Amparo En Materia Fiscal

Introducción

El análisis de cualquier tema jurídico relacionado con el juicio de amparo, siempre resulta de trascendental importancia por este medio extraordinario de la defensa de nuestro estado de derecho, y principal generador del control de legalidad de los actos de las autoridades.

El amparo fiscal administrativo es, tal vez, una de las materias más fascinantes que siempre están sufriendo evoluciones, cambios, modificaciones y actualizaciones, ya que a veces cambia de manera vertiginosa, y al sufrir esos cambios tienden a ser imperfectos, pues algunos caen en la inconstitucionalidad y afectan los derechos de los individuos, por eso nosotros apelamos el juicio de amparo administrativo, pues es un medio de defensa mediante el cual hacemos valer nuestros derechos frente a los actos de inconstitucionalidad de la autoridad, pues nosotros al estar tributando bajo ciertas leyes o reglas administrativas, no significa que estemos de acuerdo.

El amparo fiscal es una institución cien por ciento mexicano y reconocido mundialmente como medio protector de los derechos humanos, ha tenido un desarrollo histórico acorde a los principios fundamentales que lo rigen y atendiendo a su naturaleza jurídica.

Su importancia en la praxis es manifiesta, no obstante, su legislación, como todo lo humano, esta propensa a errores que pueden ser enmendados fácilmente cuando estos son reconocidos, sin embargo la praxis ha demostrado que generalmente, se prefiere dejarlos subsumidos y seguir actuando como si no existiesen.

Amparo en Materia Fiscal

Antecedentes Históricos del Juicio de Amparo en Materia Fiscal

La historia del derecho en México y la evolución del juicio de Amparo, ha tenido que circunscribirse a las inestabilidades políticas y sociales que configuraron nuestra historia como pueblo.

La existencia de un marco jurídico que protege los derechos de los ciudadanos de las posibles violaciones de sus derechos por actos la autoridad, ha sido una de las preocupaciones de toda sociedad a través de la historia.

Desde el nacimiento del México Independiente, la mayor preocupación fue sobrevivir como nación independiente, ya que su misma debilidad al desprenderse de la corona de española, lo hacía un campo propicio para las invasiones y a la inestabilidad social y política, situación que prevaleció durante mucho tiempo.

La independencia de fue seguida por las intervenciones de extranjeras y posterior mente por el control político del país, con un estado de permanente intranquilidad y zozobra en todo el país. Desde 1810 en que se inicia la lucha por la independencia, hasta el año de 1876, en que llegó al poder Porfirio Díaz, que con una política de represión, dio cierta tranquilidad y estabilidad que requería el país para lograr condiciones de desarrollo, con una política militarista de represión, esta época fue conocida como la “Paz de los Sepulcros” .

Pero fue precisamente esa paz y esa cierta tranquilidad social, las que dieron pauta a una legalidad jurídica que protegiera las garantías de los gobernados. Al respecto recordamos los antecedentes del Juicio de Amparo, el cual después de haberlo introducido en varios documentos constitucionales, tales como la Constitución de Yucatán de 16 de mayo de 1841, por idea de Manuel Crescencio Rejón, y en el acta de reformas a la Constitución Federal de 1824, promulgada el 21 de mayo de 1847, a iniciativa de Mariano Otero; el amparo se estableció definitivamente en los artículos 101 y 102 de la Constitución de 5 de febrero de 1857 .

En el año de 1847, fue la invasión Norteamericana, y en 1857 inicio de la Guerra de Reforma, posteriormente la intervención francesa en 1862, de manera que después de dichas circunstancias el gobierno federal, que durante muchos años estuvo de ciudad en ciudad, pudo exigir el control de legalidad y de la estricta observancia de las leyes, principios que son primarios del Juicio de Amparo .

Los primeros antecedentes del juicio de amparo contra leyes fiscales por ser consideradas inconstitucionales al establecer la imposición de tributos que causaban un grave perjuicio a los particulares, fue el 15 de junio de 1879, (en vigor la Constitución vigor de año 1857), se estableció en un apartado de la ley de ingresos un gravamen a los establecimientos industriales textiles, con esta disposición se perjudicaban las escasas fábricas de esta industria que se encontraban establecidas en los estados de Tlaxcala, Coahuila y Nuevo León .

Los propietarios al sentirse perjudicados promovieron el Juicio de amparo por considerar inconstitucional la imposición de dicho tributo, aduciendo los siguientes razonamientos jurídicos:

a) Se violaba el principio de equidad y proporcionalidad contenidos en la fracción II del artículo 31 de la Constitución, ya que se hacía recaer en unos cuantos el peso de la carga impositiva.

b) Solamente se gravaban los capitales destinados a una parte (el establecimiento de industria), pero los destinados a otras actividades no eran gravados por el tributo, en consecuencia se violaban principios constitucionales.

c) No todos los estados de la República soportarían de la misma manera los gastos públicos, en virtud del escaso desarrollo industrial del país de esta época, ya que la industria era nueva y se concentraba en unos pocos estados, con lo que se llegaba a crear una situación de la desigualdad entre los estados beneficiados con los estados que tenían fábricas establecidas en su territorio, en contrapartida aquellos que no tenían fábricas.

d) Que estableció una extensión dentro de la ley a quienes tuvieran una inversión de 500 pesos, situación que daba lugar a un tratamiento inequitativo entre los sujetos pasivos, estableciéndose una ley privativa que violaba los principios de proporcionalidad y equidad en los impuestos.

e) Esta Ley violaba el artículo 13 Constitucional, ya que el impuesto recaía sobre determinadas personas, que eran las que hubieran invertido en fábricas, con lo que se configuraba la existencia de leyes.

f) Que se violaba el artículo 4 Constitucional al atentar contra de la libertad del trabajo, ya que con la imposición de dicho tributo, se les impedía a los mexicanos que se dedicaran a la actividad que siendo la más adecuada fuera al mismo tiempo lícita.

El jurista Ignacio Luis Vallarta, quien fuera Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no aceptó el agravio que hicieron valer las compañías quejosas respecto a que se violaba el artículo 13 Constitucional, al argumentar

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