Ley general de aguas nacionales

La distribución y falta de agua es un problema grave no solo en el país sino que también en el mundo pues existen más de 1,100 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, equivalentes a 18% de la población y además hay otros 2,400 millones que no cuentan con drenaje doméstico adecuado existiendo varios factores que afectan la distribución y el abasto de agua. En México la distribución del agua dulce es polarizada: en el norte hay poca agua, pero tienen mayor acceso, y en el sur hay mucha agua pero tienen poco acceso. También se han incrementado los conflictos sociales por agua y se ha dificultado una buena gestión del recurso.

LEY GENERAL DE AGUAS NACIONALES

Senadores del PRD y el PAN presentaron en febrero del 2015 la iniciativa de la Ley General de Aguas, que busca remplazar la Ley Nacional de Aguas, asegurando el uso eficiente de los recursos hídricos que permitan una especie de privatización en la que las empresas tengan disposición del recurso y aumento en las tarifas, para un sistema autosustentable que requiera de menos subsidios, y premie las eficiencias en su uso. Aunque el proyecto ha estado rodeado de controversia desde el 2012, la Constitución establece el acceso al agua como un derecho humano, pero  falta un marco reglamentario para que se haga efectivo mediante una política hídrica sustentable, racional e integral que permita erradicar la sobreexplotación de los acuíferos y transitar a un modelo de aprovechamiento sustentable compatible con las necesidades de desarrollo y crecimiento económico con una visión de largo plazo. Esto explica la necesidad de aprobar la nueva Ley General de Aguas.

Su objetivo es asegurar la dotación de agua para sus distintos usos, incluyendo el agrícola, industrial y en servicios, y garantizar que cada mexicano reciba la dotación mínima de 50 litros diarios a la que todo ser humano tiene derecho, pero esto disminuye los estándares normales del derecho al agua. También influye el problema con las concesiones es que se entregan sobre estudios de disponibilidad, que no reflejan la calidad del agua; sólo la cantidad. Además, no existen estudios de impacto social de la concesión.  Pese a la premura por resolver el problema del agua, lo primero es lograr un proceso legislativo adecuado, que dé tiempo a la participación y discusión de todos los sectores involucrados y espacio para la participación pública y para la participación de asociaciones y especialistas.

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