Economia.

INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana en los asuntos que le conciernen ha sido una vieja aspiración de la sociedad nacional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), como ninguna otra en su historia, incorporó en su texto dicha pretensión. Desde el preámbulo hasta él último de sus artículos, la carta magna invoca la participación protagónica de los ciudadanos, como condición establecida en una sociedad democrática.

En Venezuela, se ha venido desarrollando una crisis económica originando el aumento de la pobreza, a consecuencia de la disminución de las fuentes de empleo; la recesión económica se destaca generalmente por la desactivación del aparato productivo, provocando el cierre de muchas empresas y despidos de personal, lo cual ha desarrollado para unos un deterioro de las condiciones económicas de la nación y para otros este fenómeno ha aliviado el problema del desempleo, se trata de la economía informal organizada. (Escalona, 1998)

El cumplimiento de las exigencias oficiales se torna engorroso y en ocasiones difíciles de mantener por el costo; no todos los ciudadanos acceden a los empleos formales; por tal motivo surgen los mercados informales organizados tratando de cubrir las necesidades básicas para subsistir, naciendo así la necesidad de implantar sistemas de previsión social que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores que están al margen de las leyes y de la seguridad social.

En este orden de ideas, la presente investigación tiene como objetivo general el de formular una propuesta para la incorporación de los trabajadores de la economía informal del Mercado Murachí del Municipio Libertador del Estado Mérida, al sistema de seguridad social en materia de pensiones.

En esta perspectiva, el estudio se dividió en cinco capítulos a saber: El Capítulo I, proporciona información de la problemática a la que se quiere hacer referencia, los objetivos que guiaron la investigación, su justificación y el alcance.

En el Capítulo II, se presenta el marco teórico, desarrollado a través de aspectos tales como los antecedentes históricos, la fundamentación teórica, las bases legales y la operacionalización de las variables.

El Capítulo III, plantea el marco metodológico; allí se desarrolló el diseño y el nivel de la investigación, la población y muestra y, las técnicas e instrumentos utilizados para recolectar la información.

Seguidamente, en el Capítulo IV, se puntualizaron los resultados obtenidos, esto se hizo mediante la representación de tales resultados a través de tablas y gráficos, los que posteriormente fueron analizados e interpretados.

Luego se encuentran las conclusiones y recomendaciones pertinentes a la investigación realizada en el Capitulo V.

Finalmente, en el Capítulo VI, se plantea la propuesta que efectúa la investigadora para la incorporación de los trabajadores informales organizados al sistema de seguridad social en materia de pensiones.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

En la actualidad la mayor o menor participación de la ciudadanía en el funcionamiento del sistema de seguridad social, mas allá de las formalidades de la ley, depende de la mayor o menor cultura previsional que ostenten las personas sujetas al campo de su aplicación. Venezuela es uno de los países que contaba con menos cultura previsora, lo cual ha cambiando en los últimos años. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), señala en su Artículo 86 lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la vejez,…. y cualquier otra circunstancia de previsión social...”

Ahora bien, al observarse cualquier ciudad o población venezolana, se encuentra una gran cantidad de sus habitantes que se desempeñan en la economía informal, lo cual lleva a reflexionar y preguntarse ¿Cuáles son las condiciones laborales en que estas personas se encuentran?

Este fenómeno de la economía informal tiene implícito una serie de variables que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer análisis, entre otros cabe mencionar, el que ésta absorbe gran parte de los jóvenes, los cuales la asumen como una actividad complementaria a sus estudios o simplemente porque su capacitación o experiencia no es suficiente como para ingresar al sector formal. La economía informal adolece de protección legal, porque no existe un marco jurídico que proteja el ejercicio laboral de las personas que allí se desempeñan.

En palabras de Sánchez (2002), quien señala que la economía informal y la pobreza son manifestaciones conjuntas y ligadas por una relación de tipo coincidencial, de un mismo proceso de estabilización económica y social. El problema principal no radica en cómo medir el sector informal, sino cómo rescatar sus potencialidades para contribuir a su transformación.

El fenómeno seguridad social se está tratando de enmarcar en el de una cultura ciudadana y concienzada en la cancelación del impuesto, entendida no sólo como el hecho del pago de la imposición fiscal sino como una forma esencial de prevenir para el futuro. Se advierte que ésta debe estar fundamentada en los “Principios de Solidaridad, Justicia Social y Equidad”, por lo tanto, se trata de una previsión social y humana llevada de la mano del gobierno y organizaciones que integren a los trabajadores informales organizados.

Construir una democracia justa y pacífica, en la que sus miembros disfruten de bienestar, pasa por consolidar una sociedad segura en todos los aspectos, de aquí la razón para que exista una buena retroalimentación entre el patrono, trabajador y seguro social (gobierno) y, ahora trabajadores de la economía informal organizada. Por tal motivo, se deben cumplir los deberes formales en especial las cancelaciones de las tasas e impuestos respectivas.

Ahora bien, el Estado Mérida, lugar eminentemente turístico, no se caracteriza precisamente por ser una zona industrial o de gran comercio, por lo tanto, carece de alternativas de trabajo para ingresar a los empleos formales. La región posee gran cantidad de artesanos y personas independientes tratando de iniciar alguna actividad que no genere demasiados costos, pero que le provea del sustento diario; debido a esta situación, las autoridades locales han notado la necesidad de agruparlas en espacios adecuados donde puedan ofrecer sus productos o servicios. (Dávila, 2002)

En vista de lo anteriormente señalado se

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