente las islas Galápagos al Ecuador. Su mandato se caracterizó por la revuelta permanente, el

desbarajuste administrativo, dos guerras con Nueva Granada (como entonces se llamaba la actual

Colombia) y el abuso de los soldados, dueños del país. Ni el esfuerzo organizador y sistematizador de

Vicente Rocafuerte, que llegó a la Presidencia de la República (1835-1839) mediante un pacto con su

enemigo Flores, pudo superar estas realidades. Cuando el caudillo se hizo elegir presidente por una

segunda y hasta tercera vez, y puso en vigencia la Carta de Esclavitud (1843), una constitución que

establecía la dictadura perpetua, la reacción nacional acaudillada por la oligarquía guayaquileña lo

echó del poder (1845). Flores pasó los años siguientes organizando invasiones al Ecuador con

mercenarios extranjeros al servicio de España y el Perú.

En los primeros años de la etapa “marcista” (llamada así porque la revuelta antifloreana fue en

marzo de 1845), gobernaron los civiles guayaquileños: Vicente Ramón Roca (1845-1849) y Diego

Noboa (1849-1850). Una de sus principales tareas fue enfrentar el peligro de las invasiones de Flores.

A inicios de los cincuenta, un nuevo conflicto de poder no resuelto dio espacio para un nuevo

arbitraje militar. El “hombre fuerte” del ejército, general José María Urvina, fue proclamado dictador.

Luego fue elegido presidente constitucional por una nueva Asamblea Nacional (1852-1856). Urvina

consolidó la alianza entre la oligarquía latifundista y comercial costeña con las Fuerzas Armadas, y

llevó adelante un programa de corte liberal que promovió la apertura económica y el comercio e

incluyó la abolición de la esclavitud, la

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