Análisis del Reporte de Ciudadanía y Gobernabilidad en México 2015

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El Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México, elaborado por el Instituto Federal Electoral, tiene por objetivo medir el nivel de democracia y el desarrollo de la ciudadanía en el país, a través de ciertos indicadores tomados del Consejo Europeo en el 2000, que miden:

1. El Estado de derecho y el acceso a la justicia.
2. La vida política.
3. La sociedad civil y la participación no electoral.
4. La vida comunitaria.
5. Los valores y la calidad de de la ciudadanía.
6. El acceso a los bienes demandados por los ciudadanos

 La hipótesis de la que parte, es que en México la ciudadanía está en un proceso de construcción complejo caracterizado por la desconfianza en las autoridades, desvinculación social y desencanto por los resultados del sistema político democrático del país. El concepto que tomaron para desarrollar este trabajo es el de la ciudadanía activa y la visión maximalista de la ciudadanía. La primera está definida dentro del informe como: un medio para empoderar a los ciudadanos con el fin de que tuvieran voz dentro de sus comunidades, un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que viven, la valoración de la democracia y el entendimiento de las diferencias de otras culturas^[1]. El concepto maximalista describe a la ciudadanía como un status político y a la vez una identidad civico política, donde el individuo se involucra sistemáticamente en la esfera pública, por su interés permanente en lo político  y donde no se limita a saber cómo funciona el sistema político sino que se inserta y participa dentro de él.

El trabajo de este análisis es contrastar los datos dados dentro del informe y verificar si existe congruencia  con las conclusiones, el estado de la democracia y  la construcción de la ciudadanía planteados por el IFE.

Ciudadanía, Estado de derecho y acceso a la justicia

De acuerdo al IFE la ciudadanía implica una intíma vinculación entre los derechos civiles, políticos y sociales, por lo tanto la mejor manera de garantizar los es la existencia de un Estado de derecho eficaz, que se caracteriza por:

1. Igualdad de oportunidades de acceder a instituciones legales y recibir de estas el mismo trato.
2. Procedimientos legales reguladores y estandarizados de modo que se garantice el debido proceso.
3. Las normas y los procedimientos legales transparentes.
4. El sistema en conjunto esté orientado hacia el respeto y protección de los derechos civiles y de las libertades y garantias políticas.

Esto no sólo garantiza los derechos de la ciudadanía sino que legitima al gobierno.

Ciudadanía y Estado de derecho en México

La democracia supone al menos tres elementos: protección, inclusión y calidad con los que se trata de evitar la reproducción de la pobreza y desigualdad de oportunidades. La construcción de ciudadanía pasa por una lucha entre las tendencias normativas, los intereses conretos, el poder de los actores y las capacidades estatales. En esta sección se analiza una combinación de expectativas, percepciones y resultados, que tienen los ciudadanos sobre el desempeño de la policia; el temor a la delincuencia; el tipo de delitos que más les ha afectado; la denuncia de los delitos y su eficacia; el cumplimiento de la ley; su opinión sobre hacer justicia por propia mano, y el respeto a los derechos humanos.

Discriminación y Estado de derecho

Los datos arrojados por el Latinobarómetro en los años 2010, 2012 y 2013 señalan que más de la mitad de las personas manifiesta descontento y afirma que el régimen mexicano no es democrático. La razón predominante es que el Estado mexicnao es ineficaz para acortar la desigualdad y confrontar los privilegios. Además, un segmenteo amplio de la población mexicana se percibe tratado con desigualdad por parte de la autoridad, la ley y las personas. El Informe destaca que nunca antes en la historia del país se habían multiplicado con tal intensidad las leyes, las instituciones y los organismos públicos dedicados a enfrentar la desigualdad. Empero la percepción de ineficacia permanece.  A nivel estatal existen 19 entidades cuyas constituciones cuentan con cláusulas antidiscriminatorias, 23 de los 32 estados poseen leyes antidiscriminatorias. A pesar de esto, la práctica de la discirminación es todavía un mal presente en la sociedad mexicana. Entonces, ¿nos enfrentamos a la falta de un marco legal adecuado? Ó ¿a la falta de aplicación de las leyes ya existentes? Lo que nos lleva a reflexionar acerca de la necesidad no sólo de generar más leyes y más instituciones, sino hacer que funcionen las que ya tenemos, que verdaderamente se apliquen en el día a día para verdaderamente poder disminuir la discriminación. Ésta es preocupante porque vulnera al individuo frente a la autoridad y otros ciudadanos, y hace que se sienta excluido del sistema democrático, por lo que también merma la legitimidad del mismo.

Seguridad y Estado de derecho

La seguridad se ha convertido en un problema central, es una de las más importantes preocupaciones para la ciudadanía, y por lo tanto, para el Estado, si nos remontamos a las primeras definiciones de éste, su principal tarea es proveer seguridad a sus ciudadanos. Sin embargo, el 68% de la población mayor de edad considera que vivir en su ciudad es inseguro, más grave aún el 40% piensa que la situación en los próximos meses seguirá igual y el 24% que empeorará, por lo que podemos inferir que se percibe un Estado pasivo y apático hacia la tarea de mejorar la seguridad de su población. La corrupción en las fuerzas de seguridad y la impunidad son percibidas como las razones de la ineficiencia del sistema de justicia en México, ¿pero sólo son percibidas?

Ministerios públicos destacaron que la policia judicial tiene nexos y pactos con los delincuentes, incluso un agente declaró que la policia judicial puede ocultar o falsear información porque su interés no está en el éxito de la investigación y la persecución del delito, sino en vender favores. En otra investigación destacaron agentes del ministerio público del Distrito Federal que es una práctica sistemática que los policías judiciales que están encargados de ejecutar las órdenes de aprehensión no las ejecuten pues llegan a un acuerdo económico con la persona que tienen que detener. Esto ha convertido a la oficina de mandamientos judiciales (la encargada de ejecutar ordenes de aprehensión) en una de las plazas más peleadas por los policías judiciales, por el flujo de efectivo que se da por los acuerdos mencionados anteriormente. ^[2] De acuerdo al informe del IFE, la gran mayoría de la población se siente desprotegida contra el abuso de autoridad, a la vez que asocia la violación de derechos humanos con el poder y las autoridades, con los testimonios anteriores, podemos aseverar que tanto el sentimiento como la percepción nacen de la situación actual del sistema de justicia. Las prácticas de corrupción y el mercado de la impunidad siguen encontrando espacios para seguir operando en el sistema de impartición de justicia mexicano.

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