LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

a) Concepto legal: El artículo 123, apartado "A", constitucional declara en la fracción XX:

Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a las decisiones de una Junta de Conciliación y Arbitraje formada por igual número de representantes de los obreros y de los patrones y uno del gobierno. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuera de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.

Alberto Trueba Urbina afirma que la Comisión Dictaminadora del artículo 123 constitucional hablaba de Tribunales de Arbitraje, y coincide con la diputación constituyente, que su naturaleza no debe ser judicial, por su carácter burgués.

Por esta razón la representación veracruzana (Aguilar, Jara y Góngora), había presentado una iniciativa para que los conflictos entre el capital y el trabajo se resolvieran por Comités de Conciliación y Arbitraje; la diputación yucateca se inclinaba por crear Tribunales de Conciliación y Arbitraje; motivando el debate que desembocó en las bases constitucionales del artículo 123, denominado "Del Trabajo y Previsión Social". En la parte relativa, y siguiendo las ideas de los diversos expositores que intervinieron en los debates, se crearon las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como organismo diversos a independientes del poder judicial, que constituyeron las expresiones de los factores reales de la producción.

b) Criterio de la corte

Como se dijo anteriormente en el capítulo 3 nuestro Máximo Tribunal dio diversos puntos de vista en interpretación jurídica respecto de la naturaleza jurídica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

En 1918, la Corte consideró "que las Juntas de Conciliación y Arbitraje no son Tribunales de Trabajo, son autoridades y en contra de sus resoluciones procede el juicio de amparo, son instituciones de carácter público, que tiene por objeto evitar los grandes trastornos del orden y de la Paz públicos, proteger la riqueza, la industria y el trabajo. Agregó que las Juntas conocen de los conflictos colectivos económicos, pero las proposiciones que se formulen para evitar o resolver los conflictos, no tendrían carácter de obligatorios, a no ser que las partes lo acepten. El arbitraje de las Juntas será de orden público y no de orden privado y no se extenderá a todos los conflictos sino solamente como ya se dijo a los conflictos colectivos de naturaleza económica.

Los conflictos individuales serán dirigidos

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