Alcoholismo

La participación del Estado en la economía a través de la actividad empresarial puede tener varios objetivos: en algunos casos se incursiono en la actividad empresarial para lograr cumplir objetivos sociales; en otros, se pretendió aumentar la tasa de inversión y contribuir a la formación de capital y al proceso de acumulación.

La intervención estatal aumenta la producción y así amplia el aparato productivo. Pero si la finalidad de tal intervención es la estabilización de la economía de mercado, la producción inducidad por el gobierno no debe ser competitiva. Si las empresas estatales produjeran mercancías y las ofrecieran a la venta, aumentarían las dificultades de sus competidores privados al reducirse la parte del mercado que les correspondía hasta entonces. Las compras del gobierno deben caer fuera del sistma del mercado, la producción inducida debe ser suplementaria a la producción del mercado. Por lo tanto, el gobierno debe interesarse principalmente por los bienes y servicios que no tienen lugar en el mercado, o sea, por las obras públicas y los gastos de todo tipo. 1

En ocasiones los criterios adoptados no coinciden con los logros. El criterio de utilizar a una empresa pública como un instrumento de redistribución del ingreso lleva a fijar precios o tarifas -para los bienes y servicios producidos- a niveles inferiores al costo de producción.

Esto determina el uso de fondos estatales para cubrir déficits sin contribuir al proceso de acumulación, ni al de inversión, convirtiendose por lo tanto, la empresa en un peso para el Estado.

Normalmente estos procesos van acompañados de deficientes sistemas de información y evaluación de resultados, los cuales se combinan con carencia de autoridad y responsabilidad de los principales ejecutivos empresariales. Estos problemas suelen ser argumentos fundamentales para evitar o reducir la participación estatal en el sector empresarial.

No obstante, en la medida en que esta ineficiencia se deba a políticas erróneas de gestión empresarial, la misma puede ser superada a través de la corrección de dichas políticas y el diseño de adecuados mecanismos que ayuden a la gestión empresarial eficiente.

Por lo general se supone que el desempeño y la eficiencia de las empresas en el sector privado suele ser superior al de los del sector público. Las opiniones adversas en cuanto a la eficiencia de las empresas públicas son ampliamente compartidas en casi todos los países en desarrollo y desarrollados y a pesar de las conocidas debilidades del sector público, las autoridades gubernamentales, utilizando la actividad económica estatal, tienen que jugar el papel que les corresponde en el proceso de desarrollo, tomando decisiones para impulsar el bienestar nacional económico. Ellos parten del supuesto de que existen variadas formas para mejorar la eficiencia de las unidades del

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