LO PUUBLICO Y LO PRIVADO. AREAS DE INTERVENCIÒN PARA DISMINUIR DELITOS SEXUALES

En mi opinión, para poder elaborar o proponer medidas de intervención desde el punto de partida sociocultural, es necesario en establecer primeramente los campos en los que se hará la intervención, esto es, el campo privado y el campo público, puesto que es la familia y lo privado el primer campo en el que recae todo proceso de socialización y educación, y en segunda instancia, el campo público, al ser las escuelas y otros ambientes los encargados de continuar el proceso de la educación y culturizar al individuo. En ambos campos el individuo se desarrolla desde que nace y hasta que muere, uno no es excluyente del otro, por el contrario, hacen sinergia en todo proceso que involucra al individuo: las experiencias de la infancia, de la adolescencia, adultez y vejez; la educación y culturización, la transmisión de valores y principios, de ética y moral, de sistema de creencias y pensamiento, estilo de vida, etc.

        Del estudio de las experiencias en la infancia y educación diferenciamos las causas de la delincuencia sexual desde el punto de vista sociológico, de las que destacan la Teoría de Marshall que parte de la Teoría del apego de J. Bolwby, estableciendo como predictor de la conducta sexual desviada que puede derivar en comportamientos sexuales delictivos, las relaciones paterno-filiales defectuosas en las que los vínculos afectivos están “rotos” o son insanos, por ser padres ausentes, insensibles o agresivos que los rechazan o que tienen comportamientos antisociales que impiden crear lazos afectivos sanos con sus hijos, resultando en la falta de construcción de habilidades sociales que les permitan generar formas seguras de relacionarse, sin ellas es poco probable que de adultos generen empatía por los demás. La baja calidad de las relaciones interpersonales en el núcleo familiar son una causa del comportamiento antisocial y la delincuencia juvenil y el comportamiento antisocial del adulto.

Los estilos de crianza forman parte de la educación de los menores. El abuso y los castigos severos presentes en los estilos autoritarios crean un ambiente familiar hostil, la cual coincide con el ambiente familiar descrito por Rada (1978) en el que viven individuos que se convierten en violadores. Resulta obvio que estos individuos no se identifiquen con sus padres o madres anómalos, abusadores y maltratadores, y comprensible que aprendan y repitan conductas transferidas dentro de la institución primaria, el experimento del “Muñeco Bobo” explica la enseñanza y aprendizaje de la violencia. Los patrones de conducta, los roles masculinos y femeninos distorsionados que enseñan papeles de dominación y sumisión forman parte de la educación dentro del ámbito familiar, situación que ha venido tras-generacionalmente transmitiéndose de manera inconsciente y sistemática, pero lo más `preocupante, las violencias y abusos siguen siendo socialmente aceptados como recurso para insertar a los individuos a la sociedad.

La dificultad para interferir en el campo privado radica en el impedimento legal para involucrarse en asuntos de índole privado, como lo es la familia y el derecho que tienen lo progenitores de educar con libertad a sus hijos. Enfrentar la violencia contra niños y adolescentes es casi imposible en el contexto de familia, existe cierta renuencia a intervenir en lo que todavía se percibe en la mayoría de las sociedades como ámbito “privado”. Pero los derechos humanos, el pleno respeto por la dignidad humana y por la integridad física, la igualdad de los derechos entre los niños y los adultos y la obligación de los Estados Nación de defender dichos derechos, no se detienen en la puerta del hogar. La Convención sobre los Derechos de los Niños señala que familia es el entorno natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular para los menores, pero lamentablemente muchos casos han demostrado que la familia es un lugar peligroso para los bebés, niños pequeños y adolescentes, lo que hace urgente establecer medidas tendientes a proporcionar a los menores la protección debida y necesaria, tarea en la que han sido omisas o lentas las legislaciones a nivel local e internacional.

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