La expropiación del grupo Rumasa
Enviado por pablohg • 16 de Octubre de 2012 • Informe • 473 Palabras (2 Páginas) • 316 Visitas
El 23 de febrero de 1983, el primer Gobierno de Felipe González aprobó un decreto-ley con el objetivo de proceder a la expropiación del grupo Rumasa . Las razones que alegó el Ejecutivo eran la utilidad pública e interés social. En aquel momento, el entramado empresarial de Ruiz-Mateos estaba compuesto por 18 bancos y cerca de 400 empresas.
Rumasa fue creada en 1961 y quince años después sus tentáculos se extendían a todos los sectores empresariales. Las irregularidades comenzaron a realizar su aparición a partir de 1975, afectando a la contabilidad de los bancos. Ese año, el Banco de España advirtió de los peligros que suponía la alta concentración de riesgo de las entidades que servían de financiación al resto de empresas.
La aprobación del decreto no sorprendió mucho. Días antes, el entonces Ministro de Hacienda, Miguel Boyer, anunció en una rueda de prensa que enviaría a los inspectores de la autoridad monetaria si el grupo no terminaba la auditoría. La ocultación de información y la alteración de la misma fueron las causas que precipitaron la expropiación.
La Policía Nacional procedió a la intervención pública de la sede central de Rumasa mientras el empresario preparaba su salida del país. Primero estableció su residencia en Londres hasta su traslado a Alemania. En 1984 Ruiz-Mateos fue detenido en el aeropuerto de Francfort y meses después extraditado a España.
La inspección se saldó con el descubrimiento de una doble contabilidad y un agujero patrimonial de más de 111.000 millones de pesetas. Años más tarde el empresario aprovecharía el patrimonio recaudado para la creación de Nueva Rumasa .
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en cinco ocasiones sobre la constitucionalidad del decreto. La primera sentencia data de 1983 y fue una respuesta al recurso presentado por el Grupo Popular que consideraba que la expropiación no cumplía las exigencias para emplear la vía del decreto-ley. Además, alegaban que no se había respetado la inviolabilidad del domicilio.
El fallo del alto tribunal avaló la actuación del Gobierno y dio el primer paso para la privatización de las entidades intervenidas. A partir de ese momento comenzó un duro enfrentamiento en los tribunales que llegó a su fin en 1997 con la absolución de José María Ruíz-Mateos y otros cuatro ex directivos.
La batalla judicial se extendió hasta Comisión Europea de Derechos Humanos. La familia Ruiz-Mateos llevó el caso a esta institución en mayo de 1987 por considerar que el proceso judicial no respetaba las garantías mínimas del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Habría que esperar hasta el 23 de junio de 1993 para que el Tribunal de Estrasburgo se pronunciase.
Según la sentencia el Gobierno español violó el derecho que tiene toda persona a que su causa sea oída en términos de igualdad y en un plazo razonable, pero rechazó la petición de una indemnización.
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