Ley de Educación en Cataluña

aluña

El conseller de Educación, Sr. Ernest Maragall, presentó las bases para una nueva Ley de Educación en Cataluña, coincidiendo con la difusión de diversos estudios (PISA, Fundació Bofill) en los cuales se señalaba que los resultados escolares de nuestro alumnado están por debajo de la media europea. El fracaso escolar fue el eje de una campaña orquestada por el conseller para justificar la propuesta de ley, responsabilizando al profesorado y a la organización de los centros públicos de los malos resultados del alumnado.

Los resultados de los Informes (PISA, Fundació Bofill) nos dicen que nuestros jóvenes no consiguen los mejores resultados escolares de la UE, pero también nos dicen que las inversiones en educación en Cataluña están en la cola de Europa, que el nivel cultural de la población adulta en nuestro país es de los más bajos de la UE y que en los países donde se obtienen los mejores resultados, como en Finlandia, el 97 % de las escuelas son públicas. Teniendo en cuenta todo esto, podemos afirmar que la educación en Cataluña es la “mejor posible” y que el trabajo que está realizando el profesorado en las aulas compensa muchos de los déficits estructurales de nuestro sistema educativo.

Chicos y chicas se pasan treinta horas semanalmente en las aulas y, por tanto, debemos empezar cambiando lo que pasa dentro de estas aulas. Y eso es, precisamente, lo que nadie propone. Intelectuales, políticos y técnicos, generalmente sin experiencia docente con niños o adolescentes, elaboran propuestas, reformas y leyes que responden más a intereses partidistas, ideológicos y económicos, que a las necesidades reales de la población.

Es evidente que es necesario mejorar, pero, lamentablemente, las bases que ha presentado la Conselleria d’Educació para elaborar una nueva Ley de Educación de Cataluña no van en esta dirección, sino todo lo contrario. De hecho, es una ley que no parte de ningún análisis pedagógico, que no hace un diagnóstico de las necesidades, ni propone medidas de mejora. La ley habla sólo de gestión y de privatización, proponiendo un modelo de escuela-empresa y una organización jerárquica de los centros educativos, abriendo vías para la gestión privada de los centros públicos y priorizando la oferta de los centros concertados.

Las propuestas de la nueva Ley de Educación tampoco han sido discutidas ni consensuadas con el profesorado, y ni siquiera son originales. Conceptos como “autonomía de los centros”, “direcciones profesionalizadas”, “gestión privada de los centros públicos”, “evaluación”, “municipalización”… son fórmulas que emanan de las directrices del Banco Mundial, la UE y la OMC, con el objetivo de poner la educación bajo las leyes del mercado, mercantilizándola, para favorecer a las empresas privadas. Es este un modelo que ya se ha aplicado en algunos países

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