Impuestos

Disidencia: Fayt, Carlos

Hace lugar al recurso extraordinario y deja sin efecto la sentencia apelada.

1. El actor está legitimado para plantear la cuestión.

No puede exigirse la existencia de un interés legítimo cuando se trata del derecho fundamental a que la Constitución se mantenga.

Desde otro ángulo, podría decirse que la cuestión de fondo planteada en la demanda se relaciona con la forma en que los convencionales habrán de ejercer su mandato de modo que sin duda alguna ellos cuentan con legitimación bastante para plantear el debate.

2. El art. 5 de la ley 24.309 quebranta los procedimientos regulares que legitiman la reforma (arts. 1 y 30 de la C.N.).

El art. 1 de la C.N. se refiere a la forma de gobierno representativa, estableciendo que es el pueblo el que gobierna através de sus representantes. Por otro lado no puede desconocerse el carácter de representantes de la Nación que revisten los convencionales constituyentes. De manera que si se afecta la participación libre e independiente de los convencionales indirectamente se limita al pueblo.

El art. 30 de la C.N. expresa: "La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso...; pero no se efecturará sino por una Convención Convocada al efecto".

El artículo limita la facultad preconstituyente del Congreso a declarar la necesidad de la reforma constitucional; no autoriza al Congreso a asumir funciones constituyentes ni a convertir a la Convención en un órgano de ratificación de una reforma llevada a cabo no ya por la Convención sino por el Congreso.

3. Debe descartarse toda interpretación que postule la imposibilidad de cuestionar judicialmente normas inconstitucionales por haber sido adoptadas por la mayoría de un órgano deliberante (Asamblea Constituyente).

"Razonar de este modo haría improcedente cualquier control de constitucionalidad".

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