ESTRUCTURA DEL ESTADO MEXICANO

ESTRUCTURA DEL ESTADO MEXICANO

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento jurídico que da vida a nuestra nación, establece que su estructura y organización, en su forma de Estado y de gobierno, consiste en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos pero unidos en una federación para salvaguardar los principios fundamentales que rigen a la nación.

En cuanto a su forma de gobierno, el Estado mexicano se estructura de la siguiente manera: el poder se ejerce por medio de representantes elegidos de manera democrática por los ciudadanos, pero la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Nuestra carta magna retoma las ideas de la ilustración francesa, especialmente los principios establecidos por Rousseau, quien además estudió la pertinencia de un Estado en donde el poder público se dividiera en tres grandes funciones: legislativa, ejecutiva y judicial.

En el sistema jurídico mexicano el poder legislativo es el encargado de la función de la creación de normas jurídicas generales y abstractas mediante un proceso de carácter formal y único que le pertenece, denominado proceso legislativo. Esta serie de pasos tienen como finalidad garantizar que en la expedición participen las dos cámaras que integran este cuerpo colegiado (senadores y diputados). Cuando cualquiera de ellas funciona como cámara de origen la otra tiene el papel de revisora, sin contar que durante este proceso se contempla una etapa de discusión para determinar o esclarecer los alcances de los preceptos legales y llegar finalmente a una aprobación. Cabe destacar que el poder legislativo federal sólo puede emitir normas cuya competencia no está expresamente reservada para las legislaturas locales de los estados.

Por lo que hace al poder ejecutivo, su titularidad está encomendada a una sola persona, denominada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a nuestra ley suprema este funcionario público tiene la facultad de delegar sus funciones en un grupo de personas que ayudan al despacho de los asuntos de carácter público, comúnmente denominado gabinete. Asimismo, conforme a las leyes federales que regulan su ejercicio, la función que realiza el ejecutivo de la unión es conocida como administración pública. Ésta, legalmente, se divide en dos grandes sectores: centralizada y paraestatal. La primera incluye las secretarías de estado y la oficina de la presidencia, entre otras; la administración pública paraestatal se integra por organismos descentralizados, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y demás organismos que contemplan las leyes administrativas.

El poder judicial de la federación se integra por varios órganos jurisdiccionales. En la cúspide de ellos está un órgano colegiado cuyas resoluciones representan la última verdad jurídica: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debajo de ella se encuentran los Tribunales de Circuito, colegiados o unitarios, y al final de la jerarquía los Juzgados de Distrito. A un lado de todos ellos y sin que la Suprema Corte pueda ejercer jurisdicción sobre él, está el Tribunal Electoral.

Es importante señalar que cada entidad federativa cuenta con sus propios órganos de impartición de justicia, los cuales se encargan de resolver las controversias del orden común (civil y penal principalmente).

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