Ley 100 de 1993, ¿Ilusión O Realidad?

Ley 100 de 1993, ¿Ilusión O Realidad?

Hace 33 años se proclamo una nueva Ley denominada Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones, con esta ley se daba inicio a una nueva era en tema de salud pues el modelo sanitario anterior se consideraba ineficiente entre otras cosas por su escasa cobertura que no superaba el 30% de la población, además de la segmentación que era mas bien discriminación pues la población de estratos altos recibía sus servicios a través de la medicina prepagada, la población de estrato medio era atendida a través del seguro social y las de estratos bajos por hospitales públicos, que se les llamaba de manera despectiva hospitales de caridad (Redacción Cali, 2019).

De esta manera era un sistema fragmentado cuyas brechas eran irreconciliables así que aprovechando que el país estaba en calma y en un momento de desarrollo económico prometedor el entonces senador Álvaro Uribe Vélez propuso reformar completamente el modelo sanitario existente creando un sistema que integrara los servicios necesarios para dar garantía al derecho constitucional que tenemos todos los colombianos de gozar de una atención en salud. La Ley 100 apareció como la promesa que ilusionó a muchos de recibir lo que en ese momento no tenía el más minímo asomo: una atención en salud digna. Partiendo de allí este ensayo tiene como objetivo presentar un corto análisis sobre lo que ha sido el desarrollo de la Ley 100 hasta la actualidad (Restrepo, et al. 2020).

Para hacer frente a la ineficiencia del sistema anterior, la Ley 100 del 93 se abanderó de una gran causa prometiendo a los habitantes del territorio colombiano ofrecer una cobertura universal antes del año 2000, un proyecto realmente ambicioso pues su punto de partida era bastante bajo por no decir que debía partir de cero, junto a la cobertura venía la prestación de servicios bajo un solo plan de beneficios, es decir que ya no existirían las enormes desigualdades entre sectores económicos, todos seríamos atendidos equitativamente y sin miras a discriminaciones ni divisiones por la capacidad adquisitiva (Villamil Bossa, s.f.).

Siguiendo la primera oferta de la Ley 100, la meta no fue alcanzada ni en el plazo pactado ni 13 años después, pue si bien es cierto que a diciembre de 2022 el Ministerio de Salud y Protección Social (Min Salud) expuso que “hoy Colombia alcanza el 99,6 % de la cobertura del aseguramiento universal, con una distribución de 24.399.839 personas en el Régimen Contributivo y 24.745.934 en el Subsidiado”, es de evaluar que tanto de esa cobertura obedece a los que se supone debe ser: “todas las personas y las comunidades tengan acceso equitativo a los servicios integrales y garantizados, que necesitan a lo largo del curso de vida, con calidad y sin dificultades financieras” (Organización Panamericana de la Salud, s.f.).

Realmente el panorama es otro, pues con miras a lograr sus propuestas la Ley 100 creó una estructura en la que nacieron las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS), como una figura administradora y ejecutora a la vez, con dicho poder las EPS fueron tomando total control del sistema de salud y tras una evidente incapacidad administrativa hoy son las causales de las miles de acciones de tutela a las que tuvieron que acudir los colombianos para lograr que se les respetara el derecho a la salud y se les brindara tal como se les había prometido, una cobertura real y total de sus necesidades, ya que las EPS quienes contrataron los diferentes servicios con Instituciones Prestadoras (IPS) no tenían mayor regulación y por ello se estaban convirtiendo en cunas de corrupción e ilícitos (Ocampo, 2021).

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