El rol del Estado en la prevención y solución de conflictos

El Rol del Estado en la Prevención y Resolución de Conflictos

María Eliana Grajeda Puelles

La presencia de numerosos conflictos socioambientales en el Perú ha ocasionado que las entidades del Estado coloquen en sus planes operativos y hasta en su marco estructural la gestión de los mismos, este hecho se estaría dando debido a que la inestabilidad social y la aparente falta de seguridad jurídica estarían ahuyentando las inversiones.

Las causas del surgimiento de los conflictos socioambientales en el Perú son muy diversas, sin embargo la dinámica de los mismos siempre es la misma: confrontación o crisis, negociación y acuerdos, es decir el Estado reacciona después de la confrontación y crisis, se aprecia que son insipientes las medidas de prevención.

Una de las causas más importantes de los conflictos es el temor a la contaminación, que implica la vulneración del derecho fundamental a gozar de un ambiente saludable, lo cual está ligado a la vida, a la salud e integridad personal, a la propiedad, etc. Esta afectación en muchos casos es difícil de determinar, entre otras razones debido a que el Estado no cuenta con las suficientes capacidades técnicas y financieras como para determinar con precisión la relación entre la contaminación y los problemas de salud que pudiera presentar cierta población (Defensoría del Pueblo 2008).

Generalmente la población reclama por la presencia de proyectos relacionados a actividades productivas, extractivas o de servicios que podrían tener implicancias negativas en los componentes ambientales agua, aire, suelo, así como en la cobertura vegetal e incluso en la fauna; es importante mencionar por ejemplo, los antiguos pasivos ambientales generados por actividades industriales, productivas o extractivas que en muchos casos han resultado siendo anónimas, porque es materialmente imposible imputar responsabilidad alguna; la contaminación por vertimientos industriales y vertimientos domésticos se encuentran generalizada en el país, mención especial merecen las actividades de la pequeña minería, minería artesanal, minería informal e ilegal; el temor de la población y por ende el conflicto se `presenta en pleno proceso de operaciones o incluso antes de la implementación del proyecto.

La percepción de la exclusión social, la desigualdad y la discriminación son motivos de conflicto muy importantes, así tenemos que en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica se tienen los niveles más altos de pobreza del país, estas regiones registran indicadores entre 47,4% y 52,3%, (INEI - 2014), aunque estos índices han ido reduciéndose, podemos apreciar que es precisamente en estos departamentos donde se desarrollan actividades extractivas, en donde subsisten los conflictos socioambientales, debido fundamentalmente a que no son beneficiarios de estas actividades, pese a que cierto número de pobladores es contratado por las empresas para ocupar cargos operativos elementales, por la falta de expertiz de la mano de obra local; este hecho es considerado discriminatorio y se configura en causal de conflicto, por otro lado si bien el movimiento económico se incrementa en la zona por la presencia de las empresas, esta situación hace que se incrementen los precios de los productos de pan llevar, entonces resulta que la presencia de estas empresas más que beneficiosa es perjudicial para la población; en estas circunstancias es que surgen y se establecen los conflictos.

Tenemos entonces que los conflictos socioambientales en el Perú se producen debido a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas y esto tiene que ver en muchos casos con el incumplimiento de las funciones de algunas entidades públicas, es el caso por ejemplo de la responsabilidad que tienen las municipalidades provinciales y distritales de cautelar el ambiente y los recursos naturales, estando entre sus funciones el correcto manejo de residuos sólidos y líquidos, siendo que actualmente en el país sólo existen nueve rellenos sanitarios, casi dos mil municipalidades a nivel nacional cuentan con botaderos o lugares de acumulación de residuos sólidos que constituyen focos infecciosos; así también tenemos el caso de los servicios básicos de agua de consumo humano, tratamiento de aguas residuales domésticas y alcantarillado, el servicio que brindan las municipalidades es totalmente deficitario; pese a que cuentan con presupuestos provenientes del canon minero o canon gasífero según les corresponda; así se sabe que a nivel nacional, existen 50 Empresas Prestadoras de Saneamiento que brindan servicio de alcantarillado a 15´ 392, 203 habitantes lo que representa el 69.65% de la población de zonas urbanas en el país, es decir no cuentan con el servicio 6´707, 797 habitantes que equivale al 30,35% (OEFA 2014), estando en peor situación la zona rural; lo preocupante de este caso es que precisamente en las zonas donde se realizan actividades productivas y extractivas y donde deberían haber señales de desarrollo, no se cuentan con servicios adecuados de saneamiento básico, entonces, nos encontramos ante el incumplimiento funcional flagrante de las responsabilidades de las entidades del Estado, en este caso de las Municipalidades, siendo totalmente ajenas a que esta actitud condiciona la generación de conflictos (López A.V. 2000), en ese entender resulta natural el surgimiento de conflictos sociales.

Las diversas vulneraciones a los derechos fundamentales también se deben a la ausencia del Estado, a la falta de normas o procedimientos que permitan a las instituciones cumplir con su deber y con sus funciones; en determinados casos se trata de percepciones de la población, frente a cualquier hecho de contaminación, automáticamente se relaciona a las actividades de la empresa en la zona, asimismo la población ve en la empresa a una organización que debe reemplazar la presencia del Estado, se dan casos en los que la población exige a la empresa medidas de desarrollo productivo, seguridad alimentaria, cuidado de la salud, vivienda, entre otros.

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