El pueblo hondureño

El pueblo hondureño no tuvo una clara idea de la corrupción en el manejo de los fondos públicos, hasta que irrumpió en la vida política el fenómeno de los golpes de Estado militares contra gobiernos constitucionales. Antes de 1963, el pueblo tenía conciencia de la corrupción política. Los fraudes electorales, la persecución de los adversarios políticos y la dictadura, eran las formas de expresión de la corrupción conocida en esa época. La corrupción, entonces, se asociaba a la concentración del Poder. El antídoto era la democracia; por ello, el experimento que se inicia en 1957 debía ser interrumpido a toda costa. Con el golpe de Estado de 1963, las Fuerzas Armadas se constituyeron en el Estado mismo. Sus miembros fueron desarrollando la convicción de que su misión estaba ligada indisolublemente al manejo del Poder Público. El presupuesto de la nación era, naturalmente, parte de esa convicción. Cuestión ésta que alcanzó proporciones inéditas, por la afluencia de cuantiosos recursos provenientes de los organismos internacionales, concedidos, bajo la modalidad de préstamos a largo plazo y bajo interés, sin ningún recaudo y solamente impulsados por la idea de moda, apoyar los países en vías de desarrollo. Pero en la práctica, el apoyo fue para los gobiernos, especialmente para sus dirigentes. A partir de esa época, la corrupción en el manejo de los recursos públicos fue percibida como uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo económico y social de nuestro país.

En el campo político, su manifestación más clara se encuentra en la falta de controles efectivos para verificar las fuentes de los recursos aplicados a las campañas políticas de los diferentes candidatos; igualmente, para establecer su uso. Nadie sabe, por tanto, de donde provienen estos recursos y nadie sabe a qué se destinan. Sin embargo, todos intuimos que se trata de sumas millonarias, manejadas directamente por los candidatos o sus familias. En estas condiciones tan confusas, es fácil comprender por qué los candidatos vencidos en las elecciones, emergen con visible solvencia económica. Pero también nos plantea un problema: ¿qué compromisos adquiere el candidato triunfante con esas invisibles fuentes de financiamiento? Las políticas económicas del Estado, la justicia, etc., podrían subordinarse a los intereses de quienes proveen estos recursos; cuestión que adquiere una importancia mayúscula en un mundo caracterizado por los gigantescos flujos de dinero provenientes de la llamada “economía negra o del crimen”, que ha hecho reaccionar al sistema financiero mundial imponiendo en las transacciones, estrictas reglas de comportamiento para evitar su transformación en recursos legítimos.

...