Tecnocracia y Salud: 1989-1999

Tecnocracia y Salud: 1989-1999

A finales de la década de los ochenta, y con el advenimiento de un nuevo gobierno liderado por Carlos Andrés Pérez, se impulsa la reforma del Estado, tanto en su política como en su administración, enmarcada en un contexto de presiones y de nuevas tendencias gerenciales a nivel mundial. "El Estado venezolano cambia su política económica y su rol adquiriendo importancia la visión neoliberal, que busca la reducción del Estado y la internacionalización de la economía. En este contexto, se da impulso a la descentralización como proceso político con expresión territorial institucional, lo que significa una redistribución territorial del poder... remite al doble mecanismo de crear instancias de participación democrática más extendidas y gobernables, y ser un poderosísimo impulso para descongestionar al Estado y permitir su eficiencia" (COPRE, 1988: 60).

La descentralización como política de Estado quedó expresada por primera vez en la Constitución de 1961; el Congreso, con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara, podría atribuir a los Estados o a los Municipios determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentralización administrativa (Art. 137). A partir de 1989, se inician cambios que dan paso a la aprobación de la Ley Orgánica de Descentralización y Delimitación de Transferencia del Poder Público, la Ley Orgánica de Elección y Remoción de Gobernadores y Alcaldes, y se produce la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal. Esto permite que se elijan por primera vez gobernadores y alcaldes, y se inicie la transferencia a los niveles subnacionales de servicios relacionado con las actividades económicas y sociales.

Con estos instrumentos legales, las gobernaciones como instancias receptoras de competencias, entran a una nueva dinámica político-administrativa. La LODDT evidencia la revitalización del federalismo venezolano, puesto que condujo al desarrollo de los principios constitucionales para promover la descentralización administrativa; delimitar competencias entre los poderes públicos del Estado; determinar las funciones de los Gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional y las fuentes de ingresos de los Estados; y facilitar la transferencia de la prestación de los servicios del Poder Nacional a los Estados.

En este sentido, la Ley hace una relación de un conjunto de servicios que deberán ser transferidos progresivamente a los Estados, destacándose la salud pública como uno de los servicios objeto de transferencia. Es preciso puntualizar que esta ley, "representa una salida a la democracia venezolana concebida más en términos de ordenación que de actuación, es decir, establece las pautas para el proceso de descentralización, pero no concreta per se la descentralización. Deja así a la voluntad soberana pero consciente de cada Estado la última palabra..."

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