Reforma Fiscal

Si bien es cierto que la política tributaria tiene un alto componente técnico en lo que respecta a su diseño e instrumentación, es innegable que es también uno de los aspectos más “políticos” de la política económica. Ello, pues la política tributaria determina cómo se distribuye el peso del financiamiento del Estado entre los distintos grupos que componen una sociedad, por lo que cada uno de ellos buscará influir sobre la estructura impositiva con el fin de disminuir la carga que recae en él. Así, aun cuando técnicamente un cierto tipo de estructura impositiva puede ser la óptima para una economía, los distintos grupos de una sociedad pueden maniobrar para evadir la carga fiscal “óptima” que les correspondería, haciendo con ello que la estructura fiscal que en principio sería la adecuada, se distorsione.

Hay que tener en cuenta este factor al momento de analizar las características de un sistema tributario y de donde vienen los problemas que le aquejan. Desde mediados del siglo XX se sabe que el sistema tributario mexicano es uno que recauda poco, es incapaz de mejorar la distribución del ingreso y sufre de fuertes problemas de elusión y evasión fiscal. Que dichos problemas sean los mismos que en la actualidad no es casual, pues en buena medida tiene que ver con el fracaso de varios intentos de reforma fiscal enfocados en la modificación del régimen del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la creación de impuestos complementarios a éste.

En particular, resulta interesante el proyecto de reforma de 1961. Sin entrar a detalle, dicho proyecto buscaba modificar el régimen del ISR para que en lugar de cobrar el impuesto por cada fuente de ingreso de las personas, se acumulasen todos los ingresos que los individuos recibían y sobre este acumulado se cobrase el impuesto (esto se lograría a mediados de los sesenta, aunque aún distinguía entre ingresos provenientes de la tenencia del capital e ingresos salariales). La idea detrás de esta propuesta era tratar a todos los tipos de ingreso por igual (fuesen estos ganancias de capital, rentas de alquiler, por concepto de intereses o salarios), pues existía un sesgo a favor de los ingresos provenientes de la propiedad de capital y en contra de los ingresos que recibían los trabajadores. Se planteaba además, aumentar la progresividad del impuesto y racionalizar el régimen de incentivos fiscales (aquellos que se sostenían en exenciones o deducciones fiscales) a la inversión.

El sustento técnico de la propuesta era un estudio realizado por un grupo de economistas encabezado por Víctor Urquidi que a su vez se basaba en un estudio realizado por Nicholas Kaldor a encargo de la Secretaría de Hacienda. La llamada “Propuesta Kaldor” consistía en a) la introducción de un impuesto anual a la riqueza como impuesto de control para mejorar la recaudación del impuesto al ingreso, b) un impuesto a las donaciones que remplazase al impuesto a las herencias que en ese entonces existía y c) la introducción, eventualmente, de un impuesto al gasto dirigido a los estratos más altos de la distribución de ingresos. Según los cálculos de Kaldor, su propuesta permitiría que la recaudación pasase de cerca del 7% PIB a cerca del 11% a principios de los años sesenta, que es el mismo porcentaje del producto que se recaudó en 2012

Al final, la propuesta del grupo de economistas encabezado Urquidi (y por tanto la de Kaldor) fue relegada por el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, por “consideraciones de carácter político”. Se temía que podía irritar al sector privado y con ello causar una caída en la inversión y en el crecimiento económico. En su lugar, se llevó a cabo una reforma fiscal que no solucionó ninguno de los problemas de fondo pero que era políticamente aceptable.

Tiempo después, en 1972, se presentó una propuesta en las mismas líneas que la de 1961, pues el sistema fiscal seguía adoleciendo de las mismas fallas, con el agravante de que el déficit público comenzaba a crecer (y con ello el endeudamiento público). En esta ocasión, la reforma también fracasó debido a que los principales grupos empresariales expresaron su descontento con el tono de la propuesta, a la que calificaron de “socializante”.

Ante la inminencia de la discusión de una reforma al sistema tributario, no deja de ser importante el estudio de episodios similares en el pasado pues permiten ver como muchas veces el factor político termina por descarrilar proyectos que técnicamente eran adecuados y, mucho más importante, necesarios. También, porque no deja de ser interesante que quienes hoy insisten en la realización de una reforma fiscal que “modernice” al sistema tributario, históricamente cargan con parte de la responsabilidad de que dicho sistema adolezca de tantas falencias.

REFORMA FISCAL 2014

El 31 de octubre, fue aprobado por el Congreso de la Unión el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2014 que, en esta ocasión, estuvo acompañado de una Reforma Fiscal.

Entre lo que más destacado de la misma, están la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y la propuesta de gravar con un impuesto especial del 8% a los llamados alimentos chatarra, siendo para muchos sorpresa que no se propusiera gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos y medicinas, tal y como se esperaba.

Después de varias protestas de diversos grupos de contribuyentes, finalmente muchas propuestas

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