Gasto Social En Colombia

Gasto social en Colombia

En Colombia, tradicionalmente la discusión sobre la distribución del gasto social ha estado centrada en los gastos en salud y educación.

Esto refleja un punto de vista compartido por muchos en el sentido que la política social debe orientarse a erradicar las causas de la pobreza y que estos dos factores (salud y educación) son determinantes en el tema. Sin embargo, en la última década lo que hemos visto es un cambio de orientación del gasto social hacia lo que nuestro presidente actual ha denominado “Seguridad Democrática”, como uno de sus principales políticas a implementar en el territorio colombiano. Esta política gubernamental entonces, es en la actualidad la que tiene asignada la mayor parte del gasto público en Colombia, ya que ha sido necesario aumentar el gasto militar y los mecanismos de protección y seguridad ciudadana.

Sin embargo, si se echa un vistazo a la orientación del gasto social en Colombia, en los últimos 10 años, esta ha obedecido no sólo a las políticas y las reformas que se han adelantado en este sentido, sino también a factores institucionales. Por ejemplo, las políticas y las reformas sociales de los noventa, han obedecido a importantes cambios constitucionales (reforma a la Constitución Política en 1991), que también han incidido en otras instituciones, particularmente las fiscales y presupuestales.

Desde la perspectiva de los ejecutores del gasto, los recursos y su oportunidad suelen considerarse simplemente como restricciones e imposiciones externas; sin embargo, desde la perspectiva de los que toman las decisiones fiscales, las tendencias y variaciones de la economía suelen ser vistas como las que determinan principalmente las disponibilidades para atender la demanda de gasto público. Pero las decisiones de gasto público son fundamentalmente políticas y mediadas institucionalmente, es decir definidas por comportamientos estratégicos según los intereses y prioridades planteadas por cada gobierno. De allí que aunque en Colombia no se ha descuidado la inversión en salud, educación, saneamiento, etc, una de las prioridades sea la “seguridad ciudadana”.

Dentro de las políticas definidas como consecuencia de la reforma a la Constitución en 1991, la descentralización fiscal se tomó como una estrategia para la orientación y movilización de recursos a los entes territoriales para su manejo autónomo, en tal forma que se obtenga un beneficio neto al momento de entregar servicios sociales a una comunidad. En consecuencia, gasto social y descentralización son dos caras de un mismo fenómeno: intervenir la economía de manera eficiente, ofreciendo, además, bienes y servicios de óptima calidad.

Sin embargo, una visión de la política gubernamental actual ha llevado a plantear “la centralización” como una estrategia para mejorar la asignación, ejecución y distribución

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