Transparencia Y Rendición De Cuentas

Una de las cosas más importantes en un gobierno a nivel presidencial o estatal, es su grado de transparencia y rendición de cuentas. Este tipo de sistema, en el que el gobierno se ve casi obligado a desplazar y expresar públicamente cada uno de sus pasos o como quien dice cada cosa que hace desde la perspectiva presupuestal, orgánica, federal, entre algunas otras, para así legitimar el gasto público. Bien lo dice la página principal del plan nacional de desarrollo “la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático”. Por ello, la pregunta aquí seria, ¿qué medidas debe de tomar nuestro gobierno en México enfocándose en lo que es transparencia y rendición de cuentas, para así tener un poco o mucha la credibilidad en su función y con esto el pueblo mexicano informado combatir la corrupción?.

Uno de los pilares del despotismo moderno es la subinformación que, por un retorno del efecto sobre la causa, cuanto mayor es, menos la perciben los ciudadanos. Es por ello, que a estos sistemas de gobierno, les conviene que el pueblo este subinformado que privado de información, haga que cada vez tenga menos necesidad de ella a medida que le vaya perdiendo el gusto, trayendo por consiguiente, que los despotismo se afirmen con mayor fuerza.

Es bien sabido, que la sociedad percibe y a veces no solamente percibe, sino que tiene conocimiento fundado, de que en nuestro país, existe la corrupción en los tres niveles de gobierno, existe la corrupción entre los empresarios, en los sindicatos, en las diversas instituciones privadas y en la sociedad misma a grado tal que, inclusive se ha llegado a sostener con gran cinismo la frase coloquial “el que no tranza no avanza”.

Hace más de cien años, en los países del common law, ya se legislaba en materia de derecho de acceso a la información pública y transparencia gubernamental; en esas naciones hace más de un siglo, los gobiernos ya les decían a sus ciudadanos el destino que le daban a sus impuestos, es decir, los ciudadanos de esas naciones ya estaban informados del destino que los gobiernos les daban a las contribuciones, que el pueblo hacia por vía de pago de impuestos, derechos y aprovechamientos.

En nuestro país, apenas recientemente, se incorporo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de los ciudadanos de acceder a la información publica gubernamental, con la reforma que modifico el artículo sexto aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que dice “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”, para incorporar el principio de máxima publicidad del quehacer gubernamental. En nuestro Estado de Sinaloa, apenas hace una década para ser preciso, el mes de abril del 2002, fue expedida por el Congreso del Estado de Sinaloa, la ley de acceso a la información pública del Estado.

Como se ve, los renglones expuestos anteriormente, en los Estados Unidos Mexicanos, a habido muchas reticencias y resistencias, para informar al pueblo acerca del destino que el gobierno da a los dineros que recaba del pueblo con veracidad y con oportunidad, pues es público y notorio los casos de corrupción gubernamental, que a diario se conocen, a través de los medios de comunicación y la prensa escrita, en los cuales, en muy contadas las ocasiones, se logra castigar a los acusados de cometer actos de corrupción, llámese funcionarios públicos o integrantes de la sociedad civil, reeditándose con ello, aquel pasaje de la historia en la que el ilustre, intelectual mexicano José Vasconcelos hacia señalamientos de corrupción y al preguntársele que si tenía pruebas de las acusaciones de corrupción que hacia ,este respondió: “amigo, los estoy acusando de corruptos no de pendejos”; dando a entender de que los corruptos al cometer sus actos de corrupción, se cuidan de no dejar huella alguna de dichos ilícitos, para no ser acusados válidamente con posterioridad al dejar el cargo, cosa que sucede hoy en día, por ello, es evidente que nuestro país, a legislado en materia de transparencia y rendición de cuentas, solo por presiones por organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) , el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), dado los altos niveles escandalosos de corrupción que se han detectado en el pasado desde los años 70´s, 80´s, 90´s y hasta la fecha, en que ha sido nulo o casi nulo el porcentaje de funcionarios castigados, por actos de corrupción gubernamental y no se diga del sector privado y, con más acentuación, entre los empresarios que corrompen a los gobernantes para obtener contratos ventajosos y otras canonjías, enriqueciéndose a costa de los impuestos del pueblo, lo cual constituye indirectamente una violación a los derechos humanos, puesto que con el dinero que se va “por el caño de la corrupción”, indudablemente que se harían obras de beneficios social como los son: hospitales, escuelas, carreteras, agua potable, electrificación, seguridad pública, etc.

Es indudable, que en la actualidad, aun existe mucha opacidad en el ejercicio del gobierno, tanto en licitaciones, contratos y prestación de servicios, pues resulta increíble que, de los aproximadamente dos mil quinientos municipios de los que se compone los Estados Unidos Mexicanos, solo Hermosillo, Sonora y Guadalajara, Jalisco, sean los únicos que den a conocer públicamente y sin requerimiento previo, todos los contratos en que intervienen dichos municipios, así como sus licitaciones y la prestación de servicios que reciben o que realizan.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, resulta difícil creer que hasta hoy en día, se cuente con una ley de contabilidad gubernamental después de décadas o siglos en que los números del gobierno, es decir las cifras, importes, montos y cantidades derivadas de las operaciones contables y financieras en que intervienen los gobiernos, hayan estado prácticamente en una selva contable y jurídica, al no contar los gobiernos con un verdadero, eficiente, eficaz, y transparente sistema de registros contables fidedignos y de obligatoriedad sin excusa, prevaleciendo una evidente y lamentable descoordinación e incongruencia entre los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) en la materia referida al inicio de este párrafo.

La historia nos da cuenta, de que los organismos del gobierno relacionados con la contraloría y fiscalización, creados por el mismo gobierno, han resultado ineficaces para lograr una verdadera

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