Convocatoria

1. Introducción

En la década del 1940, la República Dominicana se sumerge en profundas reformas estructurales

para la implementación de un nuevo y amplio sistema de seguridad social. A tales fines, se

promulgan leyes tendientes a la implementación de tal sistema culminando con la creación del

Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) en el año 1962, el cual tenía como función

principal administrar y distribuir mediante pensiones del tipo de invalidez y vejez la recaudación

de un 12,5% del salario de los trabajadores considerados de ingreso bajo del sector privado.

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Dado que la cobertura de este programa era prácticamente mínima, distintos sectores de la

economía y hasta las empresas e instituciones del Estado, se vieron en la necesidad de crear cada

uno su propio fondo para financiar el consumo de la vejez de sus empleados. Cada plan se

diferenciaba uno del otro en la fórmula de beneficio y no contaban con un ente regulador que

velara por el derecho de los trabajadores.

Por más de 50 años los dominicanos de bajos recursos vieron a la pensión por vejez e invalidez

como un regalo del presidente, no como una obligación, no reclamaban sus derechos de una

pensión acorde a sus años de servicio y salario recibido, quedando ésta además a discreción de la

administración pública. El esquema anterior solo cubría empleados de bajos ingresos del sector

privado, gracias a la presencia de un techo que excluía los trabajadores considerados de ingreso

alto. Esto tuvo el efecto de una cobertura restrictiva y el desconocimiento del tamaño potencial

de la deuda del fisco con estos trabajadores. No cumplía con el objetivo de la redistribución del

ingreso, los ricos no aportaban al sistema, dándose una transferencia de ingreso de una

generación pobre a otra.

El 9 de mayo del año 2001 se promulga la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de

Seguridad Social, la cual tiene como objetivo “desarrollar los derechos y deberes recíprocos del

Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la

población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia,

enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales”; además de “eliminar las exclusiones,

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