BENEFICIOS DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN LA GESTIÓN DE LA SALUD PERUANA Y ROL DE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EN SU ÉXITO

BENEFICIOS DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN LA GESTIÓN DE LA SALUD PERUANA Y ROL DE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EN SU ÉXITO.

El marcado déficit de infraestructura en los países de América Latina tiene en el sector salud peruano a uno de sus mayores exponentes. En este convergen, las limitaciones presupuestales y el déficit de recurso humano que han llevado a tener servicios insuficientes e ineficaces para las necesidades de la población. Esta realidad se ha puesto aún más al descubierto en el contexto de la pademia por la covid 19. Un estado ineficiente para la ejecución de obras y una falta de regulación y normatividad que facilite la transparencia y eficacia de los procesos delinean el marco de esta situación. La aplicación de Asociaciones Público Privadas (APP) en el Sector Salud representa una oportunidad para resolver estos problemas encontrándose experiencias exitosas en ESSALUD y MINSA las cuales muestran características de estandarización y sostenibilidad. Estas experiencias aún resultan escasas y primigenias; debiendo realizarse esfuerzos por acelerar la concretización de otros proyectos pendientes dejando de lado la sombra de la corrupción y otros factores como creencias aún persistentes que confunden APP con privatización que no hacen más que entorpecer el desarrollo de un modelo comprobadamente eficaz para realizar obras en beneficio de la salud de la población y que tienen en una adecuada metodología de asignación de riesgos una herramienta eficiente y confiable para el establecimiento de contratos. (Frankr, 2013)

En la década de 1980, Según el documento elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Infraestructura sostenible para la competitividad y el crecimiento inclusivo, la inversión en infraestructura en la región superó 3% del PIB; sin embrago desde entonces bajó fuertemente y fluctuó entre 2% y 3%, situando a la región lejos de la meta requerida del 5%, para cerrar la brecha existente. Esta cifra es el promedio regional y recoge una gran heterogeneidad entre países, no considera las inversiones requeridas en mitigación y adaptación al cambio climático (aproximadamente $ 30 000 millones USD anuales ó 0,6% del PIB), y tampoco todos incluyen las necesidades de mantenimiento de la infraestructura. (BID, 2015)

Con la expansión de las poblaciones y las economías latinoamericanas, las demandas de infraestructura adecuada, de mayor calidad y compatibles con el medio ambiente han aumentado. Estas demandas de infraestructura y de los servicios que ella involucra se enmarcan en desafío globales. Uno de los desafíos más importantes es la urbanización acelerada, pues latinoamérica cuenta con la mayor taza de urbanización, al estimarse que susciudades agregan 6 millones de habitantes por años a su población, esto genera déficit de servicios como seguridad, transporte y provisión de servicios básicos. Otro desafío es la sostenibilidad ambiental marcada por la creciente demanda energética y el aumento respectivo de emisiones sumándose a eso el tener la tasa mundial más alta de daños económicos por desastres naturales. Finalmente un desafío global inherente a latinoamérica es su rol crucial en la seguridad alimentaria mundial que lo obliga a tener infraestructura y logística que hagan eficiente este sector productivo.

Esta necesidad de infraestructura sólo puede compensarse con una ejecución eficiente de obras. En el enfoque de hacer obras de infraestructura hoy en día tenemos tres modos bien determinados. El primero es la obra pública tradicional, en la cual la propiedad de los activos y la responsabilidad de su operación son del Estado mientras que la mepresa privada es un mero contratista bajo los términos y responsabilidades establecidos en el expediente técnico. Los riesgos del proyecto recaen sustancialmente en el sector público, sobre todolos más significativos: el financiamiento y el diseño del proyecto. El segundo modelo y totalmente contrario al anteriro son  las privatizaciones, en las cuales la propiedad de propiedad de los activos se transfieren al sector privado, el cual pasa a ser respnsable de su operación y mantenimiento. En este caso la transferencia de riesgos a al empresa privada es total y el rol del sector públioc es la generación del servicio es mínimo limitándose sólo en algunos casos a regular. En el medio de los dos modelos anteriores encontramos a las asociaciones público privadas (APP) que pese a contar con variantes contractuales y modalidades, tienen como denominador común que la propiedad de los activos la retiene el sector público pero la empresa privada por lo general asume de forma toal las obligaciones de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Para que un proyecto de inversión pública o de APP tengan éxito, la toma de desiciones de forma razonable en el sector público es indispensable y resulta de gestionar adecuadamente. Existe certeza para indicar que con mejores administraciones, se contribuye mucho a reducir las brechas de infraestructura, mediante la realización de nuevos proyecto o simplemente con el uso más responsable de la infraestructura ya existente.

Pero, ¿cómo pueden, o a través de que acciones, las APP ayudar a mejorar la provisión de infraestructura?. La respuesta a esta pregunta se condensa en los llamados motores de valor, que hacen referencia a crear valor por dinero. Las APP incorporan estos motores a sus políticas, de las formas que resumimos acontinuación.

• Integrando costos de la vida útil del proyecto, referidos al diseño, construcción, operación y mantenimiento. Estos quedan bajo la responsabilidad de una de las partes lo cual reduce signifcativamente el costo total pues incentiva a conyemplar detallaes de aspecto del proyecto.
• Transfiriendo riesgos. Al retener los riesgos, el gobierno incurre en gastos sustanciales que por lo general no otorgan valor. Al tranferirse esta carga a la parte privada, se mejora su administración y se reducen sus costos.
• A través de un compromiso firme y anticipado para dar manteniemiento adecuado del activo durante su vida útil, otorgando previsibilidad presupuestaria y sostenibilidad.
• Enfocándose  en la prestración de servicios que se deben de prestar dejando de considerar otros objetivos o limitaciones frecuentes en el sector público.
• Haciendo innovación. Con contratos enfocados en resultados, que fomenten una contratación competitiva los licitadores requeren plantear propuestas innovadoras.
• Utilizando los activos, lo cual incentiva al sector privado a maximizar los niveles de ingreso posibles y reduciendo los costos del servicio pricipal del contrato.
• Movilizando fondos adicionales. Las APP pueden brindar fuentes alternativas de financiamiento a través de la provisión de servicios.
• Con una adecuada rendición de cuentas. Ya que los pagos del gobierno dependen de que la parte privada brinde los resultados esperados con la calidad, la cantidad y el plazo especificados. (BID, 2016)

Al año 2020 en el Perú, se esperaba que el desarrollo de asociaciones público-privadas (APP) permitan reducir la gran brecha de infraestructura, que supera los 160 000 millones de dólares. El país desde hace 20 años incorporó una política de estado hacia la promoción de la inversión privada en infraestructura pública. Esto impulsó el desarrollo de la economía, colocando al Perú como referente en la región en asociaciones público privadas. La búsqueda de la inversión privada mostró una apuesta por crecer de forma acelerada sin involucrar un mayor gasto fiscal. ProInversión ha sido el ente encargado de gestionar estos procesos, logrando 135 contratos adjudicados en diversos sectores, con compromisoso de inversión de alrededor de 35 mil millones de dólares. Estos resultados son los que habían posicionado al país como referente latinoamericano. (ProInversión, 2019)

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