El avance de los procesos de democratización y descentralización

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

El avance de los procesos de democratización y descentralización en América Latina colocan nuevamente a las municipalidades como centro del debate respecto a la organización y modernización del Estado y en particular, en la búsqueda de una mejor asignación de responsabilidades y recursos que promuevan una eficaz prestación de servicios y una administración eficiente de los recursos públicos. Al respecto, Echebarría (2000), señala que:

Estas reformas se viven en un ambiente de mayor participación de la comunidad en los asuntos locales, junto a un proceso de mayores competencias como ejecutores de gestión local, acompañadas, en menor medida, de capacidades para la generación de recursos propios y movilización de otras fuentes (p.27).

Por tal razón, Barrios (1998), sostiene que: “este desarrollo del proceso descentralizador, en el contexto de la globalización, implica un desafío aún mayor, consistente en generar dinámicas tendientes a fortalecer a las ciudades como centros de prácticas productivas, políticas, culturales y sociales” (p. 74). En esta concepción, Borja y Castell (1997), exponen que:

Los gobiernos locales se convierten en gestores y promotores del desarrollo económico y social local. Para responder a este desafío, a nivel urbano deben generarse condiciones competitivas, estimular el esfuerzo fiscal y crear fuentes innovadoras de generación de recursos propios y promover los adecuados incentivos que, en últimas, permitan un mejoramiento de la calidad de vida de la población (p. 31).

De este modo, la llamada modernización de la gestión pública, debe reconocer y asumir el problema de la adaptación del aparato estatal a las nuevas realidades políticas, económicas y sociales que, obviamente, puede ser contempladas desde variadas perspectivas y con diversos objetos de análisis. Es por esto, que ni la reforma del Estado ni la de sus Administraciones Públicas se justifican en sí mismas, sino porque sean necesarias para garantizar el desarrollo de los pueblos, de allí que se posicione en la actualidad la idea de ver al Estado como matriz institucional integradora de las dimensiones políticas, económicas y sociales del desarrollo, dentro de la noción de gobernabilidad democrática.

De manera que, en el sector público, el control de gestión viene a ser como sinónimo de administrar, incluyendo el proceso de toma de decisiones, ya que este proceso, se traduce en la administración y cuidado de bienes del Estado. Por ello, la distribución y uso adecuado de los recursos disponibles en una entidad pública, así como los efectos e impactos de las decisiones tomadas en su administración, definen parte de los resultados de la gestión pública.

Al respecto, Amat (2003), define el control de gestión como “el proceso fundamental para asegurar que todas y cada una de las actividades de la empresa se realicen de forma deseada o contribuyan a la consecución de los objetivos globales” (p. 26). De igual forma, el control de gestión parte de un objetivo definido dentro de parámetros de alcance de logros, y a su vez, exige técnicas específicas para llevarlo a cabo de una manera efectiva dentro de un contexto organizacional concreto.

Por esta razón, el Estado Venezolano se ha dado a la tarea de crear instituciones que sirvan de apoyo a los programas sociales, con el propósito de brindar a las familias venezolanas la posibilidad de darle atención a aquellos grupos familiares de menores recursos económicos. Por lo que, las Gobernaciones y Alcaldías deben estar insertas en un proyecto de país, en donde las responsabilidades deben ser compartidas. Así mismo, esto lleva a inducir que el control de gestión debe estar orientado a mejorar el desempeño y funcionamientos de estas organizaciones dentro del proceso de descentralización.

En este sentido, la creación de estructuras de contraloría social, adaptadas a las realidades de cada comunidad o colectivo, sin duda, coadyuvaría a la solución de muchas irregularidades que se presentan dentro de la gestión pública y, al mismo tiempo, donde cada uno de los poderes del Estado converjan en la solución de las diferentes áreas o situaciones planteadas. Al referirse sobre la situación de la administración pública, Russian (2004), en su informe anual, informa de manera categórica:

Los resultados de la labor contralora demuestran que subsisten en la Administración, deficiencias como carencia de un sistema de control interno eficiente, ausencia de criterios de planificación para la inversión de los recursos, estructuras excesivamente burocráticas, funcionarios con baja capacidad gerencial y actos que atentan contra el patrimonio público y la moral administrativa (p. 38).

Tal situación, indica claramente que el problema de una sana administración pública requiere, necesariamente, del control social, y la creación de nuevas formas organizativas y asociativas en la sociedad, de mayor voluntad social para combatir la corrupción, así como el reconocimiento por parte de los responsables de dirigir los órganos de la administración burocrática en todos sus niveles, con el fin de darle legalidad a todos los órganos contralores del Estado y la sociedad en su conjunto.

Por tal razón, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 brinda el escenario para afianzar las bases de la participación ciudadana en los asuntos públicos como lo establece en los Artículos 51, 62, 66, 132, 141, 158, 166, 168, 173, 178, 182, 184 y 274, artículos que se extendieron a otras leyes nacionales, estadales y municipales, en leyes orgánicas, especiales, ordenanzas y reglamentos como la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010).

Por ello, se puede observar las constantes denuncias de irregularidades incidentes por ciudadanos que se benefician de las inversiones hechas por la municipalidad en las comunidades, a su vez se observa los deseos de las comunidades en administrar los recursos que les son asignados, percibiendo los deseos de las comunidades de hacer que los recursos asignados sean suficientes. Entonces, es que se da el acercamiento mediante asambleas propuestas y dirigidas por funcionarios de la Alcaldía Libertador del Distrito Capital conjuntamente con la contraloría municipal y de los líderes de las comunidades, para orientar y proponer las asambleas de ciudadanos, atinentes a la conformación de comisiones de control fiscal.

De manera que, la incorporación de los ciudadanos en los asuntos públicos se ve fortalecida con la sanción de estas seis (6) leyes, tales como: Reglamento de la Ley de

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