Caso De Etica: Todo Por Una Vivienda

Cuarto caso: Todo por una vivienda…

La ciudad de San Andrés, capital de la república, había ido experimentando en las últimas décadas un crecimiento cada vez más explosivo. La migración desde el campo en busca de mejores posibilidades, la había hecho crecer en una forma que ya no era sostenible; esto, unido a la alta tasa de natalidad, llevó la situación a un posible colapso. Los servicios públicos resultaban insuficientes, y algunos barrios se habían tugurizado más allá de límites permisibles. Viejas casonas de la época colonial que albergaban a muchas personas podían colapsar en cualquier momento. El gobierno, por su parte, no mostraba inclinación por iniciar programas de vivienda popular, estaba más preocupado por la situación macro económica y por el despegue de la educación como la única alternativa para salir del subdesarrollo.

En estas condiciones se empezó a formar la Asociación Pro Vivienda del Nuevo Progreso. Los miembros de la asociación carecían de medios económicos, pero les sobraba entusiasmo e imaginación. El Sr. Hugo Zurdo, un antiguo dirigente de izquierda, dirigía esta Asociación.

Hugo era un hombre sin ambiciones materiales, quería sinceramente una sociedad más justa y no veía otro camino que el de su ideología. Actuaba con sinceridad y sentido común.

Hugo contactó desinteresadamente a la gente, la empadronó y la organizó para invadir un terreno del Estado en las afueras de la ciudad. Todo estaba planeado. Un sábado en la noche 600 familias invadieron el terreno de aproximadamente 50 hectáreas.

El domingo, por la mañana, llegaron los medios de prensa y las organizaciones de Derechos Humanos. Las cámaras encontraron carteles alusivos a la justicia social y a los invasores dedicados a trazar las futuras calles del Asentamiento Humano Nuevo Progreso. Hugo Zurdo, emocionado por el éxito de la invasión, hizo esta declaración:

“El derecho de las personas organizadas antecede al derecho a la propiedad privada. Los ricos y los gobiernos deben entender que si no se respeta el derecho del pueblo, el pueblo lo hará respetar. Esta es una invasión social, amparada por el derecho a actuar ante la desidia e insensibilidad del gobierno”.

La situación política interna del país hizo que el gobierno considerara estratégicamente conveniente actuar con “sentido social”, y después de empadronar a los invasores del terreno, les hizo firmar una declaración en la que afirmaban no poseer otras propiedades en alguna provincia y se procedió a diseñar, en concordancia con el Ministerio de Vivienda, las calles, áreas comunes, parques del nuevo asentamiento. Es decir, les concedió en terreno invadido.

En todo este proceso hubo sólo una dificultad: 2.500 metros del total invadido pertenecían a una empresa privada, cuya fábrica colindaba con la invasión, y que había comprado este terreno para hacer en él un patio de descarga y un almacén. Esta empresa interpuso un recurso ante el poder judicial reclamando su derecho. El recurso fue acogido por un juez amigo de Hugo Zurdo. Tal vez por esa relación, después de un breve estudio del caso, le dio poca importancia y pensó archivarlo. En realidad, no sabía qué era lo más justo…

Ante esta situación Hugo Zurdo salió a declarar:

“¡Ni un paso atrás! Cuando el pueblo actúa tomando lo que es suyo, jamás retrocede. Este terreno nos pertenece. Estamos en extrema necesidad de vivienda. Tengo entendido que en extrema necesidad los bienes son comunes. Además estamos aplicando nuestro derecho prevalente y el principio de subsidiariedad. Esta invasión social es ética porque soluciona el problema de vivienda de muchas familias”.

Las declaraciones de Zurdo habían desatado una preocupante agitación, ya no sólo entre los invasores iniciales sino entre otra gente que se iba sumando a la invasión, así que el gobierno no sabía si era ético expropiar el terreno de

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