Actividad Agraria Empresarial Del Estado

Actividad agraria empresarial del Estado

Como punto de partida, es importante delimitar el concepto general de la actividad agraria. La misma puede definirse como aquel fenómeno que, partiendo de la tierra como Recurso Natural Renovable, se descompone en múltiples operaciones para la obtención de un fruto, de una materia prima, o de simplemente un resultado en específico. Sin embargo, un determinado hecho sólo puede conceptuarse o caracterizarse de “agrario”, cuando, además de generar bienes orgánicos vegetales o animales, su finalidad es valorada no sólo por quienes la realizan o llevan a cabo, sino por la propia norma como instrumento para la obtención alimentos y, por supuesto ingresos al Estado cuando es el mismo el que realiza la inversión.

A su vez, ese resultado o producto de la actividad agraria, genera una riqueza pública susceptible de justa distribución en beneficio del productor, sea un particular o el Estado (en este caso del Estado) y de la comunidad o el pueblo.

Puede decirse que la materia “agraria”, se califica, en cierto modo por el “interés” de índole productiva o conservacionista que pueda encontrarse en ella, ya que como se dijo al principio, es una actividad desarrollada a partir de recursos renovables que deben aprovecharse de la mejor forma, conservándola y a la vez cumpliendo con los fines u objetivos del Estado Venezolano.

Ahora bien, en un primer plano, tal interés se conforma atendiendo a la contribución que, dentro del Plan de la Nación se asigna al sector agrícola para incrementar la Producción Nacional, que puede ser a nivel de subsistencia (Actividad Agraria Pre-Empresarial) o a nivel de concurrencia (Actividad Agraria Empresarial).

En Venezuela existen básicamente dos formas de producción agropecuaria y agrícola: la tradicional o extensiva y la empresarial. La empresarial, o la actividad agraria empresarial, es aquella que se alimenta de la inversión privada o pública, en este caso pública al referirnos a la actividad empresarial que fomenta y desarrolla el Estado Venezolano para potenciar la producción en los campos. A través del trabajo de la tierra, emplea maquinaria apropiada para la siembra y cosecha de los rubros, es desarrollada en zonas amplias, con grandes avances tecnológicos para la procura primeramente del buen trabajo de la tierra.

Sin embargo, tras hacer un repaso del contexto histórico y la gran crisis que soportó y que ha soportado el sistema o la actividad agraria venezolana, vemos que medianamente esto es así en la actualidad. Es dable darse cuenta que por años las tierras habían sido sub-utilizadas, y con los procesos de colonización, las guerras, el latifundio, los terratenientes, la falta de políticas dirigidas a fomentar el incremento de la producción agrícola, la escasa tecnificación del país, la huida de los campesinos y los trabajadores del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades y otros flagelos importantes, pues se había frustrado cualquier intento mínimo en que esta actividad tan importante y tan vital experimentara un cambio e impulsara una mayor producción y un mayor ingreso al país.

De hecho a la Ley de Tierras y Desarrollo agrario vigente hasta la fecha, se le realizo una reforma parcial, publicada en gaceta oficial extraordinaria 5.991 del 29 de Julio de 2010 y, en líneas generales, los aspectos rescatados más importantes son dejar claramente por sentado que es el Ejecutivo Nacional quien según el cual la tierra es para quien la trabaja; que la adjudicación de tierras no es permanente porque depende de si la tierra no está ociosa o con un uso no conforme al pactado; y que el derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia a los sucesores legales, pero no puede ser objeto de enajenación alguna.

Sin embargo, antes de un enfoque legal, es menester el respectivo enfoque constitucional extraído del artículo 305 de la Constitución de la República que expresamente dispone: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por

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