LA RELACION DE LA FUNCION PÚBLICA EN LA LEGISLACION MEXICANA

[pic 1]

LA RELACION DE LA FUNCION PÚBLICA EN LA LEGISLACION MEXICANA

99. La situación legal anterior a la expedición del Estatuto de los trabajadores del Estado. La posibilidad de una ley del servicio civil.

l00. El Estatuto de 5 de diciembre de 1938 y el de 4 de abril de 1941. La adición constitucional y la nueva Ley reglamentaria de esa adición.

l01. Tesis que adopta respecto de la naturaleza jurídica de la función pública. El nombramiento del empleado público.

l02. Restricciones legales.

99. La principal teoría sobre la naturaleza de la relación jurídica del Estado con sus servidores, determinaremos cual es la que sobre el particular adopta la legislación mexicana.

Previo a esto no existía una legislación que determinara o diera certeza jurídica y legal a los servidores públicos o funcionarios del gobierno en este caso. ¿Por qué? Porque no había una reglamentación que en este caso son los estatutos, los cuales se promulgaron en 1938 posteriormente se establecieron los que solamente estaban reglamentados. Como por ejemplo pudiera ser que se le faculta al presidente para nombrar a los secretarios de despacho. Como se menciona en el artículo 89 de nuestra constitución política, había requisitos para cada uno.

Los ministros de la corte solamente podían ser establecidos por el senado y los agentes consulares y diplomáticos también.

Mencionando algunos de los requisitos para ser electo ministro como el artículo 95 de nuestra constitución dice

• Ser ciudadano Mexicano por nacimiento.
• Tener cuando menos treinta y cinco años.
• Título profesional, Licenciado en derecho.

Los magistrados y jueces de distrito, serán nombrados y adscritos por el consejo de la judicatura federal.

Desafortunadamente la Ley Federal del Trabajo del año de 1931 excluyó de sus disposiciones a los empleados y funcionarios públicos al declarar que "las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan".

La Suprema Corte declaró en varias ocasiones que los empleados públicos no estaban ligados con el Estado por un contrato de trabajo y que por lo tanto, no gozaban de las prerrogativas que para los trabajadores, consignó el artículo 123 de la Constitución, ya que ésta "tendió a buscar un equilibrio entre el capital y el trabajo, como factores de la producción, circunstancias que no concurren en el caso de las relaciones que median entre el Poder Público y los empleados que de él dependen".

Para limitar la facultad discrecional del Presidente de la República para nombrar y remover a sus empleados, se expidió el 9 de abril de 1934 un acuerdo presidencial estableciendo el servicio civil por un tiempo determinado.  En dicho acuerdo el Ejecutivo abdicaba de su facultad discrecional de remover a los empleados del Poder Ejecutivo y estatuía como seguridad de los propios funcionarios y empleados y en bien de la eficacia de los servicios públicos, un régimen interno con normas para la admisión y nombramiento de los servidores del Gobierno, señalando sus derechos, obligaciones y recompensas.

Se acentuó la expedición de medidas que garantizaran la estabilidad de la situación del servidor público y que impidieran que esa situación estuviera sujeta al capricho y arbitrariedad de las autoridades superiores. Una  del Servicio Civil que viniera a restringir la libertad de acción del Ejecutivo seria perfectamente admisible por haber sido prevista en el mismo texto constitucional.

100. Esta etapa de imprecisión concluyo al ser expedido finalmente el 5 de noviembre de 1938.

El Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, se define en forma detallada el régimen al que se sujetan los empleados públicos. Aunque ese Estatuto fue sustituido por el de cuatro de abril de mil novecientos cuarenta y uno. Se consagraron como leyes constitucionales en la adición que se hizo como apartado B al artículo 123 de la Constitución Federal el veintiuno de octubre de 1960.

...