La Evolucion De Las Aduanas

EVOLUCION DE LAS ADUANAS EN MEXICO

Se ha dicho que la aduana es una oficina que representa al Estado nacional en las fronteras de éste. Su actual transformación viene aparejada con el debilitamiento de los estados nacionales, consideradas como unidades geográficas con fronteras definidas, con diferencias políticas y culturales, y enfrentadas entre sí. En algunos casos desaparecen estas diferencias; valga el ejemplo de Europa, que se ha conformado en una comunidad de estados y las fronteras se ha difuminado, junto con los aranceles. En México, las aduanas, y su normatividad, han seguido el camino señalado por las políticas económicas, cuyo comercio se ha basado hasta ahora en acuerdos multilaterales.

Antecedentes de la aduana en México

La actividad aduanal en México se inició apenas consolidada la Conquista. El meticuloso control que ejercía la Corona

Española en la vida económica de todas sus posesiones fue particular sobre las mercancías que llegaban del Nuevo Mundo. Incluso se crearon instituciones, como la Casa de Contratación, en 1540, encarga-da de fiscalizar el tránsito de bienes y personas entre la metrópoli y sus colonias. Su edificio se ubicó frente a la Plaza de Santo Domingo y la gran cantidad de carruajes que se estacionaba en la zona, a la espera de que los oficiales de la aduana revisaran sus mercancías, provocaba problemas de tránsito a los habitantes del centro de la Ciudad de México.1 Producto también de las actividades aduanales, en los portales de la plaza aparecieron escribanos expertos en redactar pagarés y cartas de porte; y a pesar de que la aduana funcionó hasta 1887, la actividad de los escribanos aún pervive, pero ya modernizada.

Durante el primer periodo del Virreinato, el comercio entre las colonias americanas fue obstaculizado por diversas leyes y restricciones, debido a que la política era que los productos debían pasar siempre por los puertos españoles. Con la imposición del almojarifazgo —impuesto aduanal por excelencia, de entre 5 y 7 por ciento, con el cual se gravaba a las mercancías que entraban y salían de cada colonia— y el derecho de avería —impuesto para cubrir los gastos para la protección de las mercancías contra el pillaje, durante el trayecto— se desalen-taba a los productores y comerciantes, que de por sí tenían que pagar otros impuestos, como la alcabala —aplicado a toda compra-venta— y la sisa —que se cobraba por usar los patrones oficiales de pesos y medidas.

A lo largo de las reformas fiscales que efectuó la dinastía borbónica entre 1760 y1808, el panorama cambió: se derribaron las barreras arancelarias entre las posesiones españolas, con lo cual se activó la economía regional y el intercambio económico; sin saberlo, la monarquía fomentó el contacto ideológico entre las colonias, que ya gestaban sus luchas de independencia

Tras la Independencia, el mantenimiento del control de los puertos, sobre todo de las aduanas, era prioritario desde la perspectiva económica. Casi de manera exclusiva el comercio exterior del país, en 1821, se realizaba por el puerto de Veracruz, aun cuando desde 1820 se habían habilitado varios puertos para el comercio con España, que mantuvo relaciones comerciales con México —de hecho era el socio comercial más importante en ese periodo—. Se estableció entonces un solo derecho de 25% proveniente de la hacienda pública mediante el sistema de aforo; esto es, del valor de la mercancía fijado en el arancel.2

Las importaciones de México eran, en su mayoría, de bienes de consumo, sobre todo textiles, y muy pocos bienes de producción. Asimismo, las exportaciones se centraron en materias primas: metales, minerales y tinturas vegetales; esta situación fue similar durante todo el siglo xix. El comercio exterior proporcionaba casi 50% del ingreso federal y por esta razón fue de suma importancia el control de las aduanas durante la Reforma y en los inicios del siguiente siglo.

El proteccionismo estatal no ha sido privativo de los gobiernos posrevolucionarios, pues durante el régimen de Porfirio

Díaz, mediante elevados aranceles, se favoreció a ciertos sectores, como el textil y el del acero. Como explica Graciela Márquez:

“En los años noventa [1890], José Y. Limantour, secretario de Hacienda de 1893 a 1911, consolidó una política arancelaria favorable a una sustitución de importaciones por la vía de la reducción de tasas a materias primas y bienes de capital, y su aumento a bienes finales”.3 En 1916, en plena Revolución, se publicó la tarifa de aranceles, con la que “se redujeron los gravámenes a los artículos de primera necesidad y se aumentaron para los artículos de lujo”.4 En ese mismo estudio se muestra cómo de 1910 a 1911 el ingreso por aran-celes representaba, en promedio, 45% de los ingresos totales; mientras que de 1918 a 1929 fue de 19%. Márquez analiza los factores que determinaron el crecimiento económico del país en este breve periodo, entre los cuales están los aranceles como un instrumento más. Lerma señala que en 1910-1911, 55.3% de las importaciones venía de Estados Unidos y 42 % de Europa; de las magras exportaciones, 77% se dirigía hacia el primer país y 21.5% hacia el continente europeo.5

La agilización o la posibilidad de la planeación de trámites aduanales dependían del movimiento de las mercancías y sus pun-tos de entrada o salida. La aduana, desde entonces y como parte de la consolidación del Estado nacional, tuvo un papel relevante para la protección y el fomento de la industria nacional mediante las barreras arancelarias, limitando las importaciones y

Estimulando con ello la producción interna. Cuando los aranceles no fueron suficientes para contener las importaciones, lo cual sucedió en 1956, se implantó el permiso previo de importación.6 Después, en 1961, con el objetivo de tener un sistema arance

lario más congruente, se adoptó la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas En los años setenta, la inflación orilló al examen de la estructura general de los aranceles, con el mismo criterio de aplicar gravámenes más altos a los bienes más elaborados, con montos hasta de 75% —únicamente los automóviles tenían un arancel de 100%—. En este mismo decenio, mediante un programa de promoción de ex-portaciones, se implantó una devolución de impuestos a las importaciones de insumos necesarios para la elaboración de productos terminados.

A finales de los años setenta se incrementaron las exportaciones petroleras —con el descubrimiento de nuevos pozos— y se intentó disminuir la protección a la industria nacional. En ese entonces, la tarifa de la

Ley del Impuesto General de importaciones fluctuaba entre 0 y 100 por ciento. Sin embargo,

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