Venezuela

En Venezuela se escucha con mayor frecuencia que los privados de libertad, seres humanos olvidados y excluidos, no son otra cosa sino lastres humanos. La violación de los derechos humanos del recluso es una práctica constante; muertes y lesiones son episodios cotidianos. La responsabilidad constitucional del Estado venezolano en la protección de los internos esta quedando en letra muerta.

Tomando en cuenta las cifras de muertes en centros penitenciarios venezolanos durante 2011 frente a lo ocurrido en Brasil, Colombia y México, se observa una situación preocupante. En estos tres países ocurrieron 207 muertes con una totalidad de 821.949 reclusos en sus centros penitenciarios. Venezuela registró 560 muertes violentas en 2011, con una población 42.155 privados de libertad.

El hacinamiento es una causa que origina esta situación. Hasta el año 2012 las 34 cárceles existentes en el país estaban preparadas para albergar 14.500 internos, lo cual describe una superpoblación aproximada de 360%. Entre los años 2000 y 2011 dicha población triplicó, pasando de 14.196 a 42.255 privados de libertad.

La debida custodia y resguardo de los centros de reclusión en Venezuela se ve impedida por este motivo, e igualmente se restringe la atención al privado de libertad en lo que respecta a su derecho a un lugar de descanso, alimentación, tiempo de esparcimiento, educación y reinserción social.

Otra causa que agrava la crisis del sistema penitenciario es el retardo procesal. Cifras del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ) publicadas en 2011, expresaron que el 64% de los privados de libertad se encontraba siendo procesado y sólo el 29% había recibido sentencia condenatoria.

Esta situación se estimula por los constantes diferimientos de audiencias en tribunales por causas asociadas directamente al poder judicial: mala gerencia penitenciaria, imposibilidad de traslados de reclusos, no disponibilidad de herramientas básicas de seguridad (esposas) o personal de custodia.

Por otro lado, el ingreso de armas de fuego y drogas a las cárceles ha sido cada vez más notorio y pareciera ser una situación de consentimiento de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y los custodios del MPPRIJ.

En las cárceles se ha podido evidenciar la presencia de armas guerra y otras armas pequeñas y ligeras de uso exclusivo militar. Tan solo en el año 2008 fueron decomisadas 1815 armas de fuego en 70 operativos en las cárceles.

Para atender la situación, fue creado el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) en Julio de 2011 y a la fecha no se han visto mayores cambios en la situación. Tan solo en el primer año de gestión, las muertes vieron un incremento del 18% y lo mismo sucedió con los reclusos lesionados, situación que presentó un considerable incremento de 51%.

La humanización y descongestión de los

...