Acoso funcional

A diferencia del acoso personal, en el funcional se incide en la situación jurídica que el trabajador tiene en la organización a la que presta servicios. Esta clase de acoso, como lo anota García Callejo, puede provenir de actos o decisiones empresariales que modifican en sentido peyorativo la posición jurídica del trabajador, como lo son los traslados injustificados de puesto, las modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo, la afectación real de su categoría (cambiarlo a un puesto que no corresponde a esta), la discriminación salarial o la postergación en los ascensos.

La modificación de las condiciones de trabajo de la víctima representa, en este supuesto, un ejercicio abusivo del poder de dirección, por lo que solo puede presentarse en el caso de un acoso vertical descendente, pues únicamente el empleador o sus representantes, disponen del poder necesario para introducir dichos cambios. De forma particular, esta forma de acoso coincide o, mejor dicho, se origina en el ejercicio irregular del “jus variandi” del empleador, es decir en la facultad que se le reconoce para alterar las condiciones de trabajo de sus servidores en función de las necesidades de la empresa, la cual, sin embargo, está limitada por el respeto a los derechos de estos, los fundamentales y los de origen legal y convencional, así como por el principio de razonabilidad, que descarta la arbitrariedad.

En la medida en que este tipo de acoso supone, simultáneamente, la vulneración de otros derechos laborales, como la conservación de la categoría, la no discriminación en materia salarial y en las promociones y ascensos, o la no variación unilateral de los aspectos esenciales de las condiciones de trabajo, la tutela ante el acoso moral ofrece mayores posibilidades de éxito ya que, por la naturaleza de los agravios, la prueba de estos se encuentra en las decisiones empresariales que les dan origen.

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