AUDITORIA

El Control Interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones,

mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a

las personas que conforman una organización pública, se constituye en un medio para lograr el

cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue,

generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe

atender.

El Control Interno por lo tanto no es un evento aislado, es más bien una serie de acciones que

ocurren de manera constante a través del funcionamiento y operación de una entidad pública,

debiendo reconocerse como un componente integral de cada sistema o parte inherente a la

estructura administrativa y operacional existente en la organización pública, asistiendo a la

dirección de manera constante, en cuanto al manejo de la entidad y alcance de sus metas se

refiere.

La Administración Pública tiene bajo su responsabilidad el cuidado, manejo y utilización de los

bienes públicos, en procura del beneficio y del bien común de todas las personas que habitan

el territorio nacional, dentro del marco de la Constitución y las leyes. En este sentido, las

entidades públicas están orientadas a prestar un servicio público y su legitimidad se sustenta,

en la eficiencia y calidad con que prestan estos servicios y satisfacen las demandas de la

comunidad, dentro de un marco de valores compartidos que promuevan los Derechos

Humanos, el bien común y la dignidad de las personas. La entidad pública por lo tanto necesita

una gestión eficaz y responsable que le permita sostenerse en las mejores condiciones

posibles, y lograr un equilibrio óptimo entre su administración y sus fines.

De allí que la Constitución Política en su Artículo 209º, incorporara el Control Interno como un

soporte administrativo esencial orientándolo a garantizar el logro de los objetivos de cada

institución pública y del Estado en su conjunto, fundamentado en el cumplimiento de los

principios que rigen la Administración pública en especial los de eficiencia, eficacia, moralidad y

transparencia; en la coordinación de las actuaciones entre las diferentes entidades que lo

conforman, preparándolo adicionalmente para responder a los controles de orden externo que

le son inherentes, y en especial al Control Ciudadano.

Lo anterior hace que el Control Interno en las entidades del Estado debe soportarse en la

Constitución Política y dentro de ésta, en aquellos aspectos que le dan origen a sus formas de

organización, a la manera como debe administrarse y controlarse, a los principios de

administración pública que le son inherentes, orientándolo como el medio que es para lograr el

cumplimiento de la finalidad social del Estado.

Conceptuar la base principal del Control Interno, a saber el Estado mismo, hace imperativo

conocer sus formas de organización y las competencias que dentro de él corresponde a cada

nivel, sector o entidad que lo conforman, constituyéndose en una fuente imprescindible de

orientación metodológica y aplicativa para establecer la importancia del Control Interno, como

soporte al cumplimiento de los objetivos de cada institución u organización pública y de los

fines esenciales del Estado.

El análisis normativo y técnico reflejó que la ley 87 de 1993 desarrolló los fundamentos básicos

del Control Interno que ordenaban los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, mas no

los aspectos estructurales del Control Interno que garantizaran uniformidad conceptual y

técnica en la implementación del Sistema de Control Interno. A pesar de esto, la jerarquía

jurídica que le otorga la Constitución y la Ley al Control Interno, le da un valor inestimable al

considerarlo como de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado y aporta la

base constitucional y legal de los aspectos aplicativos del Sistema.

Las normas reglamentarias de la Ley 87/93 expedidas hasta la fecha han considerado

aspectos relacionados

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