LA MOCIÓN DEL ORDEN HOLGÓRICO

LA MOCIÓN DEL ORDEN HOLGÓRICO

Lo que acostumbramos a llamar Instituciones necesarias, son a

muchas de las instituciones a las que nos hemos acostumbrado.

(Alexis de Tocqueville)

El establecimiento, desarrollo y crecimiento del país ha sido de la mano de una lucha sangrienta por fines e intereses de la plebe y de particulares, que infirieron en darle forma a la nación; por ende las instituciones no son autovalentes ni se denotan y caracterizan como huella inefable, sino que pertenecen y están sujetas a las mil y una de las variantes nacionales de jurisprudencia, radicada en las condiciones de una nación sin rostro, en la que la justicia prevalece por intereses nocionales que equiparan arbitrariamente a la idea idónea de la institucionalidad  teórica, que admite y refleja el legado histórico colombiano, al igual que la singularidad del sistema legal bajo elementos de la estructura social que organizan las instituciones examinadas.

Las instituciones como parte integral de la sociedad, impactan el desarrollo económico como coadyudante de las acciones populares, además que garantizan los derechos de propiedad, generan la cooperación o el conflicto entre la población, para lo que permiten o son limitantes en la depredación sobre la producción que pueden determinar varios o distintos grupos sociales, ya sea en forma lícita o ilícita, un forma tangible de impacto  básico del desarrollo económico, es el producto per cápita que refleja la acumulación de capital y la productividad bajo el uso de diferentes factores, que al tiempo dependen de la educación dirigida hacia sectores de privilegio en estatus poblacional1.

La jerarquía  institucional junto con  las políticas públicas, a lo que autores como Hall y Jones han definido como “infraestructura social”. Juntas definen el medio económico por el cual la grupalidad mantiene y genera reservas en habilidades y conocimientos de viabilidad capital y en conjetura la producción de bienes. La infraestructura social atribuye méritos al rendimiento

 exponencial por trabajador como engrane de apoyo productivo, la adquisición de destrezas, la invención y la transferencia de tecnología, no es de desconocimiento político-social, con una política monetaria expansionista que termina generando inflaciones altas concurrentes y disipados como impuestos a las rentas fijas y que deterioran los ahorros del común o se esquematiza como el valor real de los préstamos de los deudores, entre ellos y el propio gobierno. Este tipo de incidentes inflacionarios destruyen el capital y son semejantes a las expropiaciones o préstamos con carácter monárquico sin influencia burgués. forzosos que solían hacer los monarcas; los derechos de propiedad están y siguen perdiendo la seguridad bajo la influencia privada con el poder militar, lo que desincentiva las inversiones de largo plazo, las luchas políticas implican el uso de la fuerza, una conglomeración de propiedad destruida y  que involucrar la amenaza en su contabilidad de precios.

Cuando el país estaba en la propaganda independentista de la Nueva Granada, su sector público no sobrepasaba el 25% del producto doméstico, 13% correspondiente a impuestos, 4% a impuestos eclesiásticos como los diezmos y lo demás a las rentas estancadas del tabaco y del aguardiente. Los negocios con mayor rentabilidad de esa época estaban monopolizados por la Corona Española, ejecutado por medio de controles tangibles a la producción, llamados “estancos”. Además que buena parte de las rentas se daban por la minería; la única institución bancaria existente era la eclesiástica que prestaba al señorío propietario de la tierra con una tasa de interés del 4% anual, ofreciendo como garantía sus propiedades debidamente censadas o hipotecadas. Las actividades de carácter privado sin el menor regulamiento se concebían como peligrosas y la banca privada libre como albergue de la usura, ideologías que sobreviven hasta la actualidad.

Un estado que se adueñaba del excedente económico de los sectores productivos y financieros, por tanto la economía privada era total y absolutamente abnegada y reprimida en todas sus expresiones y formas inefables de cierto rasgo y tendencia hacia el desarrollo, una respuesta de indignación fue en primera instancia la “revolución”2, comunera bajo la consigna de aparente

rechazo pero aun con repudio “Viva el Rey, abajo el mal gobierno”, no obstante la pretensión, no era únicamente la del cambio de gobierno, sino un cambio radicalizado en nueva política que velara por los intereses comunes, de manera arrogante propio de la época colonial; la Independencia no trajo un estado de derecho, sino hasta la mitad del siglo XX que surgió un deslumbre de inclusión ciudadana.

Pese a una cierta o incierta liberación la nueva noción de país estaba muy lejos de serlo, una soberanía en ruinas y precarias condiciones de vida, bajo el dogma tributario de una miseria que nació bajo un manto de sangre, por un fin y luego a mediados del siglo pasado una esquematización ideológica de las nuevas guerrillas con o sin planteamientos de una nación, pero esa idea se sostendría de pie con la muerte y el terror de un futuro incierto y que hasta el momento esclaviza con mérito propio y de mantener viva la colonia Española, bajo los criterios de trabajo común, en la viva ignorancia del más fuerte y estratega.

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