Refromas Borbónicas

LAS REFORMAS BORBÓNICAS

LUIS JÁUREGUI

Las reformas borbónicas tuvieron un impacto significativo en la economía de Nueva España. Por un lado, impulsaron el crecimiento económico mediante el fomento demográfico, productivo y comercial, y, por otro lado, aumentaron la carga fiscal, lo que generó descontento, perjudicó el desarrollo económico y contribuyó a la crisis del sistema colonial.

El crecimiento de la agricultura fue un factor importante en el desarrollo económico de Nueva España. Las haciendas agrícolas, que eran propiedad de españoles o criollos, aumentaron su producción de cereales, frutas, hortalizas y ganado, esto debido a una serie de factores, como la introducción de nuevas técnicas agrícolas, la expansión de la frontera agrícola y la demanda creciente de alimentos en las ciudades.

Las reformas borbónicas contribuyeron al desarrollo de la economía de Nueva España, con la visita de José de Gálvez en 1764, se contribuyó a la creación de un grupo de colegios de funcionarios que descargarían las tareas del virrey, como intendentes y superintendentes de real hacienda, estos cambios administrativos permitieron un mayor control de la economía y la recaudación de impuestos, lo que contribuyó al crecimiento económico de la región.

"Entre 1742 y 1810 el número de habitantes en Nueva España pasó de 3.3 a 6.1 millones de personas, un enorme incremento que se dio sobre todo en la población indígena" (Jáuregui, 2008, pág. 217).

Esta expansión demográfica, concentrada sobre todo en núcleos rurales y pequeñas localidades urbanas, significó una mayor demanda de bienes de consumo la cual benefició a actividades como la agricultura y la ganadería.

La minería también mostró un fuerte crecimiento a partir de 1772, gracias a políticas como la reducción del precio del azogue y la exención alcabalatoria. Este auge minero atrajo inversiones antes destinadas al comercio, generando un círculo virtuoso de expansión económica. Otras regiones como el Bajío, Puebla y Yucatán también aumentaron su producción y sus vínculos mercantiles.

Además de la población y la actividad productiva internas, la economía novohispana se vio favorecida por una mayor apertura comercial, en primera instancia, mediante el permiso de intercambios limitados con los virreinatos de Perú y Nueva Granada, y luego a través del llamado "comercio neutral", que entre 1796 y 1808 permitió el tráfico mercantil con otras naciones.

“La satisfacción del mercado de productos importados se logró tanto por la liberalización del comercio exterior, que llegó a su máxima condición en 1789, como por el llamado comercio neutral” (Jáuregui, 2008, pág. 238).

En este contexto, las reformas borbónicas buscaron sobre todo aumentar la recaudación fiscal para engrosar las arcas metropolitanas, incrementándose así el número de impuestos y sus tasas, de igual forma se mejoró su administración y se presionó más a los contribuyentes, medidas como la incorporación de las alcabalas y el estanco del tabaco elevaron sustancialmente los ingresos.

“En términos de valor, la empresa del tabaco fue la segunda mayor actividad productiva del virreinato, sólo superada por la rica actividad minera” (Jáuregui, 2008, pág. 209).

La consolidación del monopolio real del tabaco fue una medida que permitió centralizar el control de la producción y su comercialización, un producto de gran importancia en la economía colonial.

José de Gálvez estableció el monopolio real sobre el tabaco entre 1765 y 1771, esto significaba que la corona se hacía cargo exclusivo de sembrar, procesar y vender tabaco en todas sus variedades, con el objetivo era incrementar los ingresos del erario real, dado el enorme mercado de consumo que representaba este producto.

Este monopolio eliminaba a los productores y vendedores particulares, para que así la empresa del tabaco se constituyera como la segunda actividad económica más importante del virreinato, siendo sólo superada por la minería, llegó a generar ganancias netas por más de 1.5 millones de pesos anuales.

Para administrar el monopolio se creó la Dirección General del Tabaco, con sede en la ciudad de México y administraciones subsidiarias en las principales ciudades, se establecieron grandes almacenes y expendedurías, así como también se desarrollaron zonas de cultivo y haciendas en regiones como Orizaba, Córdoba y Otumba. Se importaron técnicas de Europa y La Habana para mejorar la calidad y el rendimiento.

“Gálvez también legalizó la situación del aguardiente de caña, pues dado que su producción estaba prohibida, el consumo ilegal era enorme, con la consecuente pérdida en derechos para las finanzas del rey” (Jáuregui, 2008, pág. 209).

De igual manera, tuvo gran relevancia la producción y venta del aguardiente de caña que estaba prohibida en el virreinato desde el siglo XVI, sin embargo, su consumo era tan elevado que había generado un enorme mercado ilegal, ante esta situación, José de Gálvez legalizó la elaboración y comercialización del aguardiente de caña entre 1765 y 1771. Esta medida buscaba reducir el contrabando, establecer controles de calidad sobre la bebida y, sobre todo, generar nuevos ingresos fiscales al incorporarla como un renglón rentístico.

Se crearon fábricas y destilerías autorizadas para su producción, ubicadas principalmente en regiones ganaderas como Costa Chica de Oaxaca, costa de Colima o el sur de Veracruz. Utilizaban como materia prima el jugo de la caña de azúcar, asimismo, el Estado fijó precios oficiales para su venta y estableció impuestos que gravaban tanto la producción como el consumo. Los ingresos fiscales por este concepto llegaron a ascender a 600 000 pesos anuales.

Los aguardientes más famosos eran el de Párraga en Veracruz y Coatepec Oaxaca.

Los propios eran ingresos que percibían los ayuntamientos y cabildos por la explotación de tierras, inmuebles o negocios que les pertenecían, los arbitrios eran ingresos extraordinarios que los ayuntamientos establecían para financiarse, como impuestos locales sobre el consumo, transacciones comerciales, entre otras.

Tradicionalmente, los ayuntamientos administraban de forma autónoma estos recursos para financiar sus gastos y obras locales, pero había descontrol y corrupción, Gálvez estableció en 1770 la Contaduría General de Propios y Arbitrios para centralizar el manejo de estos fondos.

“Asimismo el visitador estableció la Contaduría General de Propios y Arbitrios, con la cual la corona pasaba a administrar los recursos de los pueblos, villas y núcleos urbanos” (Jáuregui, 2008, pág. 209).

Sin embargo, la Contaduría tendría potestad sobre todos los ingresos y egresos de los ayuntamientos. Sus cuentas quedarían sujetas a vigilancia por parte de funcionarios reales, con esta recentralización financiera, la corona buscaba controlar mejor el uso de esos recursos, detectar y eliminar desfalcos, a la vez que preparaba el terreno para disponer de ese dinero.

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