Empresas Internacionales, Un Caso De Corrupción E Impinidad

Empresas multinacionales: Un caso de corrupción e impunidad

“La mejor razón para comenzar una organización, es tener sentido para crear un producto o servicio que haga del mundo un lugar mejor.”

Guy Kawasaki

La globalización no ha dejado claro hasta el momento cuál es exactamente el comportamiento que deben asumir las empresas en un contexto mundial, lo cual ha dado pie a grandes fraudes internacionales pero sobre todo, a una marcada violación de la soberanía, la integridad y los derechos humanos de las personas.

Por esta razón, el siguiente ensayo pretende analizar el papel del gobierno como ente regulador de las empresas multinacionales, con el fin de comprobar que es posible generar un escenario propicio tanto para los trabajadores, el medio ambiente y su población en general, sí se establece una relación regida bajo un marco ético y sostenible.

De acuerdo con Díaz y Martínez (2013), la globalización ha hecho posible un desplazamiento de muchos y nuevos centros de poder, haciendo que el núcleo político tradicional ocupe un lugar menos privilegiado y que se desconozca dónde se encuentra el poder económico realmente. Es por esto que en el mundo, cada nación se maneja bajo diferentes reglas y costumbres, por lo cual, la brecha en el entendimiento de la responsabilidad social es amplia, ocasionando que las corporaciones globales adapten sus prácticas a los estándares de cada país para poder ejercer en ellos.

Las empresas multinacionales son agentes que han obtenido gran importancia en la actividad económica mundial, “éstas son responsables de dos tercios de las exportaciones mundiales de bienes y servicios” (De la Desha, 2004), lo cual les proporciona un mayor poder de influencia y negociación ante los gobiernos de los países subdesarrollados.

Esto nos lleva a una realidad dónde tal y como lo menciona John Dalla Costa (2013) “la ética parece estar ausente en todas partes, incluso en los gobiernos, quienes por medio de cuotas de compensación permiten a las empresas disminuir su moderación y su responsabilidad, provocando las famosas fallas de mercado” (Cepeda y Shea, 2013)dando lugar al paraíso de las empresas multinacionales, en el cual actúan como mejor les parece, sin brindar importancia al aspecto social ni a los derechos humanos.

En 1974, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) creó el Centro de empresas transnacionales y la Comisión sobre las empresas transnacionales, a fin de elaborar una serie de recomendaciones que representarían la base de un código de conducta ético para las empresas multinacionales. Sin embargo, hasta la fecha, “los países industrializados anuncian que no están listos para aceptar que las actividades de las empresas multinacionales sean controladas de manera excesiva.” (Zubizarret, 2008). Es por esto que las corporaciones globales basan sus intereses en el argumento apoyado por Bhagwati (2004:259), “las empresas multinacionales que generan trabajo deberían ser aplaudidas, sin importar que su motivación para invertir en el extranjero sea obtener beneficios y no hacer el bien”.

Otorgar tanto poder a las empresas multinacionales tiene variadas consecuencias, las cuales han sido denunciadas por “Organizaciones Sindicales, ONG, e incluso por algunos gobiernos, ante las instancias internacionales, particularmente la OIT, el ECOSOC, la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas” (Fauchére, 2006) quienes han realizado esfuerzos para regular esta situación a través de los años. Sin embargo, los procedimientos tan sólo se rodean por un aura de modernidad, pero siguen siendo los mismos, aquellos que degradan las condiciones de trabajo y atentan contra la libertad de los trabajadores.

“Actualmente, en nuestra sociedad globalizada, la inmoralidad y la amoralidad han alcanzado niveles que los ciudadanos, el mundo político e incluso el sector privado ya no pueden tolerar.” (Fauchére, 2006). Entonces la ética cívica resulta el primer paso para cambiar estos modelos y convertirlos en patrones que fomenten el verdadero desarrollo tanto de las empresas, como de los países. Si tomamos en cuenta que “para las empresas es voluntario cumplir con las expectativas sociales que van más allá de la ley” (Matten, 2013), estaríamos refiriéndonos a su ética de mínimos, cuando en realidad necesitamos que contribuyan a la comunidad por medio de una ética de máximos, ya que como lo menciona Emilio Martínez Navarro “nuestras acciones y decisiones tienen un impacto social.” (2006, p.132).

Basado en esta idea, Paul Polma, CEO de Unilever, menciona que “hay que crear negocios de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de las comunidades, porque todas las marcas deben tener un propósito social”. Esta figura de los negocios plantea un escenario dónde tanto la empresa como la sociedad se benefician de la existencia de marcas multinacionales, ya que no tan sólo implica ofrecer y recibir productos y servicios de buena calidad a precio justo, sino acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas por medio de un trato merecido al trabajar para ellas, a cambio de la lealtad que se le debe a la empresa.

Al ser las actividades económicas fruto del trabajo colectivo de la sociedad, “el proceso económico debe concebirse en función de las necesidades de las personas con el fin de no convertirse en un esclavo de sus propias obras” (Garavito, 2008). Es éste el reto de los negocios internacionales, debido a que “los administradores de multinacionales enfrentan una gama de desafíos” (Jane, 2013), tienen la obligación de formar una historia global dónde en conjunto con el gobierno, ofrezcan un contexto propicio para que las personas se desempeñen bajo condiciones dignas, permitiéndoles mejorar sus estándares de vida, a la vez que la sociedad completa se beneficia del funcionamiento de ésta relación.

Una propuesta para lograr este objetivo, es que los países se den a la tarea de aumentar la calidad de sus instituciones gubernamentales, las cuales haciendo uso del marco de la justicia, vigilen de manera más puntual las operaciones de las empresas multinacionales (Shapiro y Globerman, 2002). Contar con una política abierta de IED en dónde los gobiernos entiendan los conocimientos tecnológicos y prácticos que aplican las empresas multinacionales apoyará esta propuesta, ya que les permitirá estar preparados en cualquier cambio del escenario.

Partiendo de esta idea, entonces los gobiernos se verán en la posibilidad de crear

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