Relacion Del Estado Con Lo Pueblos Indijenas

relacion del estado con los pueblos indigenas

Cónsul de México en San Francisco, California, y ex director general del Instituto Nacional Indigenista.

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México es y se reconoce jurídicamente como un país pluriétnico y multicultural. La variada presencia de los pueblos y culturas indias, herederas directas de los pueblos mesoamericanos, dan fe de la diversidad de nuestro origen. Ésta se mantuvo y enriqueció con el encuentro dramático de Europa con América. A la diversidad de origen se le suma la de nuestra historia.

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Por otra parte, nuestra debilidad como nación y nuestras mayores flaquezas culturales provienen de la perversa relación con los pueblos indios y sigue teniendo en ella su mejor presentación.

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Los más de diez millones de indígenas mexicanos están marcados por un denominador común: la pobreza.

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De este rasgo compartido deriva la práctica de reducir su singularidad cultural a denominaciones que apelan en mayor medida su situación social: ser indio en México hoy es sinónimo de ser pobre.

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Los pueblos y las comunidades indígenas de México viven en condiciones extremadamente distantes de la equidad y el bienestar.

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Cualquier diagnóstico al respecto arroja un cuadro alarmante: 97 por ciento de los indígenas viven en municipios con alto y muy alto grado de marginalidad. De todos los mexicanos que habitan en municipios rurales con muy alto grado de marginación, 41 por ciento son indígenas.

Las condiciones de existencia de los indígenas asentados en municipios urbanos del país -llegados ahí generalmente por migraciones forzadas en razón de la misma condición de pobreza en sus lugares de origen- no son en lo absoluto mejores, como lo demuestran, por sólo citar dos casos, los mixtecos en Tijuana y los mazahuas en la ciudad de México.

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El denominador común es la pobreza, la desigualdad y la explotación.

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La desigualdad que afecta a los pueblos indígenas, como lo ha sostenido en repetidas ocasiones el Instituto Nacional Indigenista, "es un fenómeno estructural, histórico y por lo mismo integral. No se trata de un fenómeno residual producido por la falta de integración de los indígenas a una supuesta sociedad mayor. Por el contrario, se deriva de un modelo de integración asimétrico y desventajoso. La desigualdad se manifiesta en todas las relaciones que vinculan a los pueblos indígenas con otros sectores.

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La pobreza extrema que unifica a los muy diversos indios en México paradójicamente encierra, degrada y oculta esa riqueza cultural en cientos de comunidades, por lo general rurales, con escasa comunicación entre sí y con muy limitadas posibilidades de que sus culturas aporten al desarrollo nacional un legado de enorme significación histórica y, lo que es aún más relevante, su potencial de soluciones al futuro de toda la nación mexicana.

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Durante muchos, pero muchos años, desde nuestros orígenes como nación independiente y hasta ya entrado el siglo que está próximo a concluir, los pueblos indígenas fueron vistos, en el mejor de los casos, como materia de redención civilizadora y de asimilación cultural y, en el peor, como ominoso lastre para el desarrollo y el progreso.

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Entre uno y otro polo se desplegaron numerosas iniciativas políticas que, vistas en retrospectiva y más allá de sus bondades particulares, fueron -al final de cuentas- incapaces de proveer a los pueblos y comunidades las condiciones de equidad, bienestar e igualdad jurídica que proclamó para todos la Revolución mexicana.

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Desde la revolución, el Estado definió una política de incorporación de los pueblos indios a la corriente central de la mexicanidad y su integración al desarrollo nacional.

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No sólo fue insuficiente esta política, sino que la integración propuesta, al no reconocer como sujetos de derecho a los pueblos indios, derivó en un menosprecio de su capacidad para definir sus propias alternativas de progreso basadas en sus culturas milenarias, y produjo, en consecuencia, una subestimación de las culturas indígenas para enfrentar exitosamente el futuro.

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Si bien el propósito integrador partía del reconocimiento de la necesidad de hacer justicia a los pueblos indios e implicó la entrega desinteresada de funcionarios públicos y pensadores de México, no dejó de considerarse en la acción institucional que la pobreza histórica y ostensible era consecuencia de la práctica de culturas diversas dentro de la nación.

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Esta actitud ha ido cambiando lenta, pero indefectiblemente, conforme ha ganado espacio en la conciencia nacional la convicción de que somos una nación pluricultural y que de esa diversidad sólo pueden derivar vigor y riqueza.

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La reforma al párrafo primero del artículo 4º de la Constitución mexicana dio carta de naturalización a la diversidad cultural en nuestro país.

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Hoy, no sólo en México, sino en el mundo entero, se ha demostrado que la idea y práctica de lograr naciones homogéneas no significa un camino viable y deseable a la rica diversidad del mundo, ni una senda adecuada para la democratización de las sociedades. Por el contrario, esta aspiración se reveló como empobrecedora y como un potente obstáculo para su desarrollo futuro.

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La singularidad de México en el contexto mundial, por ser región rica culturalmente, hace todavía más incomprensible toda pretensión de uniformidad. El nuevo proyecto de nación ha de estar sustentado en la pluralidad, entendida no sólo como heterogeneidad, sino como convivencia pacífica, productiva, respetuosa y equitativa de lo diverso.

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Los mexicanos debemos enfrentar una realidad compleja de desigualdad, explotación e injusticia. Por ello, es preciso ir más allá y asumir la necesidad de revenir esta realidad, de cambiar para avanzar.

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El reto es hacer que estas ideas sean asumidas por nosotros de manera que la diversidad sea atributo de todos y no sólo de los pueblos indios. Estas ideas constituyen la verdadera matriz de la que debe desprenderse la política

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